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La investigación judicial del 'caso Brouard'

El fiscal Valerio solicitó información de los GAL a la policía

Dos oficios de la fiscalía de Bilbao fueron dirigidos, por iniciativa de Emilio Valerio, a la Comisaría General de Información, que dirige Jesús Martínez, y a la dirección general de la Guardia Civil, ambas dependientes del Ministerio del Interior, para solicitar información sobre las armas que fueron usadas en el asesinato de Brouard y las averiguaciones de estos dos cuerpos sobre la estructura y funcionamiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). No se dirigió ningún escrito al CESID como se ha difundido erróneamente estos días en algunos medios de información, sino que en los dos oficios citados se preguntaba, por indicios hasta ahora desconocidos, si el CESID o cuerpos paraestatales o vinculados al Estado podían tener conocimiento del atentado.Estos dos oficios provocaron las protestas del Ministerio del Interior que concluyeron con el relevo del fiscal Emilio Valerio del caso Brouard.

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El titular de dicho departamento José Barrionuevo desmintió ayer, por segunda vez, que Interior haya ejercido ningún tipo de presión para que Valerio sea apartado del caso (ver Cartas al Director, en página 13).

Según fuentes judiciales, los dos oficios mencionados solicitaban información "de manera descortés más que rígida como se ha dicho", lo que desencadenó el relevo del fiscal tras las protestas de los responsables del citado departamento ministerial.

La policía y la Guardia Civil respondieron a los respectivos oficios del fiscal Emilio Valerio explicando que no tenían información sobre los GAL y estaban investigando la llegada de las armas a España.

Valerio solicitó asimismo a los jueces de Bayona y Pau información sobre las investigaciones judiciales francesas en torno a la composición y forma de actuación de los GAL. Estas diligencias permiten observar que el fiscal Valerio había encaminado su investigación hacia el extraño grupo criminal al que se ha vinculado en algunas ocasiones con medios gubernamentales.

Asimismo el fiscal apartado del caso intentaba esclarecer si algunos servicios de información como la policía, la Guardia Civil o el CESID podían tener conocimiento del atentado.

Paralizado el proceso

Tanto el fiscal Valerio como el fiscal jefe de Bilbao, Fermín Hernández, quien dirige ahora personalmente la investigación han recibi do órdenes estrictas de la Fiscalía General del Estado prohibiéndo les todo tipo de declaraciones.

Hasta el momento el proceso judicial se encuentra prácticamente paralizado después de haber to mado declaración a la familia Brouard, a la enfermera del dirigente abertzale y a los alrededor de 10 testigos presenciales del crimen. La familia de Brouard solamente ha sido llamada a declara en una ocasión, entonces se personaron como acusación particular y nombraron un abogado y un procurador. Las investigaciones judíciales se están centrando en el tránsito de las armas, una pistola finlandesa con silenciador y un subfusil italiano hacia España, aunque hasta el momento no ha transcendido nada sobre estas averiguaciones.

El titular de la acusación particular, Txema Montero, manifestó que solicitará que las declaraciones del fiscal Emilio Valerio -según las cuales determinadas instituciones del Estado podían conocer el atentado y éste se podría haber evitado- sean incluidas en el sumario. Montero reclama que Valerio sea llamado a declarar.

Txema Montero pedirá asimismo que se incorpore a la investigación judicial toda la información que sobre el caso ha recogido la Prensa, "cuyas coyunturas, apreciaciones y sospechas pueden ser de gran utilidad en algunos momentos para la aclaración del magnicidio".

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