'Camellos' del cuello blanco

LA DETENCIÓN del hasta hace unos días secretario de la Embajada de Colombia en Madrid, la petición de extradición de diversos mafiosos de la droga detenidos por la policía española y el anuncio hecho de que una delegación de fiscales del distrito de Nueva York vendrá a intercambiar información con nuestro fiscal especial antidroga y la Brigada de Estupefacientes demuestra que la mafia del tráfico internacional de la droga ha establecido sólidas cabezas de puente en España.A partir de 1980, el consumo y paso por nuestro territorio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de alta toxicidad crecen de manera alarmante. Por dar alguna cifra indicativa, se estima que el número de heroinómanos en España oscila entre los 70.000 y 80.000, jóvenes en su inmensa mayoría. Sólo el negocio de la heroína movió en 1983 más de 200.000 millones de pesetas. Se ensombrece más el horizonte si se comprueba que aumenta uniformemente el número de consumidores, que la drogadicción se extiende a las edades más tempranas, que falta una información generalizada sobre la gravedad de este fenómeno y que las respuestas sociales resultan realmente pobres: nos movemos entre el desconsuelo y la alarma. Se persigue al drogadicto, considerado como un vicioso, un inmoral o un cancerígeno social al que hay que castigar y aislar de la sociedad. Pero las redes del tráfico crecen incesantemente.

Los centros de rehabilitación no logran cortar la epidemia. La educación preventiva en la escuela no pasa de una mera información, difundida a través de charlas informales en aulas y centros educativos. La eficacia policial interviene una mínima parte del contrabando, realiza redadas de modestos camellos en barriadas, colegios, bares y locales nocturnos. Crecen, por otro lado, las motivaciones del consumo de droga. Pero aunque fuéramos capaces de disminuir el paro y de crear una sociedad más feliz, las causas del tráfico creciente de estupefacientes no desaparecerían.

Una estrategia seria contra esta lacra social, más cruel en sus víctimas que el mismo terrorismo, tiene que emplearse más a fondo contra las personas y entidades causantes del tráfico internacional. Los drogadictos son, con frecuencia, agentes esclavizados por el dinero y la dependencia de esos camellos de cuello blanco que actúan en la sombra. Esta red internacional de la muerte se aprovecha de nuestra situación geográfica, de la fragilidad de nuestras fronteras -asediadas por la avalancha de 42 millones de turistas- y de nuestra crisis socioeconómica.

En el informe del Secretariado de las Naciones Unidas para el Control de Estupefacientes del año 1982 se advierte que son España y Holanda el objetivo estratégico de las grandes organizaciones de la droga, una vez desarticulada la french connection. Eligen a los más jóvenes, a las barriadas populares, donde es más fácil suscitar el síndrome de la dependencia económica. Por su situación dentro de España, se han cebado en Euskadi, Navarra, el Bajo Llobregat y las provincias más próximas a África.

El camino comenzado por nuestros legisladores es bueno. El artículo 344 del Código Penal (modificado el 27 de junio de 1983) se fija especialmente en las sustancias que causan grave daño a la salud y castiga con las penas máximas a los traficantes que abusen de su profesión, a los responsables de empresas y establecimientos y a los miembros de una organización que tuviera como finalidad difundir la mercancía maldita. Se ha nombrado un fiscal especial y se han celebrado reuniones con representantes de otros Gobiernos, como el italiano, EE UU y ahora Colombia. Pero todo esto no es más que un primer paso. Washington invierte cada año 100 millones de dólares en esta lucha. Son necesarios recursos económicos y humanos si se quiere vencer la amenaza.

El fiscal Jiménez Villarejo ha pedido más medios para lograr la colaboración interministerial, judicial y policial. No se ha dado la adecuada contestación a esta justa demanda. Las viejas discordancias entre los ministerios del Interior y de Justicia explican culpablemente la tardanza. El empleo por la policía de la droga intervenida para captar confidentes es, por lo demás, demasiado frecuente.

La insistencia policial en seguir mezclando la represión de droga dura y blanda, la tendencia de sectores sociales a denunciarla de igual modo y sin distingos, la desinformación creciente sobre este tema, también son amenazas a tener en cuenta. Y todo ello beneficia a los traficantes. Si cualquier drogadicción es mala (sea el porro, el tabaco, el alcohol o las anfetaminas), la heroína es peor que todas ellas. Y es en torno a la heroína y la cocaína donde se ha tejido una enorme red de delincuencia internacional manejada por los camellos de cuello blanco. El tratamiento mera o principalmente represivo no resuelve por ello la cuestión. El terrorismo de la mafia de la droga tienta a las mismas fuerzas de seguridad del Estado, corrompe a las nuevas generaciones y degrada cualquier sociedad. He aquí una buena batalla para el Año de la Juventud 1985.