El Defensor del Pueblo no recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley Antiterrorista

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, no presentará recurso de inconstitucionalidad a la denominada ley Antiterrorista y sí lo hará, en cambio, en lo que respecta a la ley de Objeción de Conciencia. Ruiz-Giménez, que anunció ayer esta decisión en la Comisión del Defensor del Pueblo del Congreso, donde compareció a petición del Grupo Popular, afirmó que ha hecho llegar sus informaciones sobre malos tratos ocasionados tras la aplicación de la ley Antiterrorista al ministerio fiscal y a Interior. El primero ha iniciado las investigaciones pertinentes; Interior no ha contestado.

"No sin grave preocupación, hemos decidido no interponer recurso de inconstitucionalidad a la ley Antiterrorista", anunció Ruiz-Giménez en tono apesadumbrado, aunque acto seguido resaltó que no había recibido presión gubernamental alguna. Razones jurídicas y de carácter ético y moral han hecho desistir a Ruiz-Giménez de interponer este recurso, no descartado hasta ayer, pese a las múltiples peticiones de pronunciamiento que diversos colectivos le han hecho en los últimos meses en ese sentido.Por sus explicaciones pudo deducirse que esta decisión se había tomado tras intenso debate con sus asesores. Una de las razones -quizá la más poderosa- que ha influido en el Defensor del Pueblo a no recurrir la mencionada ley, ha sido, según se deduce de los comentarios que hizo ayer en el Congreso, las visitas recibidas de familiares de víctimas del terrorismo.

No obstante, se mostró visiblemente complacido ante el hecho que el Gobierno vasco haya decidido recientemente presentarlo. "Ante esta situación, que no es fácil, hemos optado por no presentar recurso pero vigilar atentamente el uso que se haga de esta ley, para que lo que potencialmente pudiera ser inconstitucional no se aplique", dijo Joaquín Ruiz-Giménez, que expresó su deseo de que esta ley "permanezca en vigor el menor tiempo posible".

Atenta vigilancia

El Defensor del Pueblo, según afirmó Ruiz-Giménez, se va a erigir en atento vigilante de la aplicación de la ley contra bandas armadas y elementos terroristas, de forma que no actuará a posteriori es decir, después de denuncias, sino que cuando tenga conocimiento de una detención con aplicación de esta ley se pondrá enseguida en contacto con el juez de instrucción correspondiente para que esté en relación con el detenido.

"Esto lo haremos para que no se le toque ni un pelo", afirmó Ruiz-Giménez a los informadores después de su. comparecencia. Especial hincapié hizo el Defensor del Pueblo al referirse al País Vasco, donde, afirmó, extremará la vigilancia. "Una vigilancia simultánea. No nos conformaremos con pedir responsabilidades después", dijo el Defensor.

Ruiz-Giménez ha recogido siete denuncias sobre malos tratos posteriores a la promulgación de esta ley. Tres correspondientes a miembros del movimiento separatista. catalán Terra Lliure, otras tres a militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en Vitoria y una producida en una comisaría de Madrid.

Sobre estos casos, afirmó Ruiz-Giménez, ya tiene información el ministerio fiscal, que ha iniciado las investigaciones pertinentes; no así el Ministerio del Interior, que no ha contestado a las reclamaciones del Defensor del Pueblo. Ruiz-Giménez ha remitido toda la información que posee sobre estos casos al Congreso el pasado martes, a petición del presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba.

De los otros 11 casos que tiene que decidir esta institución sobre la posible presentación de recurso de inconstitucionalidad, ya se ha decidido el de la ley de Objeción de Conciencia y un apartado de la ley de Presupuestos sobre las partidas destinadas a los sindicatos. Para Ruiz-Giménez resulta dudosa la constitucionalidad de que sólo sean subvencionados los llamados "sindicatos más representativos". Antes de finalizar este mes resolverá las otras peticiones, incluida la del recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

La reinserción social de los toxicómanos ocupó buena parte de la información que Ruiz-Giménez dio en el Congreso, que contenía peticiones y denuncias. Pidió que la seguridad social incluya en el cuadro de sus asistencias médicas las derivadas de la toxicomanía, así como la creación de centros de rehabilitación.

El Defensor del Pueblo afirmó que el drogadicto al ser recluido en prisión por delinquir, lejos de rehabilitarse ahonda en su dependencia. "La droga es un hecho que entra en la cárcel", dijo Ruiz-Giménez que pidió que se saque a los heroinómanos de la cárcel y se les interne en centros especiales.