Los miembros de las juntas argentinas serán juzgados bajo la ley castrense en abril

La Cámara Federal argentina de lo Penal y Correccional iniciará en abril el juicio contra los miembros de las tres primeras juntas militares que en el llamado Proceso de Reorganización Nacional gobernaron el país entre 1975 y 1982. El juicio será civil, pero tendrá carácter sumario y con arreglo al Código de Justicia Militar.

Siete de los nueve altos militares argentinos procesados por el decreto 158 del presidente Raúl Alfonsín como presuntos responsables de crímenes contra la humanidad serán trasladados en breve desde sus respectivas prisiones a la unidad penal 22, en el centro de Buenos Aires, muy próxima a la sede de la Cámara Federal, donde serán juzgados en vista pública.Ya se encuentran en prisión preventiva rigurosa los tenientes generales y ex presidentes Jorge Videla y Roberto Viola, los almirantes Eduardo Massera y Armando Lambruschini y el brigadier del Aire Orlando Agosti. También en prisión preventiva, pero por su actuación en la guerra de las Malvinas, se encuentran el teniente general y ex presidente Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya; en libertad provisional se hallan los brigadieres del Aire Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. Por primera vez en la historia penal tres ex presidentes consecutivos de una nación arrastrarán un proceso por supuestos crímenes de lesa humanidad.

Seis jueces de la Cámara Federal, presididos por León Carlos Arslanián, dictarán sentencia. La fiscalía estará encabezada por Julio César Strassera. Éste será el primer juicio oral celebrado en Argentina desde el realizado en 1970 contra los presuntos secuestradores y asesinos del teniente general y ex presidente Pedro Eugenio Aramburu.

Escenario del juicio

La sala de la Cámara Federal, neogótica, cuenta con capacidad para 500 personas distribuidas en una platea y dos pisos; 100 periodistas argentinos y extranjeros podrán presenciar las sesiones, que comenzarán diariamente a las dos de la tarde, y se prevé la posibilidad continuar el juicio sábados y festivos, si es necesario, dado el carácter sumario de la causa. Los nueve reos podrán excusar su presencia en el banquillo de los acusados y hacerse representar por sus letrados, excepto cuando realicen sus descargos y cuando reciban sentencia.Las medidas de seguridad serán tan excepcionales como el mismo juicio, tanto en el exterior de la Cámara Federal como en su interior, a fin de hacer prevalecer la autoridad del tribunal en unas vistas que se esperan plagadas de incidentes. Ya se da por segura, para empezar, la intervención de las defensas solicitando de la Cámara la expulsión de la sala de las madres de la Plaza de Mayo.

Ambas partes -fiscalía federal y defensores- guardan lógicas reservas sobre sus principales líneas de acción, aunque ha trascendido la intención de la defensa de recordar la orden de exterminio militar de la subversión y el terrorismo del último Gobierno constitucional de Isabel Perón.

Por parte de las defensas del teniente general Jorge Videla y del almirante Eduardo Massera se espera todavía algo más: una encendida argumentación política cuestionando la viabilidad de la democracia parlamentaria en el país. A la vuelta del verano austral los argentinos encontrarán servido lo que muchos estiman como el juicio del siglo y otros temen que sea el juicio final.