La ley de Ciencia, una ley necesaria

y ALBERTO S. INSÚASin embargo, la importancia del tema es evidente. En un marco socioeconómico caracterizado por el incremento del paro, la reconversión industrial y la integración en las Comunida del Europeas, la racionalización y coordinación del sector público de investigación -previo a incremento del gasto en I+D-, aparte de dar satisfacción a las promesas programáticas socialistas: presupuesto unificado, incremento de la inversión y creación de una "instancia de gobierno para la ciencia y la tecnología", suponen la única salida aceptable si de verdad se desea aproximarnos a un modelo de desarrollo industrial capaz de generar una tecnología propia, disminuyendo el grado de dependencia exterior. La otra alternativa, el modelo liberal que conllevaría abandonar la investigación científica y tecnológica en manos de un renuente sector privado con una aportación más que hipotética del 20%. al I+D, ni los más decididos defensores de la dinámica de las leyes de mercado osarían plantearlo.Situados, pues, en la tesitura de una política científica centrada en el sector público, el borrador del proyecto de ley que hemos podido conocer no colma precisamente nuestras esperanzas ni justifica la lentitud de su elaboración. Resumiendo mucho, cabe decir que, a. nuestro juicio, el proyecto es incompleto y conservador.

Fomentar, una bella palabra

Incompleto, en la medida en que no contempla un incremento programado del gasto, ni la financiación de la reforma que se pretende, ni puede hablarse del esperado presupuesto unificado, estando poco claro el origen de los fondos, surgidos de diferentes departamentos ministeriales y, por ende, recortables ante prioridades de última hora. Fomentas la investigación es, sin duda, una bella palabra, pero concretar cómo va a pasarse y en qué tiempo del 0,45% del PIB al 1%-2,5% de los países occidentales habría sido mucho más concreto. O señalar cómo va a llevarse a cabo la formación e incorporación a puestos de trabajo estables de las decenas de miles de jóvenes investigadores necesarios para alcanzar un volumen crítico que posibilite el. salto cualitativo de pasar. de una investigación atomizada a generar unos conocimientos susceptibles de posterior desarrollo.

Por otra parte, la instrumentación de la investigación en 'planes' quinquenales es, sin duda, un buen planteamiento, pero adolece, como ya apuntábamos, de una concreción presupuestaría clara, con una separación bien definida entre lo que son gastos corrientes de los diferentes organismos públicos de investigación (OPIS) y, la financiación de los planes. Tampoco se define claramente el origen de los fondos de este último e importantísimo capítulo.

Pero si la falta de precisión. económica es preocupante aún lo es más la cortedad de los departamentos ministeriales implicados en el tema: Educación y Ciencia e Industria y Energía. EL resto: Agricultura, Pesca y Alimentación, Obras Públicas, Sanidad, Transportes, Defensa, etcétera, brilla por su ausencia, aunque dentro del esquema de programas nacionales hay un buen número que les afectan. Para agravar aún más las cosas, ni Educación y Ciencia ni Industria y Energía participan con todos sus efectivos. El MEC aporta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), mientras que las universidades -aunque se las cita- quedan discretamente al margen. El caso de Industria es más drástico, con los únicos soportes de la Junta de Energía Nuclear -que cambia de nombre- y el Instituto Geológico y Minero. Al INI, posible receptor de tecnología, ni se le nombra.

En lo referente a la pirámide estructural del organigrama del, planificación, gestión, coordinación y seguimiento, el proyecto de ley es conservador y emzcla de forma sorprendente instancias de poder político, representación institucional y socioeconómica con asesorías técnicas. La comisión interministerial situada en su cúspide recuerda demasiado a la fantasmal comisión delegada del Gobierno en política científica creada en 1963 y de inexistente actividad. Pero aún es el cajón de sastre del escalón asesor inmediatamente inferior, en el que combinan los caracteres de consejo económico y social ´-sindicatos y patronal- con la presencia de expertos procedentes de las reales academias. Éstos y otros expertos se repiten machaconamente a la hora de articular un órgano de coordinación autonómico-estatal de obligada. y constitucional, inclusión. Parece haberse olvidado por los autores del proyecto un principio ajeno a la ideología, pero pletórico de buen sentido: que no conviene mezclar los temas, y que la guerra (léase investigación) es demasiado importante para dejársela a los militares (léase científicos).

Participación sindical

Este dualismo: representación social-representación científicos de prestigio se plantea de nuevo en el proyecto al nivel de dirección colegiada de los OPIS. En este sentido, queremos dejar muy claro, en nuestro papel de representantes de los trabajadores los errores que, a nuestro juicio, existen tanto en el contenido, del proyecto como en el procedimiento de consulta, o información del mismo.

No resulta coherente que una ley que instrumenta una política científica que trasciende al actual Gobierno y se inserta en una política de Estado de amplia repercusión social: industrial, cultural, calidad de vida, etcétera, valore en el mismo plano a instituciones que vertebran el Estado: los sindicatos, frente a agrupaciones corporativas o personas aisladas que sólo se representan a sí mismas. Porque, en definitiva, la representación de una central sindical en un organismo trasciende la de los trabajadores al servicio de la institución y abarca al conjunto del mundo del trabajo, profundamente interesado en una política científica y tecnológica que tan alta incidencia puede tener en la futura configuración del sistema productivo y en su plasmación en puestos y condiciones de trabajo.

Por eso reclamamos la participación sindical tanto en el proceso de elaboración e información del proyecto de ley como en su desarrollo reglamentario futuro. En este aspecto, quizá el más positivo del proyecto, la ley debe significar una puerta abierta para estructurar de una vez por todas unos reglamentos orgánicos y de funcionamiento que, junto al necesario estatuto de personal de los OPIS, reconozcan la especificidad de la función investigadora, posibiliten una carrera científico-administrativa de estos trabajadores y establezcan auténticas formas democráticas de participación en la gestión, rompiendo con el actual modelo corporativo y seudodemocrático existente en alguno de ellos, basado en comisiones estamentales de tipo consultivo.

La democracia exige que los funcionarios pasen a ser servidores públicos en lugar de copropietarios de la función que desempeñan, forma habitual en las dictaduras y característica de subdesarrollo político y social. Hora es de que se acabe el secuestro que de la soberanía popular ejercen determinados cuerpos funcionariales de elite de forma más o menos subrepticia.

Un proyecto de ley como el de Ciencia debe encontrar apoyos allí donde cabe esperarlos: entre el grueso de los trabajadores de los OPIS y en el conjunto de la sociedad española. Los sindicatos, y no es descubrir nada nuevo, son pieza fundamental en un proceso consensual en el marco de una sociedad como la nuestra, que orienta su futuro en la dirección del pacto social.