Los ayuntamientos desconfían de su futura capacidad fiscal y piden mayores transferencias desde otros niveles de gobierno

Los ayuntamientos desconfían de su capacidad fiscal y se resisten a las invitaciones de Hacienda para que la asuman y profundicen. Por ello, quieren que la próxima reforma de las haciendas locales les asegure mayores transferencias del Estado y una participación nueva e importante en el dinero de las autonomías. Igualmente, prefieren recargos estatales en las gasolinas a los actuales impuestos de circulación. Esta forma de entender la autonomía municipal, vinculada económicamente a los poderes central y autonómico, ha quedado patente en las reuniones donde Administración y municipios han intentado ponerse de acuerdo sobre el proyecto.

En los diversos grupos de trabajo formados el viernes para analizar las futuras fuentes financieras de los ayuntamientos, los dos centenares de alcaldes y concejales asistentes al seminario de Valladolid se ocuparon menos de concretar su reforma tributaria que de garantizar el aumento del dinero procedente de otros niveles de gobierno. Las conclusiones leídas ayer bosquejan su cuadro fiscal deseado. Pero hay dudas de que pueda estar pronto en vigor. Si el proyecto no entra en las Cortes antes del verano -y el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, dijo en la clausura que no podía asegurarlo-, será difícil que pase el trámite parlamentario antes de terminar la legislatura. De ahí la preocupación de los alcaldes por las transferencias de otras administraciones (central, autonómica, diputaciones).En lugar de ampliar y extender el actual impuesto sobre circulación de vehículos, idea que había admitido la Federación Española de Municipios y Provincias, los ayuntamientos han resucitado mayoritariamente su petición de que Hacienda fije por ellos un recargo o participación sobre las gasolinas.

Respecto a los impuestos sobre la actividad económica -segundo pilar de los tributos proyectados-, gran parte de las corporaciones locales, en línea con la Administración central, quieren refundir las licencias fiscales y de aperturas, junto al impuesto sobre radicación, en un nuevo tributo que grave los beneficios por actividades comerciales o industriales. Otros impuestos sobre la actividad económica, ya voluntarios, serían los recargos en el impuesto sobre la renta; el impuesto sobre restauración, estancias y espectáculos; y los tributos sobre construcciones, instalaciones y obras.

El tercer eje, integrado por la imposición inmobiliaria, tendría como protagonista central la actualización de la contribución territorial (urbana o rústica). Es uno de los proyectos donde hay mayor convergencia con la Administración. Los alcaldes intentan que este tributo grave el valor real de los inmuebles o fincas, para lo cual solicitan ayudas en la actualización periódica de catastros, ahora inferiores en más de un 30% de media a los precios de mercado. Hacienda, favorable a que los nuevos impuestos locales absorban buen número de tasas, ha propuesto que en la contribución territorial aparezca subsumida, entre otras, la tasa de equivalencia o las de plusvalías. Pero algunos ayuntamientos opinan que el Estado carece de verdaderos impuestos sobre el capital y perderían los municipios que los tienen desarrollados.

Fondos compensatorios

Al apoyar paralelamente los nuevos fondos de solidaridad regionales, los ayuntamientos buscan captar también los ingentes recursos con los que les apoyan las diputaciones. El recargo del que disfrutan éstas -el 1% del impuesto sobre tráfico de empresas (140.000 míllones de pesetas en 1984)- será transformado al aprobarse el impuesto sobre el valor añadido en un porcentaje de participación de las diputaciones en los ingresos del Estado. En cambio, persistirá como fuente financiera de las diputaciones el canon de energía eléctrica, que proporciona a las diputaciones 17.000 millones de pesetas anualmente.Pero las diferencias más grandes con Hacienda siguen centradas en las transferencias del Estado, que deben arbitrarse con o sin la reforma por ley de financiacilón de las haciendas locales. Insatisfechos con los recientes cambios en el Fondo de Cooperación Municipal -mecanismo por el que Hacienda paga a los ocho millares de pueblos españoles casi la cuarta parte de los 1,3 billones de pesetas que gastan-, los municipios han expresado su deseo de volver a calcularlo como un porcentaje fijo sobre los ingresos del Estado, revisable cada cinco años, al alza o a la baja, algo similar a lo que se hacía hasta 1984.

Durante el acto de clausura del seminario, que ha durado tres días, dos centenares y medio de personas, convocadados por la Federación de Asociaciones de Vecinos, manifestaron ante el recinto su oposición al recargo del 4% en el impuesto sobre la renta aplicado por el ayuntamiento de Valladolid. Al mismo tiempo, los concejales del PCE por este municipio difundieron un escrito en el que urgen la reforma de financiacíón de las haciendas locales.