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CANARIAS

La Armada investiga corrupciones en la adjudicacion de obras estratégicas

El Estado Mayor de la Armada española está desarrollando en Las Palmas una exhaustiva investigación para averiguar si en la zona marítima de Canarias hay algún militar implicado en presuntas corrupciones de adjudicación de obras estratégicas al constructor Germán Blanco Pastor, quien desde hace un tiempo se ha hecho cargo de la mayoría de las contrataciones directas de la Marina de Guerra.

El jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Guillermo Salas Cardenal, ha designado un juez militar para que investigue en Canarias este presunto delito de corrupción. El juez García Alonso, que es capitán de navío, se ha desplazado a Las Palmas para averiguar si varios mandos militares destinados en la capital grancanaria recibieron diversas sumas de dinero por parte del constructor, a cambio de que se le adjudicase a éste de forma directa la ejecución de obras de carácter estratégico.El juez militar ya ha citado a declarar a los presuntos implicados, además de a diversos jefes y oficiales de la Armada en Canarias. El director general de Relaciones Informativas de la Defensa, Lluís Reverter, ha dicho que el Ministerio de Defensa, y especialmente su titular, Narcís Serra, está muy interesado en que las investigaciones concluyan con un documento clarificador. La depuración de responsabilidades es considerada por altos cargos de la Armada como "absolutamente necesaria".

Estas investigaciones oficiales se siguen a raíz de un artículo publicado la semana pasada por el semanario Tiempo, en el que su enviado especial a Canarias y jefe de reporteros de la revista, Luis Reyes, escribía, entre otras cuestiones, lo siguiente: "Germán Blanco, un empresario clasificado por el Ministerio de Defensa para intervenir en la construcción de bases militares, ha hecho favores económicos a mandos de la Marina de Guerra destinados en Canarias, donde ha realizado numerosas obras y suministros para la Armada, incluida la construcción de una importante base secreta".

El semanario aseguraba que poseía documentación para comprobar las afirmaciones vertidas.

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