La policía judicial dependerá orgánicamente de Interior, en contra del criterio de toda la oposición

La policía judicial continuará adscrita orgánicamente al Ministerio del Interior, aunque funcionalmente dependerá de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal, según aprobó ayer la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, que debate el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este fue uno de los escasos puntos en que el Grupo Parlamentario Socialista se quedó solo, frente a la reivindicación, por su izquierda y por su derecha, de que la policía judicial dependa orgánicamente de los jueces y fiscales. El portavoz conservador, José María Ruiz Gallardón, acusó al PSOE de pretender "identificar el Estado con el Gobierno" y eliminar toda posibilidad de control, incluido el del Tribunal Constitucional.

El apoyo socialista a la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se materializó esta semana cuando ya parecía políticamente descartado, continuó presente en las discusiones posteriores de la comisión sobre otros temas de la LOPJ. Ante la acusación realizada por los socialistas a la oposición respecto al cambio de criterio en relación con la regulación del ministerio fiscal -sobre el que la ley se limitará a remitirse a su Estatuto orgánico-, los portavoces de la Minoría Catalana, Josep Maria Trias de Bes, y. del Grupo Popular, José María Ruiz Gallardón, reaccionaron ayer con dureza.Trias de Bes recordó que el PSOE no sostuvo nunca hasta ahora dicho sistema de elección y acusó a los socialistas de pretender tener derecho "a una interpretación partidista de la Constitución, que esperamos sea corregida por quien puede hacerlo", para evitar los riesgos de una dictadura parlamentaria.

En igual sentido, Ruiz Gallardón reprochó a los socialistas el intento de identificar el Estado con el Gobierno y se preguntó por las intenciones Últimas que existen tras el vuelco dado a la LOPJ con la enmienda que impone la elección parlamentaria de los 20 miembros del CGPJ. "Ustedes quieren que el Gobierno organice el poder judicial", dijo Ruiz Gallardón, "y algo más grave: pretenden eliminar toda posibilidad de control".

Explicó Ruiz Gallardón que está en peligro la función fiscafizadora del Tribunal Constitucional, ya que de sus 12 magistrados, ocho los eligen las Cortes, dos el Gobierno y otros dos el CGPJ, por lo que la pretensión socialista de controlar este último órgano redondeará su mayoría en el alto tribunal.

El socialista Francisco Granados devolvió la acusación a la Minoría Catalana, a la que atribuyó la creación de una dictadura en Cataluña, a través de la hegemonía política de Convergència. Asimismo, criticó la pretensión conservadora de que los jueces elijan por cooptación el órgano de gobierno de un poder del Estado, además de detentar su propia escuela judicial, policía e iniciativa legislativa y sin responsabilidad política ante nadie, olvidando, dijo, que "la justicia emana del pueblo".

Sin respaldo

Ayer la Comisión de Justicia debatió la regulación de la policía judicial, cuyas unidades, según se aprobó, "dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales y del ministerio fiscal en el desempeño de todas las actuaciones que aquellas les encomienden, cualquiera que sea su adscripción orgánica".

En este punto, los diputados socialistas no contaron con el apoyo de ninguna minoría, ya que toda la oposición estimó preferible que la policía judicial dependa orgánicamente de los jueces y, magistrados que del Ministerio del Interior.

Ruiz Gallardón señaló que "desde sectores progresistas, a los que se suma el Grupo Popular, se defiende la dependencia de la policía judicial respecto a quienes juzgan'". Añadió que los derechos de los ciudadanos quedarán mejor protegidos "si los superiores jerárquicos de la policía judicial son los jueces y magistrados y no los mandos de los beneméritos cuerpos de seguridad o las autoridades autonómicas". Recordó que la eficacia de la investigación y el secreto de la misma resultarán beneficiadas con dicha dependencia orgánica. Trias de Bes preguntó a los socialistas si esta posición merecía calificarse de conservadora.

Supresión del ministerio

El socialista Granados acusó a la oposición de, tras intentar dar al CGPJ las máximas competencias, que harían innecesaria la existencia del Ministerio de Justicia, "pretender ahora la desaparición del de Interior", departamento del que defendió debe depender orgánicamente la policía judicial, si bien aseguró su "dependencia funcional absoluta de los jueces y magistrados".

Por Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés se manifestó "más de acuerdo con la policía judicial diseñada por Ruiz Gallardón que con la de Granados" y, por una vez, anunció su voto al primero. Agregó que no habrá independencia del poder judicial sin una policía judicial sobre la que que los jueces y magistrados tengan, al menos, facultades disciplinarias. Expresó también la necesidad de una cierta inamovilidad de los miembros de esa policía judicial, en evitación de que los superiores jerárquicos del Ministerio del Interior trasladen a sus subordinados o entorpezcan la investigación judicial.