La Unión General de Trabajadores acusa al Gobierno de haber incumplido el pacto social de la legislatura

La central sindical Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cúpula patronal, afirmaron ayer, tras celebrar una reunión de la comisión de seguimiento para la reforma de la Seguridad Social, que la postura del Gobierno es Inaceptable", por haber incumplido el Acuerdo Económico y Social (AES) al enviar al Consejo de ministros un paquete de medidas urgentes para la racionalización de este organismo, las referentes a períodos de carencia, revalorización automática de pensiones y carencias en cuanto a períodos de invalidez.

El representante de UGT en la comisión, José María Zufiaur, afirmó que se ha llegado a una situación que no da más, de sí. "El Gobierno no ha presentado un proyecto de reforma, únicamente unas medidas de recorte que nosotros de ninguna manera podemos aceptar". "Creemos", continuó, "que en cuestiones básicas de la discusión no han sido presentadas, como pueden ser el proyecto general de sanidad, el sistema complementario, estructura de regímenes y situación de algunos que tienen déficit crónico, así como la lucha contra el fraude y la morosidad".

"Claro incumplimiento"

El representante de la central socialista señaló, al referirse a la presentación al Consejo de Ministros de las medidas urgentes, que "se ha hurtado a la comisión la discusión de la reforma", sin querer entrar en la discusión de la misma. "Ese", dijo Zufiaur, no es el camino para solucionar los graves problemas de la Seguridad Social de nuestro país". El dirigente sindical se mostró de acuerdo con el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Jiménez Aguilar, en que si se hace una lectura concreta del artículo 13 del AES, el Gobierno tendría que haber presentado toda la documentación pertinente. El no hacerlo, para José María Zufiaur, "es un incumplimiento claro", aunque ese tema habrá que discutirlo dentro de la comisión de seguimiento.

Añadió que no es pensable volver a retrotraer la discusión y reunirse nuevamente después de esta decisión gubernamental.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Jiménez Aguilar, anunció que su organización denunciará públicamente el incumplimiento del artículo 13 del AES, el cual afirma que Ias partes firmantes entienden que el proceso de reforma debe contemplar las oportunas normas transitorias como condición necesaria para asegurar el sistema de Seguridad Social en el futuro y que el Gobierno aportará a la comisión la documentación oportuna y los correspondientes borradores normativos".

El Gobierno, afirmó el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, no ha presentado dichos documentos, principalmente el referente a la ley de Sanidad, y "consecuentemente el próximo día 10 se reunirá el comité ejecutivo y la junta directiva de la CEOE para hacer un estudio del incumplimiento del Gobierno en la comisión de reforma de la Seguridad Social".

La Administración se defiende

Por su parte, el director del régimen económico y jurídico de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, señaló que en la reunión de ayer se había hecho referencia a las medidas urgentes que entraron en el Consejo de Ministros y que se había entregado nueva documentación. "Pero los interlocutores sociales", dijo, "mantienen su postura inicial y no presentan alternativas". La Administración cree, según Adolfo Jiménez, que, de acuerdo con el citado artículo del AES, se ha presentado la documentación necesaria y ha estudiado un sistema público que garantice la estabilidad de protección de los españoles. Conforme a ello, la comisión negociadora va a seguir funcionando, "ya que hay documentación en la mesa que es susceptible de discusión con una perspectiva más larga".

El documento presentado ayer por la Administración a la comisión de seguimiento tiene como principales modificaciones, respecto al entregado en la última reunión de la comisión, la reducción de tres a dos años como período mínimo de cotización exigible para causar derecho a pensión de jubilación, que se deben incluir dentro de ocho años, en vez de 10, como se señalaba en el anterior documento, inmediatamente anteriores para causar derecho.