El vertedero de La Laguna, clausurado definitivamente por el gobernador civil

El vertedero de Montaña del Aire, situado en La Laguna (Tenerife), donde hasta ahora depositaba sus basuras la mayor parte de los municipios de la isla, fue puesto fuera de servicio a las cero horas del pasado viernes por orden del gobernador civil de la provincia, Antonio Martinón. Finaliza así un conflicto político que se inició en 1982 entre el PSOE y la UCD y que degeneró en un enfrentamiento entre dos miembros del partido en el Gobierno, el alcalde de la ciudad y el gobernador civil. El basurero será reconvertido en zona verde.Pedro González, alcalde de La Laguna en las dos últimas legislaturas, presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de dicha localidad contra el Gobierno civil, al que acusaba de obstaculizar la clausura del vertedero. El Tribunal Supremo se había pronunciado a comienzos de mes a favor de la postura preconizada por el Ayuntamiento en los últimos tres años, según la cual el basurero había sido creado de forma ilegal por el Gobierno civil, durante el mandato de UCD, a pesar de la negativa de licencia municipal.

Tras conocer la sentencia, el Ayuntamiento cerró por dos veces Montaña del Aire en fechas recientes, creyendo ejecutar así dicha orden. Sin embargo, el actual gobernador, Antonio Martinón, reaccionó en las dos ocasiones ordenando la reapertura del vertedero, al interpretar que sólo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial tenía competencias para ello. De este modo frustró una reivindicación política de La Laguna alimentada desde que el alcalde y varios concejales protagonizaron hace algún tiempo una huelga de hambre al abrir el vertedero. La fricción entre las dos instituciones llegó a su punto álgido la semana pasada, al convocar el alcalde un pleno extraordinario en el que el Ayuntamiento acordó solicitar auxilio a la autoridad judicial para poder clausurar el vertedero frente a la reiterada negativa del Gobierno civil. La oposición municipal ha expresado su disgusto por la falta de diálogo entre ambos estamentos, que, en opinión del Grupo Popular, se debe a un problema de procedimiento y que, según Izquierda Nacionalista Canaria, ha causado el desprestigio de ambos organismos públicos.