Hacienda elabora un censo especial de no contribuyentes para luchar contra el fraude

Funcionarios de las distintas delegaciones territoriales del Ministerio de Hacienda están elaborando un censo especial de titulares de actividades industriales, comerciales y profesionales que no tributan al fisco, para centrar sobre ellos el 90% de los efectivos de la inspección destinada a reprimir el fraude fiscal. La confección de este censo de no contribuyentes se está realizando por el procedimiento de cruzar los listados de las actividades que tributan por licencia fiscal y los elaborados para realizar el llamado censo de etiquetas.

BarcelonaEste cruce informático se ha completado con otros datos obtenidos de las listas de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas e Impuesto sobre el Lujo, junto con datos dispersos de Hacienda.Con la información obtenida, Hacienda iniciará un peinado selectivo, en todos los municipios españoles, a partir del próximo 1 de mayo; los inspectores recorrerán pueblo por pueblo y calle por calle para descubrir las actividades no declaradas o aquellas que sólo cumplen parcialmente sus obligaciones tributarías. Responsables del Ministerio de Hacienda han señalado que en esta etapa no se visitarán los establecimientos que cumplan sus obligaciones formalmente, aunque no lo hagan de forma correcta.

Hacienda pretende conseguir un doble efecto con estas actuaciones. Por una parte, generar ingresos directos por medio de las actas que los inspectores levanten por las actividades descubiertas; por otro, crear un efecto inducido tanto en las actas de Licencia Fiscal como en las solucitudes de inclusión en el censo de etiquetas.

Los funcionarios responsables de la puesta en marcha del censo de etiquetas, mediante el que se intenta un control sistemático de 1.200.000 contribuyentes de actividades empresariales y profesionales, han manifestado su satisfacción por los resultados parciales obtenidos. Así, en Barcelona, de las 260.000 documentaciones enviadas, la Delegación de Hacienda ya ha recibido cerca de 25.000 respuestas solicitando la corrección de datos incorrectos. Además, otros 5.000 contribuyentes han solicitado su inclusión en el censo de etiquetas, lo que implica la normalización de su situación fiscal. Las mismas fuentes señalaron que esta última cifra se incrementaba diariamente, por lo que la operación se considera ya un éxito, aunque quedara limitada a los resultados hasta ahora obtenidos.

La patronal Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PIMEC) y diversas asociaciones profesionales de asesores fiscales se han dirigido a la Delegación de Hacienda de Barcelona para solicitar más detalles sobre el alcance de las nuevas medidas de persecución de las actividades clandestinas, y ofrecer su colaboración.

Más control por 'paralelas'

Con independencia del nuevo plan de inspección, centrado en la persecución de las actividades sumergidas, Hacienda está agilizando su control de los contribuyentes que declaran normalmente sus ingresos. El principal mecanismo aplicado es el de las llamadas operaciones paralelas, que se emplea con el doble objetivo de controlar las declaraciones fiscales y proporcionar una información complementaria al contribuyente.El número de paralelas ha aumentado sensiblemente en las declaraciones de renta del ejercicio de 1983. Así, en Barcelona, de las 375.000 declaraciones positivas presentadas se comprobaron por este método 56.212, lo que representa un 16,4% del total. El control en las declaraciones a devolver fue algo menor, ya que de las 566.364 presentada se revisaron 74.684, lo que supone un 13,2%. Según el secretario general de Hacienda, Martín Seco, estos porcentajes de actuación en Barcelona son extrapolables al resto de España.

En relación a las devoluciones, a principios de este mes la Delegación de Barcelona había enviado 548.920 talones por un valor global de: 14.859 millones de pesetas y se: habían revisado de forma especial otras 17.444. De éstas, 3.9 10 resultaron declaraciones positivas, es decir con obligación de pagar; 532 correspondían a otras provincias; 933 tenían un derecho a una devolución de cero pesetas; 500 solicitaban un importe superior a los 500.000 pesetas, por lo que se sometían a un chequeo especial; 5.000 carecían de todos los datos, y 6.570 estaban pendientes de clasificación.