El juez que investiga la red de Valencia echa en falta la acusación popular

MANUEL MUÑOZ, La red de prostitución de menores descubierta en Valencia a finales de enero pasado ha polarizado la atención de la opinión pública sobre estos fenómenos y su investigación. Hasta ahora han sido procesadas 20 personas, como responsables de la red o clientes. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, José María Tomás, de 35 años de edad, piensa que "la investigación sería más efectiva si estuviésemos más al día en medio?. No se queja de las posibilidades que ofrece la legislación y cree que esta operación, llevada a cabo por el Grupo de Policía Judicial adscrito a la Audiencia Territorial de Valencia, "demuestra la eficacia y la necesidad de la policía judicial, en la actualidad casi inexistente".

Las investigaciones se iniciaron casi por casualidad cuando Bibí, una niña de 14 años de edad, cuya desparición había sido denunciada por sus padres, fue localizada por la policía en el club de carretera La amazona, de Buñol. Este fue el primer eslabón para encontrar, a través de sus declaraciones a otra chica de 14 años y cuatro más de 15, que eran obligadas a prostituirse en establecimientos de este tipo y casas de citas, en la provincia de Valencia.

Familiares de algunas de las niñas halladas habían denunciado su desaparición, pero todo quedaba resuelto desde este punto de vista, con la localización de las menores y la devolución a sus familiares. Ninguna de las familias ha presentado denuncias por otros conceptos y en este momento en el sumario figuran como únicas partes el ministerio fiscal y los 20 procesados hasta la fecha.

El juez piensa por ello que sería bueno para la investigación que algunos ciudadanos ejercieran la acción popular prevista en la Constitución, con el fin de contribuir, como una parte más, al esclarecimiento de los hechos. "No es que reclame la acción popular", indica. "Lo que digo es que un asunto como éste tiene una gran transcendencia social, en función de unos criterios morales, fijados en las leyes, que son los que la misma sociedad se da. Y la forma de que la sociedad tome parte en la investigación sería que alguien ejerciese la acción popular".

Por lo que respecta a los elementos legales para perseguir este tipo de actividades delictivas, el juez no se queja de los que existen actualmente. Entre los detenidos hay presuntos organizadores, cuyo jefe parece ser Arturo Carrasco Picazo, regentadores o regentadoras de clubes y casas de citas, o meros clientes, como parece ser el caso del concejal socialista del Ayuntamiento de Burjassot, Santiago González, que también se encuentra procesado.

Estas figuras penales son, entre otras, corrupción de menores, violación, rapto, amenazas, detención ilegal, delito contra la salud pública y proxenetismo. Los supuestos clientes procesados lo están por corrupción de menores.

Según las declaraciones de las niñas, éstas eran localizadas en bares u otros locales públicos de Valencia. Alguno de los componentes de la banda les ofrecía trabajo y las invitaba a acompañarle a su domicilio. Algunas de ellas se habían marchado de casa por problemas con sus familias y otras estaban en dificultades económicas. Si las chicas accedían, eran conducidas a un piso situado en la barriada valenciana de Benicalao.

Al cabo de unos días, los organizadores de la red las obligaban a prostituirse y al negarse comenzaban los malos tratos por parte de sus secuestradores, que les impedían huir. Han denunciado en sus declaraciones todo tipo de vejaciones y agresiones: flagelaciones, patadas, puñetazos, ahorcamientos simulados y violaciones.