Los jueces, una familia en la piocota

BONIFACIO DE LA CUADRA El juez español medio tiene más de 50 años, está casado con una mujer de clase acomodada, es católico practicante, hijo del cuerpo y se proclama apolítico o de tendencia centrista. Ocupa la categoría de magistrado con más de 15 años de ejercicio y aspira a escalar al Tribunal Supremo antes de su jubilación. Pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora, y asegura confiar mucho en el Rey, bastante en el presidente del Gobierno y los ministros, menos en los diputados y senadores y en su alcalde y poco en los políticos en general.

Este es el retrato-robot de los 1.748 miembros de la magistratura española que figuran en el escalafón de 1984, cerrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 31 de diciembre de 1983, según diversos. estudios realizados durante los últimos cinco años por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), complementados por este periódico. Por categorías, los miembros de la judicatura se distribuyen así: 74 magistrados del Tribunal Supremo, 809 magistrados, 417 jueces de ascenso, 259 jueces de ingreso y 189 magistrados de Trabajo.

La futura alteración del componente humano de la justicia parece asegurada no sólo porque durante los próximos seis años se producirá un total de 499 jubilaciones forzosas, según las previsiones del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), actualmente a debate en el Parlamento, sino porque el sistema de acceso a la carrera judicial de juristas de reconocida competencia mediante concurso y sin oposición, propugnado también en la LOPJ, contribuirá a la renovación de este colectivo.

El 'sacerdocio', a extinguir

El mero ingreso de unos 500 nuevos jueces durante los últimos cuatro años, tras largo tiempo de anquilosamiento de la carrera, ha significado ya, según fuentes judiciales, un revulsivo generacional para la profesión. Las nuevas promociones parecen alejadas de la vieja concepción sacral de la judicatura como un sacerdocio y, en ocasiones, como una herencia familiar o de clase. En la actual situación de crisis económica y de paro, la profesión de juez aparece ante los jóvenes licenciados en Derecho como una salida no desdeñable, que aunque les proporcionará en principio sueldos: relativamente moderados -unas 170.000 pesetas mensuales-, ofrece seguridad en el empleo y una función socialmente bien considerada y de alta responsabilidad.

Una barrera de dificil superación es el sistema de oposiciones, cuya dureza es tal que en los últimos años vienen quedando numerosas plazas libres, a pesar del gran número de opositores y de la necesidad de más jueces que tiene nuestro país. Los aproximadamente 2.000 aspirantes que, según el secretario de la Escuela Judicial y del tribunal examinador, Ángel Calderón, firmaron la oposición convocada por el CGPJ el pasado 28 de julio es muy probable que no sean suficientes para obtener algunas de las 200 plazas convocadas.

El 90%, varones

Los actuales aspirantes a jueces ofrecen, como mínimo, un dato objetivo que permite augurar un cambio sociológico en la carrera. Mientras que el 90% de los jueces y magistrados son hombres, la distribución por sexos aparece equilibrada entre los opositores. Por otra parte, según un estudio reciente, hasta ahora inédito, realizado con una muestra de 355 jueces y magistrados y que consta en el banco de datos del CIS con el número 1.372, hay una serie de pautas entre los miembros de la carrera judicial que chocan con la realidad sociológica del país. La recogida de información para este estudio se produjo entre el 26 de noviembre y el 20 de diciembre de 1983.

Un primer dato es el de la edad de los jueces y magistrados, cuyo 37% tiene 55 años o más, mientras que sólo el 23,4% de la población activa española tiene esa edad. Otro dato, éste obtenido del escalafón de la carrera, complementa el anterior: de los, 1.748 jueces y magistrados, 499 (esto es, el 28,5%) tienen 59 años o más. Los cálculos realizados por el Ministerio de Justicia para la próxima jubilación gradual de estos 499 magistrados permiten distribuirlos por edades de la fiorma siguiente: 136 tienen 70 años o más, 61 tienen 69 años, 55 tienen 67 o 68 años, 75 tienen 65 o 66 años, 72 tienen 63 o 64 años, 55 tienen 61 o 62 años y 45 jueces y magistrados tienen actualmente 59 o 60 años.

La investigación sociológica antes citada confirma el carácter dinástico que se atribuye a la carrera judicial. El 27% de los magistrados son hijos, el 12% nietos y el 7% yernos de un profesional del derecho. En concreto, en el 12% de los casos el padre es magistrado, juez o secretario de tribunal -igual que el 2% (de los abuelos y el 2% de los suegros-, y en el 15% el padre es abogado, notario, registrador u otro profesional del derecho, como el 10% de los abuelos y el, 5% de los suegros.

