Sorpresa por la presidencia de Interior en la comisión que mediará entre policías y jueces
La creación de una comisión paritaria entre el Ministerio de Interior y el Poder Judicial, presidida por un representante del Gobierno, ha causado "asombro y cierto desconcierto" en medios progresistas de la policía y de la judicatura, que si bien consideran que todo intento de diálogo es positivo para solucionar "viejos problemas", estiman desproporcionado que sea Interior quien presida la comisión y que en ella no esté representado el Ministerio de Justicia, interlocutor hasta ahora del Consejo General del Poder Judicial con el resto del Gobierno.El colectivo Jueces para la Democracia, que se enteró ayer de la creación de esta comisión a través de los medios de comunicación social, ha incluido este tema en la reunión que su secretariado celebrará el próximo día 18. Un portavoz de este colectivo, eminentemente progresista, dijo que "se estudiarán las consecuencias que pueda traer la constitución de esta comisión", ya que se trata "de algo nuevo en las relaciones de dos organismos del Estado".
Fuentes de la judicatura mostraron su desconcierto porque un representante del Gobierno, el subsecretario Rafael Vera, esté al frente de la comisión, y por los criterios seguidos, hasta ahora desconocidos, para la elección de los dos jueces de Madrid y de Barcelona que representan al Consejo General del Poder Judicial, que consideran "no representativos". Un alto cargo de Interior, sin embargo, calificó de "importante" la creación de esta comisión y consideró "positiva" cualquier iniciativa que siente en una misma mesa a miembros de los cuerpos de la seguridad del Estado y de la judicatura, y sirva, a su vez, para buscar soluciones a los problemas planteados, entre los que puso como ejemplo, aunque sin citarlo específicamente, el del fiscal Emilio Valerio.
Este mismo alto cargo recalcó que esta comisión, además de intentar solventar cualquier tipo de conflicto entre la policía y la judicatura, tiene como objetivo sentar las bases para la definitiva regulación, mediante normativa, de las unidades de policía judicial, que ya actúan de forma experimental en Madrid, Sevilla y Barcelona.
Modesto García, secretario general de la Unión Sindical de Policía (USP), señaló que "con la creación de la comisión se ha pretendido paliar el efecto negativo de los distintos enfrentamientos entre jueces y policías, así como las injerencias de algunos altos cargos de Interior en asuntos de estricta competencia judicial".
En su opinión, la comisión paritaria "no va a solucionar nada, ya que se trata de una medida de orden coyuntural y lo que son necesarias y urgentes son medidas estructurales, de forma que, de una vez por todas, exista en España una policía judicial al servicio de los jueces y fiscales". Para García, el conocimiento entre ambos "hará desaparecer todo tipo de enfrentamientos", a su juicio originados por ciertas "manipulaciones de orden político".
La creación de esta comisión se ha producido a escasos días de la separación del fiscal Emilio Valerio de las investigaciones en torno al asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, sobre las que se han sentido molestos los servicios de espionaje e información españoles, reclamados por el fiscal destituido para que aportaran datos sobre el caso.
Ayer se desplazaron a Bilbao dos representantes de la Fiscalía General del Estado con intención de poner en marcha una inspección en torno a las diferencias de criterios hechas públicas por los dos fiscales que hasta la fecha se han encargado del caso, el citado Valerio y el actual, Fermín Hernández Villarroya, sustituto del anterior y fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao.
