'Liberación', sin voz

EL CIERRE del periódico Liberación, de Madrid, tras cinco meses escasos de su aparición, supone una nueva señal de alarma sobre la precariedad del pluralismo infórmativo de este país y sobre las dificultades de todo género que la Prensa escrita tiene que afron tar en la sociedad actual. Es obvio que Liberación salió a la calle con muy pocos medios económicos, con una estructura empresarial de escasa eficacia a la hora de editar un diario y en medio de un desconcierto general de la izquierda política e intelectual de este país, a la que pretendía dirigirse. Y es obvio también que su pretension de ser un diario alternativo desde el principio le cegaba determinados mercados y le condicionaba algunos contenidos. Sin duda, en la autocrítica que sus redactores hagan con motivo de la clausura incluirán ellos en ese sentido los defectos propiamente editoriales y profesionales que, junto a las causas económicas o sociológicas de este país, han podido propiciar la decisión del cierre.Pero nada de todo eso explica suficientemente la precariedad de su existencia y el dramatismo de su muerte, siquiera sea temporal. Hay periódicos peor hechos en España y con considerablemente mayores pérdidas -algunos cuentan por miles los millones que deben-, y ahí siguen publicándose, mediante ayudas a veces espurias. ¿Por qué no Liberación? Esta es una buena pregunta para quienes protestan cuando los problemas de la Prensa saltan a la Prensa, cuando las cuentas, los propietarios, las ideologías o las sectas que están detrás de los periódicos o las emisoras son analizados. Es una buena pregunta además en un momento en el que la oposición conservadora y la derecha moderada coinciden en acusar al Gobierno de asestar a la libertad y al pluralismo informativo golpes de muerte o de propiciar el monopolio de la libertad de expresión. Una mayor tranquilidad en el análisis permite reconocer, no obstante, que los periódicos del Estado -Pueblo entre ellos- han sido entregados a la iniciativa privada por este Gobierno y no por los de la UCD, y que la inevitabilidad de la television privada ha sido reconocida paradójicamente por los socialistas, pero no por el señor Calvo Sotelo ni por Adolfo Suárez o Arias Navarro, ni por el ex ministro de Información de Franco que hoy lidera la oposición en el Congreso. Ese mismo análisis contempla que la concentración de medios de opinión e información en torno a la derecha política y social de este país sigue siendo abrumadora, sin que ello determine comportamientos del electorado coherentes con ese mismo hecho. La izquierda, mientras tanto, aferrada a esos votos, sigue sumida en una miserable orfandad teórica y práctica frente al fenómeno de los mass media. Orfandad que es patética y evidente en el caso del portavoz del Gobierno que padecemos.

Siempre hemos pensado que la intervención del Estado es la peor manera de tratar de proteger el pluralismo informativo, y de hecho fue gracias a la intervención del antiguo Estado y del antiguo régimen a la que se construyó la todavía flagrante concentración de intereses en torno a los medios actuales por parte de los sectores más conservadores. También de esa época -lo cual no lo disculpa- proviene la todavía enorme presencia del Estado en los medios de comunicación, pese a los pasos positivos antes reseñados, que supone una concentración nada desdeñable. La negativa del partido socialista a debatir en Cortes el pluralismo informativo y la libertad de expresión en esos medios parece una confesión de su propia mala conciencia. El Estado posee aparte del monopolio televisivo, la agencia Efe -deficitaria y con cargo a presupuesto-, Radio Nacional, en sus varias versiones, Radio Cadena y el veinticinco por ciento de la SER, la COPE y otras emisoras. Luego están las emisoras de esos gobiernos autonómicos -socialistas o no- y las televisiones públicas de Euskadi y Cataluña. En realidad, si bien se mira, aquí concentra todo el que puede y acusa sin embargo de concentrar al otro. Se olvida en cambio, con demasiada frecuencia, que la libertad interna en las redacciones, el respeto a los dictados profesionales y la no sujeción a intereres ajenos a los lectores, oyentes o televidentes, son tan importantes a la hora de garantizar la libertad de expresión como la clarificación de la propiedad de los medios y la diafanidad informativa sobre sus economías.

Porque no basta, aunque sea indispensable, la pluralidad de la iniciativa ni el depósito de ésta en sectores no controlados por el poder político para garantizar los derechos constitucionales de la libertad de expresión. La comunicación es un hecho complejo que no admite recetas simples. Y quizá esta sea la lección principal que el caso de Liberación ofrece a nuestra sociedad. La de que no es suficiente imaginar una realidad distinta para transformar la que tenemos. Aunque estas consideraciones no sirvan para empañar el desánimo que suscita la desaparición de un periódico -y de un periódico de sus características- en la España democrática.