La campaña electoral en El Salvador olvida las violaciones de los derechos humanos y el diálogo con la guerrilla

La campaña electoral salvadoreña para los comicios del próximo domingo olvidó dos asuntos capitales en la política nacional: el diálogo con la guerrilla iniciado en la localidad de La Palma en octubre del año pasado y la violación de los derechos humanos.Todos los partidos parecieron ponerse de acuerdo en orillar estos asuntos, que consideraban demasiado incómodos. Resulta sorprendente el olvido de los derechos humanos por parte de la democracia cristiana, porque su máximo líder y actual presidente, José Napoleón Duarte, prometió en su discurso de investidura llevar a cabo una lucha incansable y abierta para combatir los abusos de autoridad y toda forma de violencia.

San SalvadorENVIADO ESPECIAL

El presidente aseguró entonces que caería todo el peso de la ley sobre los tristemente: célebres escuadrones de la muerte. A un día de celebrarse nuevas elecciones cabe recordar que esta promesa está muy lejos de curriplirse. Ningún miembro de los escuadrones de la muerte ha sido llevado hasta ahora ante los tribunales, y, lo que es peor, según estadística del arzobispado de San Salva dor, el número de asesinatos ha comenzado a aumentar de nuevo durante los dos primeros meses del año en comparación con el último semestre de 1984.Según la oficina de tutela legal del arzobispado, 14 personas fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte en enero. "Esto representa unaumento del 40% con respecto a los primeros meses del mandato de Duarte en los que, efectivamente, se logró un descenso significativo Para nosotros, esto significa que las estructuras de los escuadrones están intactas", según dijo a EL PAIS María Julia Hernández directora de esta oficina.

Por razones que tienen que ve con un viejo problema nacional como es el de la administración de justicia, las cabezas de los escuadrones no han sido tocadas. Todo lo más, se eliminó la conexión orgánica que en años

anteriores mantenían con los cuerpos de seguridad. El desplazamiento al exterior de los oáciales más comprometidos les ha restado fuerza, pero mantienen sus estructuras en conexión con los partidos de ultraderecha y algunas agrupaciones empresariales.

La incapacidad del presidente Duarte para una efectiva administración de justicia en el país tiene tal vez su mejor ejemplo en el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero. El presidente prometió hace un año, en plena campaña electoral, que una tarea primordial de su Gobierno sería el esclarecimiento de este crimen, ocurrido en marzo de 1980. Anuncíó la formación de una comisión especial que se ocuparía permanentemente del caso. "No hemos visto nada de esa investigación. Tampoco sabemos lo que haya hecho la comisión nombrada por Duarte", dijo María Julia Hernández. El sumario descansa en los archivos del Juzgado Penal número 4 de San Salvador, sin que haya incorporado nuevas investigaciones. Tampoco la Fiscalía General de la República, máxima au toridad responsable de la

investigación y ocupada ahora por un militante de la ultraderechista Alianza Republicana Nacional (Arena), ha logrado avances en la búsqueda de los culpables.

El problema de la justicia en El Salvador, según la directora de tutela legal, es la corrupción: "Los pocos jueces honestos prefieren archivar los asuntos porque son amenazados", asegura María Julia Hernández. "Nunca un juez ha hecho una investigación seria en los casos de crímenes políticos". El arzobispo de San Salvador recordó el pasado domingo que el problema originado por el asesinato de su predecesor no desaparece archivando el sumario. investigar esta muerte es requisito indispensable para conseguir la paz en el país", dijo Arturo Rivera. "Los culpables deben ser castigados".

Tampoco la violencia en las zonas de guerra encuentra nunca ningún responsable. Siguen siendo frecuentes las violaciones de los derechos humanos, a pesar de las normas precisas dictadas por el ministro de Defensa, que en su "instructivo permanente número 1", calificado de secreto, ordena a los jefes militares instruir a sus soldados para que eviten daños a los civiles. Según este documento, "la población civil será protegida en todo momento de los peligrosos procedimientos de operaciones militares y será objeto de un trato respetuoso". Prohíbe atacar, destruir o sustraer bienes, "salvo que estén ocupados por enemigos".

A pesar de estas instrucciones, la oficina de tutela legal informa que sólo en el mes de enero hubo 90 víctimas civiles a causa de las acciones militares, y que 19 personas más fueron asesinadas por el Ejército y las fuerzas paramilitares. Según María Julia Hernández, el Ejército viola sistemáticamente el protocolo adicional del Convenio de Ginebra, que otorga la consideración de civiles a las personas que incluso facilitan alimentos a uno de los bandos. Esto le basta al Ejército salvadoreño en muchas ocasiones para incluirlos en la categoría de guerrilleros. La mejoría lograda en las ciudades en materia de de-rechos humanos se enfrenta a un deterioro progresivo en el campo.

El caso del asesinato de 74 campesinos, ocurrido hace dos años en el cantón de Hojas Verdes, en el departamento de Sonsonate, es un ejemplo. Las investigaciones realizadas por la oficina de tutela legal arrojaron la evidencia de que la matanza había sido ordenada por oficiales del Ejército. En este caso se consiguieron incluso algunos nombres, pero nadie ha sido todavía juzgado. El Tribunal Supremo de Justicia sobreseyó también el caso de un comandante acusado de organizar el asesinato de dos sindicalistas norteamericanos y el entonces director del Instituto de Transformación Agraria. Los militares son intocables para los jueces. "El poder judicial en este país está además supeditado en última instancia al poder militar", asegura María Julia Hernández, "especialmente en materia de delitos políticos".