Un enfoque político al problema de la deuda latinoamericana

Un elemento clave que con frecuencia queda al margen de los numerosos análisis que se realizan sobre el endeudamiento exterior latinoamericano es, según el autor, el político. No cabe duda de que la movilización de esfuerzos sociales para construir las nuevas etapas del proceso de desarrollo económico deberá enmarcarse en determinados proyectos políticos.

El objetivo ético, permanente e irrenunciable, de construir sociedades abiertas, pluralistas y participativas adquiere una importancia fundamental en las presentes circunstancias. En efecto, no parece concebible conciliar la pluralidad de demandas sociales postergadas, ni tampoco las que habrán de presentarse, sin procesos democráticos y participativos que permitan alcanzar los amplios consensos que hacen posible lograr grandes objetivos.Esta conciencia parece estarse generando en toda la región. Será responsabilidad de los grandes líderes políticos, y no partidos, hacer un aporte indispensable para una sociedad que, al ser actora de sus propios destinos, se reencuentre en torno a grandes consensos que permitan, si no la eliminación de los conflictos, al menos la reducción de los costes sociales, económicos y políticos que éstos entrañan.

La deuda externa de los países latinoamericanos conlleva y genera, además de importantes distorsiones en su desarrollo económico -y, por consiguiente, entiéndase, en el empleo, nivel de vida, expectativas de futuro, etcétera-, grandes problemas en cuanto a los desafilos que se plantean a la soberanía de los países deudores; esto es, al ejercicio del derecho de cada pueblo a decidir su propio destino.

Llegados a este punto, es imprescindible interrogarnos acerca de cuestiones básicas para entender la trascendentalidad del elemento político dentro del complejo mundo de la deuda latinoamericana. ¿En qué medida las cuestiones de política nacional se están introduciendo en la solución de los problemas de la deuda latinoamericana? ¿Cuál es la capacidad real de las economías de los países latinoamericanos para cumplir con los acuerdos de renegociación suscritos si se mantienen las actuales condiciones de la economía internacional? Y, en definitiva, ¿cuál es la factibilidad político-social de los países latinoamericanos como consecuencia de la aplicación de soluciones estrictamente económico-financieras? ¿Es posible alcanzar una situación límite que obligue a los Gobiernos de estos países a optar entre el bienestar de un pueblo y el cumplimiento de sus compromisos externos?

Nueva dimensión

Éstos son algunos de los interrogantes que ponen de manifiesto la existencia de una nueva dimensión del problema de la deuda, que lentamente, pero de modo continuo, se va abriendo camino en los foros internacionales: la dimensión política. Y esto es así en la medida en que la necesaria solución del problema del endeudamiento de los países latinoamericanos y, en general, de los países en desarrollo exige por cuantía la adopción de una solución global que tome en consideración los intereses de los distintos elementos que intervienen: los bancos internacionales, los países deudores y los Gobiernos de los países industrializados.

Sin embargo, la realidad pone de manifiesto que todos los intentos que se han llevado a cabo para solucionar el problema adolecen de un defecto común: hacen prevalecer sus intereses políticos concretos sobre la construcción de una visión global y de futuro del problema; la bilateralidad en la contraposición de intereses hace peligrar la estabilidad del sistema financiero internacional en base a la existencia de una vulnerabilidad recíproca de deudores y acreedores.

No es lógico, por tanto, pensar ni en la subordinación indefinida de las economías latinoamericanas a esquemas de ajuste externo, destructoras de riqueza y de logros acumulados en las últimas décadas, que desembocan en un proceso de autoliquidación y cesación formal de los pagos de la deuda externa, ni tampoco en la impermeabilidad de tales medidas para las economías de los países industriales.

Basta recordar que Estados Unidos destina el 40% de sus exportaciones a los países en desarrollo, y el resto del mundo industrializado registra proporciones comparables, y que todo ajuste ortodoxo de los deudores deprime el comercio mundial, la actividad económica y el empleo en los mismos centros industriales. La situación de insolvencia internacional en que se encuentran estos países nos confronta, pues, con este dilema: ¿son o no países soberanos capaces de decidir su propio destino? La respuesta no consiste en pretensíones aislacionistas o autarquistas.

La soberanía

Sí en la recuperación del central de sus economías para que el desarrollo y la inversión internacionales respondan a su potencial básico y a las necesidades de los pueblos. En este contexto, la actuación del Fondo Monetario Internacional merece un breve análisis. En los últimos dos años, el FMI ha tratado de suplir, como institución multilateral, la carencia de poder político de la banca privada internacional frente al poder político soberano de cada uno de los países latinoamericanos. Y, en definitiva, sustituir el interés privado de los bancos, en calidad de acreedores, por un interés general, construido alrededor del FMI, que permita soslayar la incongruencia resultante del enfrentamie,nto entre poderes e intereses tremendamente desequilibrados: poder soberano e interés común y poder individual e interés privado.

El FMI, en el desarrollo de esta actividad, está experimentando un fuerte desgaste: básicamente motivado por identificarse al FMI, como el gendarme del área, y, por tanto, es de esperar que se produzca un nuevo planteamiento en su rumbo político a la hora de afrontar y encauzar el problema de la deuda de los países latinoamericanos. En caso contrario, es previsible un incremento de la tensión no sólo política, sino especialmente social, en la medida en que cada vez resulta más difícil la admisibilidad de las políticas de ajuste muy rigurosas impuestas por el FMI para los países deudores, que ven cómo de manera progresiva, pero de modo irremediable, su tejido social aparece cada día en una situación dramática.

Este previsible incremento de abierta rebeldía de las medidas populares frente a las dictadas por sus Gobiernos en cumplimiento de las políticas que le son impuestas, y de tal manera que los casos de República Dominicana, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, pasarán de constituir simples y lamentables anécdotas a implantarse como algo habitual y consustancial al área latinoamericana.

Instrumentos de protección

En primer lugar, desde un punto de vista interno, en base a la integración y la cooperación latinoamérica, requiere en la actualidad de un programa de producción y complementación a nivel regional, con instrumentos de promoción y protección adecuados que promoverán simultáneamente un proceso de integración más eficiente y un reparto más equitativo de los beneficios de éste entre todos los países de la región. Dicho proceso debe incluir, además, políticas de mayor concertación de los países latinoamericano, en su acción internacional y constituir un elemento fundamental para incrementar el grado de autonomía del desarrollo económico y social de la región.

En segundo lugar, desde un punto de vista externo, es preciso plantear con carácter urgente la idea de lograr un diálogo político con los Gobiernos de las naciones industriales para refinanciar su deuda externa.

Para ello es imprescindible que se logre fijar una posición conjunta y evitar cualquier movimiento de la banca internacional en aras de ofrecer tratamientos diferentes a los deudores en función del monto absoluto de la deuda de cada uno de ellos.

En resumen, se puede afirmar que el problema de la deuda no es financiero; no se reduce exclusivamente al dato del incremento o disminución de los flujos financieros canalizados hacia el área latinoamericana, sino que implica una profunda crisis del sistema financiero internacional; esto es, del orden establecido. De ahí que se sucedan los llamamientos en aras a institucionalizar nuevos modelos de relaciones internacionales, donde el poder económico-financiero ceda parte de su papel preponderante al poder político-soberano de los países deudores.

es economista.