Miembros de un tribunal denuncian anomalías en un concurso de la Xunta
![Manuel Rivas](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F9605e76e-4b1d-42c0-be84-ae5184570ff6.png?auth=620ac152c1dc41ee1dab1cee9b43e1950bb634a71d951ac2f05ab675b07f7af3&width=100&height=100&smart=true)
Un grupo de personas ha denunciado la existencia de anomalías en un concurso público para cubrir 38 plazas en los centros de protección de menores de Galicia. Los denunciantes, miembros del tribunal inicialmente encargado de la selección, responsabilizan de las presuntas irregularidades a la Dirección General de Justicia de la Xunta. El Consejo Superior de Protección de Menores no ha ratificado los resultados de la prueba.Los discrepantes -un magistrado, dos representantes sindicales y un miembro del consejo superior mencionado- abandonaron el tribunal, en el que eran mayoría, al no conseguir una ampliación de la convocatoria. Constituido un nuevo tribunal, con mayoría ya de los representantes de la Xunta, el proceso de selección siguió adelante, aunque los resultados, finalmente, no fueron asumidos por el Consejo Superior de Protección de Menores, que suscribía el concurso en convenio con la Administración autónoma. El Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia ha anunciado también que impugnará la prueba, recurrida individualmente por varios aspirantes y por el sindicato UGT.
Entre las irregularidades que se citan figuran, la convocatoria se hizo pública dos días antes de finalizar el plazo de inscripción, apenas se divulgó -en un diario salió el anuncio dos días después de cerrarse el plazo-, y, pese a ello, se invalidó más de la mitad de las solicitudes -unas 150- por motivos como falta de una fotografía o de una fotocopia, deficiencias de las que los aspirantes no eran advertidos. Se da la circunstancia de que fueron rechazados, de entrada, aspirantes con varios títulos académicos y experiencia en este tipo de enseñanza.
Las críticas sostienen en el fondo una presunción de favoritismo, dado que un número significativo de los contratados procede, según los disconformes, de la comarca de Ortigueira, de donde es el director general de Justicia de la Xunta, Juan Luis Pía Martínez.
Antes de la convocatoria, 17 personas fueron contratadas directamente para reforzar los centros, y tres de ellas fueron destinadas a uno de Pontevedra cerrado por reformas.
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