El asociacionismo de los magistrados, entre el conservadurismo y el progreso

B. DE LA C. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de fuerte tendencia conservadora, y Jueces para la Democracia, de carácter progresista, son los dos únicos fenómenos asociativos sobresalientes entre los magistrados españoles. La APM, heredera del viejo encuadramiento en el Movimiento Nacional y la administración judicial de la victoria, ha sido durante unos años la asociación única. Jueces para la Democracia representa la continuidad con Justicia Democrática, el viejo movimiento judicial y fiscal que tanto hizo por el advenimiento de la democracia.

El acuerdo mayoritario adoptado el 10 de marzo de 1984 por el IV Congreso de la APM, que eliminó las posibilidades de comunicación externa autónoma de las corrientes de opinión" e insistió en propugnar "el sistema mayoritario para la elección de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", abortó el proyecto de asociación pluralista en el que creían los sectores más democráticos de la carrera judicial.

Con los 200 miembros de Jueces para la Democracia, abandonaron también la APM medio centenar de jueces de tendencia moderada que formaban parte de la corriente de opinión Francisco de Vitoria, a la que se sumó un reducido grupo de magistrados del Tribunal Supremo. Tras meses de negociaciones y ante el fracaso del intento de una oferta asociativa conjunta, el secretariado de Jueces para la Democracia inició, el 18 de enero de este año, los trámites necesarios para constituirse como asociación.

La abrumadora mayoría de la APM, que antes de la escisión reunía -según la encuesta del CIS realizada a finales de 1983- el 53% de la carrera judicial, y hoy cuenta con unos 1.000 socios, hacía dificil arañarle la hegemonía en el CGPJ, ni siquiera con el sistema proporcional de elección de los 12 consejeros judiciales introducido por el Gobierno en la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El presidente de la APM, José Gabaldón, ya empezaba a sonar para presidente del CGPJ.

La reciente decisión socialista de extender el sistema de elección parlamentaria a los 20 vocales del CGPJ ha merecido una reacción diferente de los dos principales colectivos judiciales. La APM, en un comunicado hecho público esta semana, ha considerado el acuerdo de la Comisión de Justicia de la Cámara "contrario a la letra y el espíritu de la Constitución" y ha advertido que la composición del órgano rector del poder judicial que resultará de este sistema será políticamente partidista, con la consecuencia de que el partido dominante en cada momento lo será a su vez en el Consejo, del mismo modo que en el Gobierno". La APM cree que ello es "sumamente grave para la estructura democrática del Estado y la garantía de las libertades reconocidas en la Constitución y encomendadas a los jueces, sin cuya protección frente a los excesos o desviaciones del poder político se desvirtúa aquél, ya que una justicia supeditada a los partidos en sus órganos de gobierno corre el riesgo de serlo en sus componentes y de ser presionada en las decisiones importantes".

Por su parte, el secretariado de Jueces para la Democracia ha denunciado la actitud de la APM que hizo imposible una asociación y un CGPJ pluralistas y ha reconocido la vinculación más directa con la soberanía popular" que el nuevo sistema electoral aporta. En cambio, ha resaltado, entre otros inconvenientes, los que presenta "en lo relativo a un desarrollo progresista de alternativas judiciales autónomas y a la necesaria democratización interna del poder judicial". Al margen de esta postura del secretariado y de las individuales manifestadas dentro del debate interno abierto sobre el tema, la sección de Valencia de Jueces para la Democracia ha apoyado la iniciativa socialista, que ha considerado no sólo constitucional sino productora de "una mayor democratización y una despolitización del poder judicial".