El juez pide a CC OO una fianza de 500.000 pesetas para personarse en el 'caso Palazón'

MadridEl juez de delitos monetarios, Luis Lerga, admitió ayer que la central sindical Comisiones Obreras pueda personarse para ejercitar la acción popular en el sumario abierto a raíz del escándalo de la evasión de capitales, en el que se encuentran implicados varios aristócratas y diplomáticos españoles.

El magistrado dictó una providencia por la que exige a la central sindical una fianza de medio millón de pesetas para seguir adelante con la querella presentada el pasado viernes día 15, dirigida contra Francisco Javier Palazón, el matrimonio García de Enterría y las restantes personas implicadas.

El ejercicio de la acción popular en las diligencias previas incoadas por el juez Lerga permite a Comisiones Obreras, una vez depositada la fianza exigida por la ley de Enjuiciamiento Criminal, conocer las declaraciones y el contenido de todas las actuaciones judiciales y ejercer como acusación privada durante el proceso.

La acción penal es pública, y todos los ciudadanos españoles pueden querellarse ejercitando la acción popular aunque no estén considerados como directamente perjudicados por el delito denunciado.

La querella fue presentada por el abogado José Luis Núñez Casal, en nombre del secretario de acción sindical de Comisiones Obreras, Agustín Moreno.

Por otra parte, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer acumular todos los recursos presentados por los defensores de los presuntos implicados y del ministerio fiscal, informa Efe.

Fuentes jurídicas han señalado que la decisión de la Audiencia Nacional obedece a la intención de celebrar una única vista para resolver todos los recursos de apelación presentados, y precisaron que, una vez resueltos los recursos, el juez elevará a sumario las actuaciones y dictará, previsiblemente, el procesamiento de varios de los implicados. Otras fuentes jurídicas señalaron que los procesados podrían ser 17, ya que ese es el número de personas sobre las que el juez Lerga ha pedido informes de conducta pública y privada. Entre éstos figuran el matrimonio García de Enterría, el conde de Gamazo, Carlos Varela, María Soledad Figueroa y Santiago Muguiro.