Sobre ignorancias, sabidurías y silencios / y 2

El crecimiento del presupuesto de defensa es muy superior, según el autor de este artículo, a lo previsto en la actual legislación. De ahí que la declaración del presidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán, que se produce en un ambiente de silencio sobre estos temas, haya producido enojo al Gobierno y a su oposición.

Desde el año 1977, los gastos de defensa han venido aumentando en porcentaje del producto interior bruto (PIB). Al margen de sindromes, es un excelente servicio que la democracia ha hecho a un país que se encontraba pésimamente defendido, con recursos escasos y utilizados de manera notoriamente deficiente, aunque entonces la actual derecha no parecía muy preocupada por el asunto. Pero aumentar los gastos de defensa no es ningún gozo, y lo que apunta el presupuesto para 1985 quizá sea para meditar. La Ley 44/ 1982, de Dotaciones Presupuestarias para las Fuerzas Armadas, sucedió a otras iniciadas en 1971, que habían agotado sus períodos de aplicación, y pretendió poner un poco de racionalidad en algo que era completamente absurdo: el crecimiento anual de ciertas dotaciones militares se establecía en las leyes anteriores en cantidades absolutas, al margen del índice de inflación, de las variaciones del PIB y de la evolución de la cotización exterior de la peseta; se estimó entonces que los gastos de defensa habían tocado techo en porcentaje del PIB y se trataba de estabilizarlos en términos reales.Una ley plurianual de dotaciones tiene mucho sentido para la adecuada programación y ejecución de ciertas inversiones y gastos de personal de las Fuerzas Armadas, y con cierta frecuencia se invoca por los responsables polítícos, recalcando la fecha, 1982, como si eso sirviera para lavarse las manos mediante el endoso de las incómodas consecuencias actuales a un pecado pasado y ajeno.

Pero no es tan sencillo. Quien menos puede invocar la ley como causa de sus limitaciones es el legislador o, si se quiere, quien tiene mayoría clara en las cámaras, ya que no hace falta ser un jurista muy agudo para saber que una ley, si no gusta, se cambia por otra y basta, y más aún, que el presupuesto no está vinculado por ninguna ley pre via que fije niveles sectoriales de gasto, ya que da la casualidad de que el presupuesto es también una ley. Tampoco es ocioso recordar que aquella ley de 1982 fue aproba da por la mayoría de entonces y por la de ahora, que entonces era, precisamente, minoría. Pero, sobre todo, ¿qué dice la ley? Entre otras cosas, que el crecimiento medio de las dotaciones para el programa conjunto no excederá del 2,5%. anual en términos reales en el período, de tal manera que si los gastos de personal crecen más, habrá que reducir las dotaciones para inversiones y material. Y también dice la ley que el Gobierno, a la vis ta de las circunstancias cambian tes, propondrá a las Cortes las modificaciones que procedan.

Previsiones

Para una programación a ocho años había que partir, lo que es obvio, de unas previsiones. La básica era la del crecimiento medio anual del PIB, que fue la del 2,5% en términos reales. Por eso la ley incluía, lógicamente, unas cláusulás de salvaguardia. La ley permite en ciertos casos anticipar dotaciones de ejercicios futuros, y tampoco se vulnera sí éstas se posponen hasta ese futuro de relativa bonanza siempre anunciado, que, a no dudar, según las previsiones del Gobierno, se producirá en un plazo razonablemente breve, cosa que, por cierto, ya se hizo en alguna ocasión y quizá se pudiera repetir.

La situación presupuestaria es tan delicada, a causa de la crisis y del ajuste para salir de ella, que difícilmente puede recibir, sin más, el impacto de la ley sin la utilización de las cláusulas de salvagualdia. Y si no fuera por el famoso síndrome, quizá se habrían tomado ya algunas medidas. Compromisos más claros e individualizados tenía el Gobierno español (no éste ni el anterior, sino el Gobierno español) con centenares de miles de funcionarios que habían estado cotizando para tener ciertas pensiones al jubilarse, y las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno, en las últimas leyes presupuestarias, las han limitado de manera tajante y sin contemplaciones, suprimiendo derechos y expectativas con una nueva ley, y sin compensación. Y no quiero meterme en el camino fácil de las comparaciones enicitivas entre lo que se corta y no se corta en la fronda presupuestaria, porque repartir la escasez es siempre duro y difícil. Pero algo llama la atención en el presupuesto para 1985. Las inversiones públicas presupuestarias crecen en pesetas corrientes, y sobre el presupuesto de 1984, en el mejor de los casos, un 6,1 %.; dentro de ellas, las inversiones de la Ley 44/1982, de Dotaciones a las Fuerzas Armadas, crecen el 14,6%, y el total de las inversiones reales de Defensa, el 13,4%. Los gastos de personal de las Fuerzas Armadas crecen el 12,9%, habiendo sido el aumento general de las retribuciones del conjunto de funcionarios un 6,75%, y no es que haya habido expansión de plantillas militares; el presupuesto recoge las consecuencias de la Ley 20/1984, de Nuevas Retribuciones de las Fuerzas Armadas, con un aumento específico para ellas por razones que pueden estimarse atendibles. Pero precisamente la Ley 44/1982, previendo estas situaciones, había establecido la reducción o aplazamiento de algunas dotaciones para inversiones y material cuando se produjeran incrementos de esta clase para gastos de personal.

Y así nos encontramos que aquellas partidas de la Ley 44/ 1982 que no debían crecer más del 2,5% en términos reales aumentan en el presupuesto de 1985 un 13,54%: descuenten un 7% de inflación prevista y resulta un crecimiento, en términos reales, del orden del 6%, muy por encima de esa media del 2,5% de la Ley 44/1982. De esta manera, aplicando sin restricciones varios años seguidos una ley pensada para un crecimiento del PIB del 2,5% anual, que no se ha alcanzando ni una sola vez en el período, y con el añadido del incremento extra de los gastos de personal, la participación de los gastos de defensa en el PIB podría incrementarse algunos años. ¿Habrá que tomar alguna medida precisamente en aplicación de la Ley.44/1982?

Arzobispo, a tus zapatos

Para lo que el Gobierno, hay que reconocerlo, no se siente muy estimulado por el principal partido de la oposición, sino muy al contrario. Y a pesar de que ese partido se ha desgañitado hasta enronquecer en contra del déficit presupuestario, que, por lo visto y oído, es poco más que un espantajo que permite toda suerte de licencias oratorias que no afecten a los problemas concretos del gasto, y menos aún si se trata de gastos de defensa. Y cuando alguien perturba el bendito silencio, la reacción es de mal disimulado enojo; como en este caso se trata de un arzobispo, la cantilena es ya la históricamente conocida: arzobispo, a tus zapatos.

Pero a lo mejor eso permite que quienes no son arzobispos puedan hablar con responsabilidad y sin complejos de una cuestión verdaderamente grave. Y eso habrá que agradecérselo, sin duda, al señor arzobispo, al que, por cierto, como a tantos otros españoles, sería oportuno que quienes se encuentran tan seguros de estar en el camino de la perfección presupuestario-defensiva trataran de convencer o, al menos, de enseñar, en vez de arreglarlo todo con afirmaciones tajantes que a nada conducen; desde luego, no a generar el tipo de asentimiento social que necesita una política de defensa en un país en libertad.