Comisarías y cuarteles

JUAN JOSÉ ECHEVARRIA El real decreto de 28 de marzo del año pasado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de abril, resalta la plena asunción de competencias en materia de seguridad ciudadana, en su acepción estricta, por el Cuerpo de la Policía Nacional". Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP), sindicato mayoritario, con 28.700 afiliados de un colectivo total en torno a las 48.000 personas, como el Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), nacido de una escisión del anterior y con 2.500 afiliados, consideran este decreto como "una trampa encubierta para poner en manos de los mandos militares la seguridad ciudadana". Las fuentes oficiales dependientes del Ministerio del Interior consultadas se negaron a realizar cualquier declaración sobre los últimos conflictos planteados a propósito de la desmilitarización de la policía.

Para el SUP, los mandos militares ocupan los puestos clave de la policía y las estructuras de organización de la misma, así como los altos puestos, "constituyendo un verdadero bunker en el seno de la Inspección General ole la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior". En este sentido, el SPPU ha denunciado "la maquinación represiva por parte de los tenientes coroneles Jaime Togores Franco-Romero y David Cervera Estévez, claros personajes para que no se produzca la evolución de civilización necesaria para conseguir una policía civil a la altura de las necesidades actuales de una sociedad democrática".

El SPPU ha señalado que estas personas forman el equipo del general Félix Alcalá-Galiano, inspector general de la Policía Nacional, y ocupan los puestos clave en materia de seguridad ciudadana. Puestos en contacto con David Cervera, éste se negó "a realizar declaraciones, tanto políticas, como técnicas, como de cualquier tipo, sobre la problemática actual de la Policía Nacional". "El jueves pasado mantuvimos una reunión en la Inspección y se acordó no hacer declaraciones a la Prensa", añadió. El SUP sostiene que con la asunción de los mandos militares de la seguridad ciudadana sólo se ha conseguido la descoordinación entre los distintos Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

Según la última escalilla distribuida por la Inspección de Policía Nacional, proceden del Ejército 1 general, 14 coroneles, 33 tenientes coroneles, 91 comandantes, 119 capitanes, 70 tenientes, 9 alféreces y 19 suboficiales especialistas. El SUP considera que la mayoría de estos mandos ocupan los puestos clave en la Policía Nacional y son los causantes, "salvo excepciones", de los problemas existentes con las organizaciones sindicales, "ya que pretenden imponer una concepción militar a un cuerpo civil".

"El caso reciente del cese del capitán de la compañía de reserva de León, Javier Álvarez Díaz, es tan sólo la muestra de un conflicto permanente", añaden fuentes del SUP. "Ahora mismo existen conflictos latentes en compañías de Madrid, Barcelona, Valencia Badajoz, Cantabria, Euskadi, Logroño, Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Las Palmas", precisan las mismas fuentes. "De todos ellos, destaca la situación de los miembros de Policía Nacional destina dos, en el País Vasco, ya que no se cumplen los plazos de destino", dijeron las mismas fuentes, que calificaron la situación de "explosiva".

La mayoría de los conflictos provienen de la aplicación del Código de Justicia Militar en la Policía Nacional y de circulares dicta das por la Inspección General calificadas de "represivas" por fuentes sindicales. Una circular de la Inspección General, con fecha de 9 de abril de 1980, indica que "los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional están sujetos a un régimen prohibitivo en lo que se refiere a actividades políticas y sindicales". "Todos los funcionarios de este cuerpo pueden quedar sujetos a las respectivas responsabilidades por el fomento, organización o participación en cualquier tipo de sindicato o asociación propio del policía nacional", añade la circular.

Otro de los problemas de la Policía Nacional, en opinión de los sindicatos, es la "marginación que sufren los oficiales de la Policía Nacional salidos de la Academia de Policía de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). El SUP critica que para los puestos elevados la Inspección General escoge antes a los mandos militares que a los oficiales formados en la Academia de San Lorenzo.

Por otra parte, el SPPU hizo público ayer un comunicado en el que "pide que se realice una auditoría por personal civil a la Mutua Benéfica de Policía Nacional, que cuenta con un capital de más de 3.500 millones de pesetas, y que sean cesados inmediatamente los militares que administran dicha mutua en los cargos de gestión de la misma". "El sindicato considera ilegal dicha mutua, ya que no han sido elegidos democráticamente por los mutualístas los cargos de administración", añade el comunicado, para precisar que "no está claro el empleo que se hace de los fondos de la mutua, ya que se utilizan para funciones que no tienen nada que ver con el mutualista". En este sentido, el SPPU denuncia que parte de estos fondos han sido empleados para créditos de bloques de viviendas en Cuatro Vientos (Madrid) para personal militar.

Negociaciones

Los dos nuevos sindicatos de Policía Nacional -la Asociación Sindical Independiente de Policía (ASIP), que presentó sus estatutos el pasado 25 de febrero y que fue legalizado el 22 de marzo, y la Asociación de Mandos de Policía Uniformada (AMPU), legalizada el 28 de marzo- también son partidarios de una policía civil.

Por último, en los contactos mantenidos ésta semana entre la Dirección General de la Policía y el SUP se ha planteado la supresión del Código de Justicia Militar. Fuentes oficiosas de la Dirección General de la Policía no descartaron que en breve se suprima dicho Código Militar. El SUP mostró "una gran confianza en la reunión de mañana en la Dirección sobre éste respecto".

También se han desarrollado contactos entre el Grupo Parlamentario Socialista y el SUP, que culmnarán en una entrevista la próxima semana entre los miembros socialistas de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados con dirigentes del SUP, según señalaron fuentes del propio grupo socialista. Tales fuentes señalaron que "el problema reside en lo que el SUP denomina el bunker militar en Policía Nacional". "Hay deternúnados mandos n-úlitares que no entienden ni entenderán jamás que los miembros de la Policía Nacional sean ciudadanos", añadieron. "Es inconcebible que los garantes de la libertades y de los derechos [dijeron refiriéndose a la Policía Nacional] estén privados de los mismos".