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El Ayuntamiento de Torrelodones exige al casino de Madrid un impuesto del 40% sobre entradas y consumiciones

El Ayuntamiento de Torrelodones y el casino Gran Madrid, ubicado en este término municipal, mantienen desde el pasado septiembre un fuerte enfrentamiento por cuestiones económicas. El casino recurrió contra una ordenanza que le obliga a aumentar el importe de la entrada de 400 a 560 pesetas y a incrementar en un 40% el precio de las consumiciones, lo que permitiría ingresar más de 100 millones de pesetas al año a las arcas municipales, e impugnó el presupuestó del Ayuntamiento.

El pasado 30 de septiembre, en el pleno del Ayuntamiento, los siete concejales de Torrelodones Agrupación Electoral (TAE), grupo al que pertenece el alcalde, Serapio Calvo, y el único concejal del PSOE votaron a favor de la Ordenanza del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, que contó con los votos en contra de los tres concejales de Alianza Popular.Según esta ordenanza, que entró en vigor el 1 de enero pasado, los clientes de hoteles y restaurantes de lujo deben abonar un porcentaje del precio del servicio en concepto de impuesto municipal. La ordenanza no pasaría de anécdota ante la práctica inexistencia de establecimientos de este tipo en Torrelodones, un municipio de poco más de 4.500 vecinos, a medio camino entre la ciudad de Madrid y la sierra del Guadarrama, si no dedicara un capítulo entero a "Entradas y consumiciones en salas de fiesta y casino de juego". Las 700.000 personas que visitan al año el casino de Madrid tendrán que pagar, según la ordenanza, un impuesto del 40% sobre el importe de la entrada y sobre las consumiciones que no se incluyan en el precio de aquella.

La reacción del casino fue negarse a aumentar los precios y recurrir contra la decisión municipal. "La Ordenanza es ¡legal, inadmisible y no tiene el más mínimo soporte legal", afirma Ángel Escolano, presidente del consejo de administración del casino Gran Madrid, SA. Escolano acusa al Ayuntamiento de pretender imponer una normativa que "nos haría poner en la calle a más de 200 personas, que disminuiría y empobrecería el negocio y que arañaría una cantidad importan te a los impuestos que pagamos al Estado". Según Escolano, "el efecto de la ordenanza sería un descenso acusado del número de clientes, mientras el Ayuntamiento se llevaría cerca de 400 millones de pesetas".

Los argumentos de Serapio Calvo, alcalde de Torrelodones, son diferentes. "De entrada, el Casino no alegó nada durante el tiempo que la ordenanza estuvo en período de información al público y sólo cuando se cerró éste y fue publicada por segunda vez en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid expresó su protesta".

La actitud de]lcasino es inconsistente y contradictoria, según Calvo. "Primero argumentaron que la necesidad de utilizar moneda fraccionada podía producir aglomeraciones y acordamos que la entrada se podía reducir a 500 pesetas. Luego dijeron que podía suponer el cierre del casino.

El alcalde afirma que la cantidad que el casino deberá pagar por el nuevo, impuesto no es tan importante como sus portavoces dicen. "Serán unos 80 o 90 millones de pesetas por entradas y unos cinco millones por consumiciones". Estos datos de la alcaldía no coinciden con los 112 millones resultantes de multiplicar el número de 700.000 visitantes al año por las 160 pesetas del impuesto.

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El mayor contribuyente

El casino Gran Madrid, SA, no se ha limitado a recurrir la ordenanza. "Somos el mayor contribuyente del Ayuntamiento porque pagamos más de 100 millones de pesetas en licencias fiscal les, además de que el casino da trabajo a más de 200 personas del pueblo. No podemos, por tanto, aceptar esta situación", afirma Ángel Escolano. "El Ayuntamiento de Torrelodones es el de mayor renta per cápita de España, es un pueblo con pleno empleo y no puede crear un impuesto si no lo necesita, aparte de que la ley obliga al Ayuntamiento a prefijar el destino de sus nuevos ingresos". No hay que olvidar tampoco que la riqueza del casino la producen principalmente las personas que vienen de Madrid, y que gracias al casino el Ayuntamiento de Torrelodones ha podido pasar en tres años de un presupuesto de 60 millones de pesetas a otro de más de 200 millones de pesetas".

La sociedad propietaria del casino decidió impugnar los presupuestos municipales de 1984 y los de los patronatos de Cultura y Deportes. Según el contenido de los recursos, "el presupuesto de Torrelodones no es un presupuesto, sino una cuenta de resultados". En los recursos se cita el caso del presupuesto de 1984, que fue aprobado dos meses antes -noviembre pasado- de que terminara el año pará el que se hacía.

José Guerrero, concejal del PSOE, reconoce que con el presupuesto de 1983 ocurrió lo irtismo, y fue aprobado pocos días antes de que ternúnara el año al que se refería, por lo que su partido está tranútando una petición al Tribunal de Cuentas para que practique una auditoría. También se indica en el recurso que las tres cuartas partes de los 220 millones del presupuesto municipal se destinan a gastos corrientes.

Los gastos de personal del Ayuntamiento, que tiene 4.537 vecinos, son de 72 millones de pesetas; el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento exige un gasto de 71 millones; bajo el concepto de "otros gastos especiales de funcionamiento" se asignan 22 millones y en el de "otras inversiones" se consignan 17 millones.

El alcalde, Serapio Calvo, desmiente que el paso de un presupuesto de 38 millones de pesetas en 1979 a 220 millones en 1984 se haya debido exclusivamente al casino. "El pueblo trajo el casino, y no el casino al pueblo".

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