Confusión procesal

LAS RECIENTES diferencias surgidas entre el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y el magistrado Ignacio de Lecea, encargado de instruir el sumario de Banca Catalana, nacen en gran medida de la confusión existente en torno a esa figura judicial. El Tribunal Supremo acordó que la querella presentada por el ministerio público contra Jordi Pujol y otros administradores de Banca Catalana fuera conocida por la Audiencia Territorial, en funciones del todavía inexistente Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que el estatuto catalán confía la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" del presidente de la Generalitat. O sea, que la instrucción del sumario es atribuida, por razones del fuero que ampara a Pujol, a la Audiencia Territorial en pleno.¿Cuál es, entonces, el papel que corresponde al magistrado De Lecea? La ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las audiencias territoriales podrán designar un juez instructor especial en circunstancias extraordinarias y "para la más acertada investigación o para la más segura comprobación de los hechos". El magistrado De Lecea no es, empero, un juez especial, sino un delegado de la audiencia, la cual se reserva la capacidad de procesar o no a los implicados.

Se explican, así, los desencuentros entre el juez delegado y los restantes magistrados del pleno. De Lecea no es dueño de adoptar las resoluciones normalmente atribuidas a un juez instructor, ya que actúa sólo en nombre y representación de sus compañeros de la Audiencia Territorial. Estas complicaciones procesales están adelantando a un primer plano las dimensiones de embrollo jurídico del litigio y relegando casi al olvido los restantes aspectos del sumario de Banca Catalana.

No hay que descartar la posibilidad de que las demoras provocadas por el actual ritmo de la instrucción hagan que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quede constituido antes de que la Audiencia Territorial concluya sus trabajos. En cualquier caso, el lento discurrir por los meandros procesales del asunto de Banca Catalana no sólo contribuye a alejar en la distancia los hechos investigados, sino que también -y sobre todo- deteriora la imagen de la Justicia y perjudica al presidente de la Generalitat, que tiene pleno derecho a que los tribunales se pronuncien cuanto antes sobre las acusaciones que se le imputan. Los árboles del Derecho procesal no deben taparnos el bosque del Derecho sustantivo. Hace falta aclarar lo sucedido en Catalana. Hace falta que Pujol sea exculpado públicamente si es inocente o se someta a los principios de igualdad ante la ley si el tribunal lo considera culpable. Cuanto antes.