Haz y envés de los propósitos

Ya desde los primeros momentos que siguieron a la victoria del partido socialista en la presente legislatura se alzaron, desde la derecha, voces que pregonaban la ilegitimidad de sus usos políticos. Según se reconoce general y públicamente -salvo empecinamientos cerriles y no del todo importantes- la transición española hacia la democracia ha venido a resultar, amén de insólita y sorprendente, un nuevo y exclusivo modelo que hubo de incorporarse a la doctrina de la teoría, la historia y la sociología políticas. Pues bien: debe entenderse que esa transición no hubiera podido completarse como tal ejemplar proceso sin la alternativa de gobierno que supuso la victoria socialista, pese a que determinadas y muy extendidas críticas parezcan olvidar tales supuestos mientras encubren, en sus argumentos, una descalificación de los usos democráticos en general. Esta actitud la entiendo como algo preocupante porque la consabida táctica de asedio al poder -también practicada extensiva y, con frecuencia, irresponsablemente desde las filas socialistas en la oposición, desde las filas socialistas todavía de ayer- no puede exagerarse sin arriesgar instituciones y modos institucionales y, por ende, suprapartidistas, a menos que se estuviere apostando muy a las claras por la involución.En estos últimos tiempos tuvimos ocasión, los españoles, de oír un leit-motiv monótono aplicado al Gobierno y al Parlamento: el del rodillo socialista. Al argumento del partido en el poder sobre los célebres y pregonados 10 millones de votos se le dio la vuelta, como a la piel de un conejo, para invocar supuestas ilegitimidades sobre el funcionamiento de las Cortes y el Boletín Oficial del Estado. No sería legítimo, en esa tesitura, el imponer leyes que pudieran perjudicar los intereses del conjunto de los ciudadanos representados ideológicamente por los partidos de la actual oposición en su ala, muy grande por supuesto, de la derecha, ni siquiera -de dar por válidos tales argumentos- cuando esas leyes y decretos hicieran realidad proyectos ya contenidos en el programa electoral triunfante.

Nadie duda ni del carácter electoralista de los programas ni de la necesidad de todo gobernante de adoptar una perspectiva de Estado que jamás llega a coincidir del todo con la que se disfruta -o se padece- desde la oposición, pero concluir de ahí que las promesas electorales deben arrinconarse y suplirse por norma con la que desarrollar una política de consenso, resulta una sutil y peligrosa falacia que puede conducir, en último término, a la comedia de las alternativas de poder pactadas y al pucherazo en nombre de una turbia suerte de despotismo ilustrado. La democracia exige, como uno de sus principios fundamentales, el derecho de los ciudadanos a equivocarse, sobre todo cuando el supuesto error se calibra desde unas posiciones políticas sesgadas. Me parece que el ejemplo de lo sucedido con la ley orgánica de Educación es bien patente.

Pero en realidad, ¿qué es lo que han hecho los socialistas como desarrollo de su programa? Y de otra parte, ¿en qué pueden basarse objetivamente las críticas que reciben desde la derecha? El partido que ahora está en el poder ha sido un magnífico modelo de las dificultades que se tienen para gobernar en momentos de crisis, dificultades que habitualmente se achacan a la debilidad parlamentaria cuando no se cuenta con tan holgada mayoría como la que tienen. La gestión socialista puede seguirse sin más que enumerar sus ciertas mínimas y múltiples torpezas, sus escasos e importantes aciertos, sus arrogancias y sus muestras de legítimo sentido de poder.

Pero nada de eso hace ahora a mi discurrir, ya que lo que verdaderamente me interesa es la consideración de que, en no pocas ocasiones, el Gobierno se ha apartado claramente de la línea enunciada en su programa electoral. Jamás ha sido eso piedra de escándalo para las fuerzas políticas, al margen, claro es, de la absurda promesa sobre la reducción de las cifras del paro. Cuando los antagonistas claman airados es en el momento en que el Gobierno resulta consecuente con las promesas electorales, esto es, cuando lleva a cabo una política de Estado de corte socialista. Entonces se habla de rodillos y se reclaman los pactos institucionales que puedan evitar punto menos que la dictadura del proletariado.

Lo bufo del planteamiento no debe desviar atenciones ni minimizar riesgos. Resulta obvio que nuestro socialismo es de una moderación desmesurada -también ejemplar- y es probable que las circunstancias históricas en las que vivimos no permitiesen tampoco otros más acelerados ritmos de cambio. Pero la descalificación de los muy tímidos pasos que se dan hacia una socialdemocracia de corte europeo no pueden irse denunciando como vicios del propio sistema democrático. La oposicióntiene el perfecto derecho -y aun el riguroso deber- de criticar la política gubernamental y denunciar sus errores y, en realidad, resulta encomiable el ver hasta qué punto se ha tomado en serio -ahora y entre nosotros- su papel institucional; también es de resaltar su inteligente madurez como facción perdedora, que puede llegar hasta asombrarnos y admirarnos. Pero fuera del Parlamento, quiero decir en la calle, se levantan de continuo voces pretendidamente sociales que están abonándose a la táctica del grupo de poder arropadas por una Prensa en su mayoría dócil y complaciente. Y esas voces extraparlamentarias, en el más estricto sentido del término, tiran por elevación contra la propia democracia. Recientemente se ha dicho, por ejemplo, que una nueva victoria socialista por mayoría absoluta significaría el fin de la democracia y el advenimiento de la dictadura de izquierdas. Y eso no descalifica al partido socialista, sino a los españoles que ejercen su derecho al voto. Una victoria absoluta de quien sea, al margen de que fuere o no deseable por unos o por otros, es una consagración de los modos democráticos; la nostalgia de correcciones externas de la voluntad expresada por los votos es, ciertamente, algo muy distinto y que no hace falta nombrar porque quizá esté todavía en el inmediato recuerdo.