Nuevas medidas de gracia del Gobierno democrático de Uruguay

El presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, decretó el lunes la supresión de los juicios para todos los afectados por procesos que aún se encuentran en tramitación dentro de la jurisdicción militar, y ordenó el cierre de una cárcel para presos políticos. El Gobierno afirmó que estas medidas, así como la de libertad de Prensa, decretadas por Sanguinetti en su primer día de trabajo tras su toma de posesión el pasado viernes, se hallan dentro de un "plan de pacificación".El indulto concedido por Sanguinetti afectará a decenas de acusados de delitos de subversión que todavía no habían sido condenados, y a militares castigados por el anterior régimen del general Gregorio Álvarez. Entre los beneficiados por el indulto se halla el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate.

Por razones legales y constitucionales, el presidente no pudo dar el indulto a casos sentenciados. Para éstos deberá aprobarse una amnistía cuyos términos se discuten actualmente el Parlamento.

Los legisladores del Partido Nacional o Blanco y de la coalición de izquierdas del Frente Amplio han presentado un proyecto de amnistía general e ¡limitada. El Partido Colorado, que actualmente gobierna Uruguay, presentó ayer su proyecto de amnistía ante el Parlamento, en el que no incluye a los guerrilleros tupamaros que han sido acusados de delitos de sangre. Para éstos, unos 60 tupamaros, el Partido Colorado ha propuesto reducirles las penas a la mitad, al considerar cada día de prisión por dos de la condena.

El Gobierno de Sanguinetti cerró el martes el establecimiento militar 2 para presas políticas, uno de los más denunciados por el trato inhumano a las reclusas, y decretó el traslado de 30 tupamaras a una cárcel civil situada en el centro de Montevideo.

Manifestación pro amnistía

Familiares y representantes de organizaciones sociales realizaron una manifestación durante el traslado de las reclusas en vehículos policiales y ambulancias -debido al mal estado de salud de algunas de ellas-, con gritos de condena hacia los militares y peticiones de amnistía general e ¡limitada.El ministro del Interior, Vicente Chiarino, tenía previsto ayer visitar el establecimiento de reclusión militar 1, situado a 60 kilómetros de Montevideo, donde se hallan detenidos unos 300 guerrilleros tupamaros.

El Partido Comunista Uruguayo (PCU) celebró el lunes su primera conferencia de prensa tras su legalización el pasado viernes. Sus dirigentes exigieron en ella la amnistía general y sin restricciones y el desarrollo de una investigación parlamentaria sobre torturas. El líder comunista Jaime Pérez, recientemente liberado, declaró que si la coalición de izquierdas Frente Amplió, en la que se alinea el PCU, hubiese ganado las elecciones del pasado 25 de noviembre, los actuales jefes de las fuerzas armadas habrían sido desplazados de sus puestos, a diferencia de la decisión de Sanguinetti, que "prefirió mantenerlos".