En cuanto a la extracción social y económica, un 33% de los jueces y magistrados son hijos, un 31% nietos y un 43% yernos de profesionales liberales, industriales, comerciantes o empresarios. Sumando estos porcentajes con los anteriormente reflejados resulta que la gran mayoría de los jueces y magistrados procede de familias de clase social alta y media alta, ya que en el 60% de los casos el padre es alto profesional del derecho, ejerce una profesión liberal o es industrial o empresario, circunstancias que concurren también en el 43% de los abuelos y en el 50% de los suegros de los magistrados.

El estado civil de los jueces y magistrados es el de casado en un 81 %, soltero en un 15 % y viudo en un 2% de los casos. El 1% está divorciado y el 1% restante no contestó a la encuesta realizada por el CIS. Por lo que respecta a la religiosidad, el 50% de los jueces y magistrados se declara católico practicante, el 22% católico no practicante, el 12% no sabe o no contesta, el 7% se confiesa no creyente, el 6% indiférente y el 2% muy buen católico. En cuanto a la tendencia política de los encuestados, el 32% se ubica en el centro, el 31% no contesta, el 25% se sitúa en la izquierda, el 7% en la derecha, el 3% no sabe o no contesta, el 1% se coloca en la extrema derecha y el restante 1% en la extrema izquierda.

Otro aspecto de la actitud política aparece medido en el estudio del CIS a través de la graduación de la confianza que merecen a los jueces y magistrados determinadas autoridades y representantes democráticos. Las respuestas expresan así la confianza en el Rey: mucha, el 43%; bastante, el 32%; poca, el 4%; nada, el 2%, y no sabe o no contesta el 15%. En el presidente del Gobierno -debe recordarse que los datos se recogieron a finales de 1983, con el PSOE en el poder- la confianza que se manifiesta es mucha para el 29%, bastante para el 42%, poca para el 9%, nada para el 2% y no sabe o no contesta el 19%.

Menor confianza expresan en los ministros del Gobierno, en los que sólo el 7% tiene mucha y el 43% bastante, mientras que el 25% de los jueces y magistrados tiene poca, y el 4% ninguna confianza. La actitud es similar respecto a los diputados y senadores y al alcalde, y desciende drásticamente cuando se trata de "los políticos en general", en quienes sólo el 3% tiene mucha confianza y el 27% bastante, al tiempo que el 36% tiene poca y el 10% ninguna.

Otro estudio del CIS sobre el sistema judicial español, realizado en 1982 con una muestra de 4.985 ciudadanos de 18 años en adelante, evidencia que el 36% considera al juez como alguien que hace justicia; el 20%, como alguien que hace observar la ley; el 16%, como árbitro entre los que se encuentran enfrentados; el 5%, como representante del poder coercitivo del Estado; el 4%, como salvaguarda del orden social, y el 2%, como protector del ciudadano frente al Estado. En cambio, al 49% de los encuestados le gustaría que los jueces hiciesen justicia, al 12% que observaran la ley, al 8% que fueran árbitros entre enfrentados; al 5% que protegieran a los ciudadanos frente al Estado, y al 5% que salvaguardaran el orden social.

Preferencia por el jurado

Las preferencias ciudadanas para ser juzgado se inclinan hacia el tribunal del jurado en un 45% y al tribunal de sólo jueces el 18%. En una segunda encuesta, realizada un año después, optó en favor del jurado el 44 %, y a favor de ser juzgados por los jueces el 32%. En general, la confianza que inspiran los jueces a los ciudadanos se mide así: bastante, el 34%; regular, el 26%; mucha, el 14%; poca, el 8%, y muy poca, el 5%. Por su funcionamiento cotidiano, los tribunales de justicia son, según el estudio citado, poco justos y poco eficaces para el 25%, más justos que eficientes para el 21 %, muy eficientes y justos para el 13%, y más eficaces que justos para el 12%.

Por último, el alejamiento ciudadano de las oficinas judiciales queda expresivamente medido en la respuesta a esta pregunta: "¿Ha tenido usted o alguien de su familia o de sus amigos íntimos contacto personal con el mundo de la justicia?". El 70% contesta que no, y sólo el 25% responde afirmativamente. El 6% restante no sabe o no contesta.