Las autoridades intentan controlar la creciente actividad de la ultraderecha en Granada
El gobernador civil de Granada, Enrique Linde, reconoció ayer a este periódico que la extrema derecha está cobrando en esta ciudad una actividad inusual, lo que motivó que se reuniera recientemente con el director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, en Madrid, donde ambos decidieron la renovación de la Brigada de Información, acusada por el PCE y por otras organizaciones ciudadanas de connivencia con las actividades ultras.
Sin embargo, fuentes policiales insisten en que se trata de una aparente renovación y se mantienen en sus puestos los principales policías estrechamente vinculados a la ultraderecha, especialmente Ángel López Bailón y Francisco Fernández, ambos procedentes de la antigua Brigada Político-social. Según estas fuentes, la extrema derecha seguirá campando impunemente en Granada si se mantiene esta estructura y continúa Juan José Lesmes como jefe superior de policía.Enrique Linde manifestó ayer que se encuentra muy "preocupado" por las actividades de la extrema derecha en Granada desde los siete meses que lleva en su cargo y reconoció que desconoce dónde se encuentran las diligencias policiales sobre las agresiones de los ultraderechistas a varios jóvenes tras la representación de una obra del eruno catalán Els Comediants, a la que hizo referencia el ministro del Interior, José Barrionuevo, tras una interpelación comunista en el Senado sobre las vinculaciones de la extrema derecha con la policía. El gobernador civil afirmó que tales diligencias se deben encontrar en manos de la justicia, aunque no supo precisar si en los juzgados de, Granada o en Madrid. Fuentes policiales y del PCE coincidieron en afirmar que con el número de las diligencias que dio José Barrionuevo en el Senado no se han logrado encontrar las mismas en la Jefatura Superior de Policía de Granada ni en los juzgados.
Actuación deficiente
Enrique Linde reconoció que desconoce la totalidad del caso, pues esas agresiones se produjeron cuando él todavía no había ocupado el cargo de gobernador civil. Hasta ahora, el nuevo grupo de policía encargado de la extrema derecha tampoco ha conseguido localizar tales diligencias. El alcalde de Granada, Antonio Jara Andreu, manifestó públicamente tras esas agresiones que existió una actuación deficiente por parte de quienes tenían la responsabilidad del orden público y una pasividad de estas fuerzas ante estos incidentes. Asimismo, el alcalde manifestó en aquella ocasión que las agresiones de los ultras eran perfectamente evitables, puesto que se conocía la provocación de que iban a ser objeto los asistentes de la representación del grupo catalán y existió una pasividad de la autoridad gubernativa, sabiéndose lo que iba a producirse con suficiente antelación.
Varios de los ultraderechistas que participaron en esas agresiones permanecen libres, a pesar de que fueron identificados por fotografías publicadas en Diario de Granada. Entre ellos se encuentra Carlos Jiménez Palanca, expulsado de Falange por violento y actualmente militante de Solidaridad Española, partido que dirige el ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, condenado por el intento del golpe de Estado del 23-F. Un hermano de Tejero, el comandante de Infantería Ramón Tejero Molina, es otro de los principales responsables de las actividades de la extrema derecha en Granada, en cuyo domicilio se han mantenido diversas reuniones de ultraderechistas, según han confirmado a este periódico fuentes policiales. Otro de los participantes en las agresiones es José Castro Ortega, alias Al Capone, militante también del partido Solidaridad Española y protagonista de otros incidentes dirigidos por la extrema derecha.
Ninguno de estos dos ultras, perfectamente identificados en fotografías publicadas en la Prensa, se encuentra procesado por tales agresiones.
El gobernador civil calificó de lamentables los sucesos que protagonizó el subcomisario Manuel Palomo Junco, acompañado de los significados ultras Al Capone y Francisco José Bolaños Pérez, al entrar en una güisquería de Granada y obligar a los clientes a cantar el Cara al sol.
Fuentes policiales y del PCE acusan al gobernador civil de absoluta pasividad y debilidad hacia las actuaciones de la extrema derecha y hacia la represión de las mismas por parte de la policía, que hasta ahora estaba encargada de investigar esas actividades delictivas.
