La jubilación a los 65 años no será efectiva hasta 1991

La Comisión de Justicia e Interior, que debatió durante toda esta semana el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), fijó la jubilación forzosa de los jueces y magistrados -que, actualmente, se produce a los 70 años, prorrogable otros dos- en la edad de 65 años, como el resto de los funcionarios de la Administración pública. Dado el gran número de afectados, unos 500, está previsto un período transitorio de seis años, que se aprobará el próximo martes, según el cual la nueva edad de jubilación no entrará en funcionamiento efectivo hasta 1991.El proyecto del Gobierno había establecido, como excepción, la jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo a los 68 años, pero la ponencia y la comisión han homogeneizado la jubilación de jueces y magistrados de todas las categorías.

El conservador Antonio Pillado reprochó a los socialistas que pretendieran jubilar a los jueces "en plena madurez" y contra su voluntad.

El socialista Javier Barrero contestó: "Tampoco muchos trabajadores y funcionarios desean jubilarse a esa edad".

No a las cárceles para jueces.

Pillado pidió para los miembros de la carrera judicial instituciones penitenciarias especiales, "para que los que tengan la desgracia de ser condenados no se encuentren en la cárcel con delincuentes a los que ellos justamente condenaron". No se aceptó la propuesta y Barrero explicó que, en ese caso, habría que crear cárceles especiales para mucha otra gente, por ejemplo "para aquel ministro del Interior que corriera el peligro de encontrarse en la cárcel con una tropa de detenidos por funcionarios a sus órdenes".

Remuneraciones. El Grupo Popular, planteó: "La alta responsabilidad de los jueces y magistrados exige el más alto nivel retributivo de la Administración". La comísión se limitó a establecer que el Estado "garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional". Josep María Trías de Bes solicitó, sin éxito, que se concretara la dignidad de la retribución para no cerrar el acceso a la carrera de nuevos jueces y magistrados.

Secretarios y corruptelas. La LOPJ reforzará la figura del secretario judicial. Entre otras novedades, la representación en juicio podrán conferirla los ciudadanos ante el secretario, lo cual permitirá evitar los hasta ahora necesarios y costosos poderes notariales. No se aceptó la propuesta conservadora de legalizar las corruptelas actuales por las que algunos secretarios practican diligencias que corresponden al juez. El secretario actuará siempre "bajo la dirección del juez o presidente del tribunal" y sujeto a la responsabilidad que corresponda.

El juramento de los abogados. Los abogados y procuradores, antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Bandrés defendió, sin éxito, eliminar este precepto, que consideró excesivo.