El MOPU abre expediente a una asociación eclesiástica que promovió 396 viviendas

La Asociación Benéfica Sagrada Familia, de origen eclesiástico, cuyo presidente es el obispo de Córdoba, José Antonio Infantes Florido, se encuentra incursa, junto con la empresa constructora Bernal Pareja, SA, y seis particulares, arquitectos y aparejadores, en un expediente sancionador iniciado por la delegación provincial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y seguido ahora por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía, por haber infringido el reglamento de viviendas de protección oficial en la construcción de las 396 viviendas de la urbanización cordobesa que lleva el nombre de la citada promotora eclesiástica.

CórdobaLos representantes vecinales de este núcleo urbano, habitado por 2.000 personas, han hecho público ahora su largo proceso de tres años de protestas y reivindicaciones contra las deficiencias estructurales y las condiciones de insalubridad de tales viviendas, sin que los responsables asuman la obligación de repararlas, a pesar de las específicas instrucciones dadas al respecto por la Administración autonómica y las diez multas impuestas Ú las cuatro partes, que suman 3.400.000 pesetas en total.El panorama de abandono de las viviendas presenta filtraciones de agua por paredes y techos, contaminación en la red de saneamiento y agua de riego, una humedad degradante, medianerías con fisuras, frecuentes escapes de agua y una general imperfección de puertas, ventanas, persianas, etcétera. Los vecinos insisten en que todos estos desperfectos estaban ya en 1980, cuando ocuparon las viviendas, aunque fuese en 1982 cuando iniciaron sus protestas oficialmente. Han pasado tres años, en los que cada parte ha rechazado su responsabilidad sobre la situación actual, negándose, a pesar de reconocer el estado de la urbanización, a realizar los arreglos precisos. Mientras que en el expediente sancionador se incluyen a las cuatro partes actuantes en la ejecución del proyecto -promotora, constructora, arquitectos y aparejadores- y ya se han impuesto seis multas de 500.000 pesetas y cuatro de 100.000, repartidas entre ellas, el delegado provincial de política territorial, José Rodríguez Rueda, asegura que "la responsabilidad, sin duda de ninguna clase, está claro que es de la promotora, la Asociación Benéfica Sagrada Familia". "Otra cosa", añade, "es que el reglamento admita que esa responsabilidad pueda extenderse a otras partes, como ocurre en este caso".

Aval de 25 millones

Por su parte, el vicario general de la diócesis y vocal de la promotora, Valeriano Orden Palomino, niega que la Sagrada Familia tenga que responder del problema, "ya que en el contrato con la empresa constructora se fijó una cláusula por la que ésta se comprometía a entregarle a la promotora un aval de 25 millones de pesetas al término de las obras para atender los posibles desperfectos que pudieran surgir. Ellos han cobrado hasta la última peseta, pero aquí no han presentado ese aval". Por tanto, concluye, esta sociedad benéfica, que no tiene en estos momentos fondos ni para entablar un pleito por este asunto, no se siente obligada a atender las reparaciones ni a pagar 1.100.000 pesetas en sanciones que le ha impuesto la Administración.Tampoco ha presentado, como las otras tres partes, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Sevilla contra las resoluciones de la Junta.

El obispo recibió el pasado mes de febrero a una representación de los vecinos, a quienes, según afirma el presidente de la comunidad de propietarios, Diego Millán, les anunció su intención de resolver el problema por razones humanitarias si la cuantía de las reparaciones sólo ascendíaa cinco millones de pesetas. Hasta ahora no existe concreción alguna de tales intenciones ni tampoco de la posibilidad de que Infantes Florido visitase la urbanización, ideas que el propio obispo rechazó instantes después de comunicársele a los representantes vecinales por el temor, según éstos, a que los vecinos le considerasen como el culpable de la situación.

Los actuales propietarios compraron sus viviendas a precios que oscilaron entre los dos millones al contado y los cinco a plazos, confiados en las actuaciones precedentes de la Sagrada Familia, que a partir de los años cuarenta construyó miles de viviendas unifamiliares en los barrios cordobeses de Cañero y Fray Albino, para luego venderlas a precios simbólicos. Ahora se declaran engañados y preocupados por el futuro.

En todo caso, el responsable provincial de política territorial de la Junta manifestaba su voluntad de "llegar hasta donde haga falta" para hacerles justicia a los vecinos. Para ello, nuevas multas, que puedan rondar las 500.000 pesetas, se impondrán desde la consejería con carácter coercitivo en caso de que transcurridos los 20 días desde la última sanción -dentro de dos semanas los sancionados continúen con su política de oídos sordos.