Espía, que algo queda
LA EXPULSIÓN de un secretario de la Embajada de Estados Unidos en Madrid y de otro ciudadano norteamericano adscrito a la base de Torrejón de Ardoz, acusados ambos de actividades de espionaje contra instalaciones de la Presidencia del Gobierno español, no puede sino suscitar indignación en la opinión pública. España está vinculada a la estrategia militar estadounidense por el doble lazo de un tratado bilateral, cuya aplicación concede a los norteamericanos el uso de bases aéreas y navales en nuestro territorio, y de la común pertenencia a la Alianza Atlántica. Aunque los desiguales términos del convenio de 1953 reflejaran el entreguismo y la debilidad negociadora del régimen franquista, que aceptó las duras condiciones impuestas por Washington en aras de los intereses específicos de la dictadura para salir de su aislamiento, la España democrática pasó la esponja del olvido sobre las irregularidades del pasado y ratificó el sentido genérico de esa alianza. Las negociaciones para la renovación del tratado se limitaron a equilibrar una relación originalmente descompensada y a obtener garantías respecto a la correcta utilización de las bases militares.De esta forma, los malos recuerdos del apoyo prestado por la diplomacia norteamericana a la dictadura franquista, cuya supervivencia hubiera sido imposible sin el respaldo de Estados Unidos, quedaron borrados por una visión de futuro basada en los intereses nacionales, la necesidad de consolidar el régimen de libertades y la conciencia de la interdependencia de España en el seno del sistema occidental europeo. Aun a costa de perder popularidad, el Gobierno socialista ha resuelto proseguir con la política de alianzas. La decisión de Felipe González de recomendar el voto favorable a la perinanencia de España en la Alianza Atlántica habla a las claras de ello.
El deseo expresado por el Gobierno de celebrar -durante los primeros meses de 1986- un referéndum sobre esa cuestión, se enfrentará a costes políticos evidentemente muy elevados. Imponer la permanencia de España en la OTAN a una opinión pública mayoritariamente adversa sería un paso moral y políticamente inadmisible y significaría dejar abierto un problema que podría replantearse todavía con mayor fuerza y virulencia al cabo de unos años.
En esta perspectiva, las actividades de espionaje realizadas por los dos diplomáticos estadounidenses expulsados de España adquieren casi el carácter de una provocación. Cualquier analogía con los funcionarios de la Unión Soviética o de otras naciones sorprendidos en operaciones de espionaje dentro de nuestro territorio resulta improcedente. Estados Unidos es un aliado militar -bilateral y multilateral- de España y la potencia que lidera la Alianza Atlántica en la que se nos invita a permanecer por el propio Gobierno español. Un mínimo sentido de la dignidad obliga a todos los españoles a rechazar esa agresión a nuestra soberanía. Es probablemente cierto que las ingenuas concepciones decimonónicas de la soberanía nacional han sido parcialmente modificadas a resultas de la interdependencia -económica, política, militar y cultural- del sistema mundial.
Para mayor desgracia, la noticia de la expulsión de esas dos personas, amparadas por su condición de funcionarios de un Estado aliado, coincide con el afloramiento por la Prensa norteamericana de los planes secretos de la Administración estadounidense para instalar -en las imprevisibles circunstancias que el Pentágono se encargaría unilateralmente de definir- armamento nuclear en las bases militares instaladas en ocho países, entre ellos España. El Congreso de los Diputados, que encarna -junto con el Senado- la soberanía popular, resolvió ya durante la anterior legislatura, de forma abrumadoramente mayoritaria, la desnuclearización de nuestro territorio. El presidente Gorizález ha ratificado en varias ocasiones que España no acimitirá armamento nuclear dentro de sus fronteras. Y el tratado hispano-norteamericano recoge el compromiso formal de la Administración estadounidense de no almacenar ni introducir en el territorio español armas micleares.
La reacción del Gobierno y de los portavoces de las restantes fuerzas políticas, incluida Alianza Popular, ante la información sobre esos planes secretos, ha unido la sorpresa con el rechazo. Las resoluciones del Parlamento español respecto a la desnucleariz ación del territorio son inequívocas. Cabe confiar así que todos los grupos parlamentarios respalden al Gobierno a la hora de exigir de la Administración Reagan una explicación plenamente satisfactoria y una garantía stgura de que ese plan de acción unilateral -antes secreto y ahora públíco- nunca podría entrar en funcionamiento. La noticia de ahora sobre los actos de espionaje contra el Gobiemo de un país aliado demanda también la protesta de todas las fuerzas políticas. Antes de que se produzca el anunciado viaje de Ronald Reagan a Madrid, la opinión pública merece una explicación y una satisfacción de su futuro huésped.
