La agricultura y la CEE: precios y rentabilidad

La política de precios y mercados, aspecto más conflictivo de la política agrícola común (PAC), se llevó a cabo con mayor prontitud que las previsiones establecidas en el Tratado de Roma; quizá por esa rapidez en la configuración del sistema ha sido la más criticada de las decisiones comunitarias, contestación que se ha originado no solamente en los países asociados sino en los que la han sufrido y padecido desde fuera de la comunidad. Los nuevos mecanismos establecidos han tenido importantes consecuencias en la evolución de los sistemas productivos y en la distribución de los beneficios derivados de las medidas de sostenimiento de precios, tanto a nivel de productos como de explotaciones agrarias o de simples consumidores, lo que ha producido importantes transferencias netas de rentas entre los países miembros.La importancia concedida a la política de sostenimiento de precios ha determinado una distribución de beneficios muy desequilibrada, tanto a nivel nacional como regional, provocando, en su momento, una fuerte llamada de atención sobre la necesidad de coordinar la política de precios y de estructuras, origen del célebre informe Mansholt de 1968, que se tradujo en las directrices comunitarias de 1972. Sin embargo, la política de precios acaba siempre por ganar la partida frente a la de rentas y estructuras, ya que es la forma más simple para contentar momentáneamente a los agricultores.

Las críticas a la PAC (muy atenuadas al estallar la crisis alimenticia mundial de 1973, con su secuela de altos precios internacionales) vuelven a manifestarse con frecuencia tan pronto se superan las escaseces y aparecen los excedentes. A las dificultades naturales de origen que conllevó el proceso integrador de los seis países fundadores se han añadido las derivadas de las nuevas incorporaciones: Inglaterra, Irlanda, Dinamarca y Grecia, cuyas semejanzas agrarias brillan por su ausencia.

España es diferente

"La vida en la comunidad", dijo recientemente el presidente de Grecia, Karamanlis, "es una negociación permanente para cada país; los beneficios posibles son proporcionales a los esfuerzos realizados". Mención oportuna en estos momentos en que Grecia hace valer en Dublín su reserva condicionada al logro de los programas integrados mediterráneos (PIM), que afectan -así se afirma-, "a su propia supervivencia".Si alguna vez se vendió la imagen de que España es diferente, hoy, a las puertas del Mercado Común, en lucha continuada por vencer los últimos obstáculos, se puede afirmar, con mayor razón, que nuestra agricultura es esencialmente diferente y en cierto modo conflictiva, o, por decirlo de otra manera más suave, complementaria de la europea. De ahí y del juego de intereses, no sólo políticos como se pensaba antes, sino económicos como se argumentaba siempre, se derivan las dificultades que están jalonando la recta final anterior a la verdadera negociación con la Comunidad.

Nuestra agricultura es la propia de un país mediterráneo en el que los productos de este origen tienen una ponderación muy superior en la producción final agraria a la del resto de los países miembros. No es por ello extraño que surjan problemas de adaptación de nuestras producciones típicas (vino, aceite, frutas y hortalizas) a unos reglamentos y normas pensados para los países del centro de Europa, para un mercado de productos que no es el de nuestros productos agrícolas más comunes e importantes. Con la entrada de España y Portugal en el concierto económico europeo, el peso de las producciones mediterráneas tendrá que determinar modificaciones de cierta consideración en el tratamiento de la PAC. La componente productiva de las penínsulas ibérica, italiana y griega y la realidad agraria común de los cuatro países mediterráneos, además del Mediodía francés, determinarán nuevos tratamientos y enfoques básicos en las decisiones, hasta ahora pensadas exclusivamente para otros tipos de agriculturas y producciones (leche, carnes, cereales y azúcar). Se necesita, pues, un gran esfuerzo para adaptar nuestra agricultura a la eutropea, pero también la política agrícola común en el futuro habrá de ser, para ser común y servir a la nueva Comunidad ampliada, muy diferente de la actual.

Quizá para tener un carácter de mayor generalidad, para que las medidas sean más comunes, habrá que buscar otro denominador común que complemente la política de precios que siempre ha predominado dentro de la PAC.

Si en anteriores etapas el énfasis se ha puesto en la política de precios y mercados, en el futuro, para integrar agriculturas de problemática tan diferente, pudiera ser más conveniente poner el acento en la política de rentas y estructuras. Esto ya lo intentó Mansholt con pocos resultados y mayores rechazos, pero es indudable que el tratamiento de los muchos problemas que en los próximos años habrán de encontrarse en una comunidad tan diversificada agrícolamente como la de los doce pudiera ser menos costosa a la larga si se pensase en la rentabilidad de las empresas, de las agrupaciones o de las cooperativas de explotación en común de las tierras que en las reglamentaciones de mercados y precios de unos productos que se obtienen sobre unas estructuras agrarias muy diferentes y con climatología tan diversificada como la del centro y sur de Europa.

Problemas estructurales

Al fin y al cabo, la llamada de atención de los griegos en la cumbre de Dublín debe hacernos pensar -además de en otras consideraciones de tipo coyuntural y político- que existen muchos problemas estructurales y de desarrollo regional que pueden aparecer en un próximo futuro en nuestro país, y que lo sensato sería poner desde ya la mayor atención para conseguir programas de adaptación de las empresas inviables en empresas competitivas. No debemos ser tan cándidos para dejarnos deslumbrar momentáneamente por los precios de determinados productos, en los que, por una política de igualación de precios europeos, puedan salir determinados sectores momentáneamente beneficiados pero que dejarán sin resolver los problemas del subdesarrollo regional o de la deliciente estructura empresarial, tanto a nivel de explotación como de la industria agroalimentaria que canaliza las producciones hacia el mercado. Hay que ir a los resultados globales de la empresa como unidad de producción y al fomento de aquellas que puedan ser rentables en el futuro al introducir los nuevos costes de los factores y todos los nuevos mecanismos, obligaciones y fiscalidades que implican nuestra entrada en la Comunidad. Habrá que incitar a los agricultores al cambio -cuando ello sea necesario- de la orientación productiva de sus explotaciones y a la baja de sus costes de producción, no al conservadurismo y a la ineficacia como muchas veces sucede en un abuso excesivo de la política de sostenimiento de los precios.La igualación de las rentas y la competitividad de las empresas puede ser el norte de racionalidad de una política agrícola que evite a la Comunidad encontrarse al cabo de unos años con los costes insoportables que conllevan unos excedentes de imposible salida y de insostenible mantemimiento. Debe ser tarea de todos los países miembros el cuidar que la agricultura española y la europea sean cada vez más competitivas. Es la única manera de eviitar un mayor deterioro de la Comunidad, en la que, por fin, vamos a engancharnos con realismo y sin desconocer las dificultades que ello entraña.