Hacienda somos los de siempre

SIETE AÑOS después de la reforma fiscal casi nadie cree ya que Hacienda seamos todos. Aquel mensaje de lanzamiento a la sociedad del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) suena hoy a canto de sirena: uno de cada cuatro contribuyentes no declara a Hacienda, y de cada peseta recaudada por IRPF, 85 céntimos proceden de las nóminas salariales. Las bolsas de fraude continúan casi intactas, pero la recaudación aumenta porque aumenta la presión sobre los ya declarantes. Los nuevos responsables han incrementado las plantillas y las actuaciones de la inspección, pero sus meritorios logros son ínfimos en relación con la gigantesca dimensión del fraude (se estima en un billón de pesetas anuales en el IRPF).Las actuaciones se estrellan frecuentemente con la lentitud e incomprensión del aparato judicial. Los procesos judiciales se eternizan y los fallos, en su mayoría, son contrarios a las pretensiones de Hacienda. Los tribunales prácticamente no han condenado a nadie por delito fiscal desde que se reguló en octubre de 1977. Las relativamente frecuentes apropiaciones indebidas que realizan algunas empresas de las retenciones a sus trabajadores por IRPF o de las correspondientes al impuesto de tráfico de empresas rara vez fructifican en una sanción por delito social. Hay demasiadas inconcreciones en la legislación y escasez de pruebas reales -aun en casos flagrantes en que no ha habido ingreso alguno de impuestos al Tesoro- que prueben la voluntariedad de evadir o el ánimo defraudador.

Pero junto a la impotencia también está la arrogancia. El secretario de Estado de Hacienda declara un día "que en este país sólo pagan impuestos los trabajadores asalariados", y meses después defiende en televisión la "alcaldada" de Joaquín Leguina en el caso del recargo del 3% sobre el IRPF a los contribuyentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si es injusto que sólo paguen impuestos los asalariados, ¿por qué hacerles pagar más? Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos se aprestan a requerir esfuerzos fiscales suplementarios a los contribuyentes de siempre (que, como se ha reconocido, no son todos los ciudadanos). La improvisación de normas, decretos y reglamentos ha sido otra de las características de la política fiscal. Los textos han debido modificarse una y otra vez al ritmo de los fallos judiciales que han ido desautorizando al Ministerio de Hacienda y respaldando las reclamaciones de los contribuyentes. Los tribunales han anulado las tareas de liquidación que Hacienda atribuyó por decreto a sus inspectores, no han aceptado su tesis sobre una única deducción general de 10.000 pesetas en el IRPF y han rechazado la pretensión del fisco de hacer tributar el subsidio de desempleo, por sólo citar unos ejemplos. Otras veces la improvisación se ha puesto de manifiesto anunciando reformas que razones de complejidad técnica y de calendario legislativo hacían inviables a corto plazo.

Hacienda ha seguido sufriendo las presiones de determinados colectivos que han propiciado un tratamiento fiscal favorable a sus intereses. La patronal, en el Acuerdo Económico y Social, logró rectificar los proyectos de Hacienda de suprimir para 1985 determinadas subvenciones y desgravaciones a la inversión. Y se cedió en este punto, a pesar de repetir una y otra vez en público, tanto el secretario de Estado como el secretario general de Hacienda, que a través de estos incentivos se está produciendo una costosísima evasión legal de impuestos. Los médicos han logrado evitar que sus facturas incluyan el impuesto de tráfico de empresas, como una premonición de la escapatoria que pretenden del impuesto del valor añadido, al que ya se están resistiendo activamente otras profesiones.

Pero lo más curioso es que, mientras los responsables de Hacienda ordenan controvertidos peinados fiscales en determinadas poblaciones, con la pretensión de sacar a la luz bolsas importantes de economía sumergida, el Gobierno hace la vista gorda ante el tema y señala los beneficios laborales de esa situación.

Es verdad que en este país se pagan pocos impuestos -y que hay muchos que no pagan ninguno-. Pero las necesidades de la economía y las preocupaciones del déficit parecen hacer primar la voluntad recaudatoria sobre la redistributiva. Un viraje de política en ese sentido y una moderación de las comunidades autónomas, que pueden ser presas de la voracidad inane de la que ha sido víctima la de Madrid, igual que un más severo control del gasto público, podrían servir para devolver a los contribuyentes la sensación de que no son todos ellos -precisamente ellos, que contribuyen- unos delincuentes en potencia, y la confianza en que las cargas están socialmente menos repartidas. Sería un buen propósito para el año entrante.