El Gobierno acelera las gestiones para intentar desbloquear la ley de Sanidad

MadridEl Gobierno está acelerando las gestiones para dar salida al proyecto de ley general de Sanidad. Este polémico proyecto podría ser aprobado en el Consejo de Ministros de mañana, miércoles, si llega a feliz término la reunión que mantendrán hoy los ministros de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch; de Hacienda, Miguel Boyer, y de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, con el fin de encontrar un acuerdo definitivo sobre la financiación de la ley. Mientras tanto, aumentan las críticas, especialmente en sectores corporativos, a la política sanitaria del actual ministro. Los últimos en pronunciarse en contra han sido los farmacéuticos de Madrid, quienes acusaron ayer a Ernest Lluch, entre otras cosas, de falta de diálogo con este colectivo, de intentar dividir a los profesionales sanitarios y de practicar un "terrorismo terapéutico" en el Programa de Selección y Revisión de Medicamentos (Prosereme). Recientemente, también han expresado duras críticas a la política sanitaria -y, concretamente, al proyecto de ley de Sanidad- el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

A falta de adoptar los últimos acuerdos sobre la financiación de la ley entre los tres ministerios citados, se perfila como más probable una fórmula mixta que consiste en que se mantenga la asistencia sanitaria que en la actualidad presta el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) en el marco de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero, progresivamente, la financiación de la asistencia sanitaria será asumida por los presupuestos generales del Estado.

Mientras se resuelve este problema, el Ministerio de Sanidad propone que el 93% de la población continúe cotizando a la Seguridad Social en concepto de asistencia sanitaria como hasta ahora. Quedaría un 4% correspondiente a sectores marginados que serían incluidos en un sistema de gratuidad por medio de una cartilla especial. El 3% restante, con medios para pagar una sanidad privada, tendría acceso a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de las tasas en vigor en cada momento. Los ministros deberán resolver también en su reunión de hoy el sistema de financiación que se va a arbitrar para las nuevas prestaciones que prevé la ley en materia de salud mental, medicina comunitaria y medicina del trabajo, entre otras.

Falta de coherencia

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha denunciado, por boca de su presidente, Pedro Gómez Agüero, "una grave falta de coherencia en la política sanitaria del equipo de Ernest Lluch y el olvido en que han caído los farmacéuticos, ya que la Administración no les ha consultado para nada en el anteproyecto de ley del Medicamento y tampoco han tenido la participación necesaria en en anteproyecto de ley de Sanidad".Los farmacéuticos critican también la gestión económica del ministro de Sanidad "por haber previsto en los presupuestos del Insalud unas cantidades que saben que nos las van a cumplir". Según los farmacéuticos, el Insalud sólo tiene dinero para cubrir los gastos hasta el próximo mes de septiembre u octubre y, si no se arbitran créditos especiales, las farmacias no podrán cobrar la facturación de las recetas de la Seguridad Social.

Si así sucediera, las 2.400 farmacias de Madrid dejarían de percibir más de 2.000 millones de pesetas, lo que podría repercutir en el suministro y venta de medicamentos. Los farmacéuticos esperan que los créditos sean arbitrados a su debido tiempo, pero critican especialmente la técnica utilizada por el Insalud de arbitrar todos los años en sus presupuestos una cantidad sensiblemente menor a la que posteriomente sabe que va a gastarse.

Fuentes oficiales del Insalud han manifestado sorpresa por estas críticas de los farmacéuticos ya que es habitual que el Insalud incluya en sus presupuestos unos gastos que después se ven desbordados porque se hacen en el marco de los gastos del ministerio y de la Administración en general y que para corregir estos desequilibrios existen mecanismos adecuados en la ley de Presupuestos. Según estas fuentes, "los farmacéuticos tratan de crear un problema donde no lo hay".

Respecto al programa de selección y revisión de medicamentos puesto en práctica por Sanidad, los farmacéuticos han dicho que no supone ninguna novedad "puesto que la revisión de medicamentos ha existido siempre", y han acusado al ministerio de practicar "terrorismo terapéutico" por la forma en que se ha anunciado el plan en los medios de comunicación".

Para estudiar estos problemas y los derivados del trato que recibe el sector farmacéutico en el borrador de ley del medicamento, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha convocado una asamblea general para mañana, miércoles. En esta asamblea podrían adoptarse medidas de fuerza contra la actual política sanitaria de la Administración. En Madrid están colegiados 5.000 farmacéuticos.