Barreras técnicas o la entrada de la CEE en España

Se han celebrado recientemente en Lleida, organizadas por el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, unas jornadas que llevaban por título La Nostra Industria, davant el Mercat Comú (Nuestra Industria, ante el Mercado Común). En las mismas han participado empresarios y técnicos catalanes de distintos sectores y procedencias, que han tratado el tema bajo un prisma técnico o, más exactamente, tecnológico. Dada la originalidad del enfoque, así como la importancia de los temas tratados, considero interesante destacar algunas conclusiones, concretamente aquellas que hacen referencia al apartado de Normalización y barreras técnicas.

El proceso de integración europea, iniciado con la Declaración Schuman, de mayo de 1950, confirmado por el Tratado de París de 1951 y, sobre todo, por el Tratado de Roma, de 25 de marzo de 1957, se realizaba entre países que, a pesar de algunas diferencias, se configuraban bajo unos parámetros históricos, económicos y sociales bastante parecidos.

Los seis Estados firmantes del Tratado de Roma habían consolidado su revolución industrial inmediatamente después de su inicio en el Reino Unido, configurándose progresivamente como Estados modernos a lo largo de un período histórico de fuerte crecimiento económico, con progresivas aperturas de sus economías a las de las restantes países europeos.

Dichos países iniciaban la segunda mitad del siglo XX con signos de fuerte expansión económica. La ayuda norteamericana a través del Plan Marshall había llegado a todos ellos, y se aprestaban a iniciar un proceso de integración en un clima de crecimiento económico jamás conocido en épocas anteriores.

A pesar de estas condiciones favorables, los países fundadores de la CEE fueron tremendamente prudentes a la hora de fijar los ritmos de reducción de sus derechos arancelarios. Se fijaron tres etapas de cuatro años cada una, durante las cuales se iban reduciendo progresivamente los aranceles. La reducción era menor en las primeras etapas y, además, existían toda suerte de salvaguardas, de manera que la comisión podría proponer recomendaciones a los países miembros si existiera el peligro de que los objetivos previstos pudieran no ser alcanzados.

Bien es verdad que el artículo 15 del tratado preveía la posibilidad, que de hecho ocurrió, de acelerar las etapas si la "situación económica general y la situación del sector interesado lo permiten".

Toda esta prudencia contrasta con la evidente dureza de la postura comunitaria ante los negociadores españoles. Volveremos más adelante sobre este tema.

En todo este proceso histórico de avance hacia el libre comercio se refuerza la atención en las barreras de tipo arancelario y, por tanto, se dedican los mayores esfuerzos a su eliminación.

Una vez eliminados o sustancialmente reducidos se constata la importancia que tienen otras limitaciones a la libertad de circulación de mercancías, como las limitaciones cuantitativas, o lo que el Tratado de Roma denomina medidas de efecto equivalente, que también se conocen como barreras técnicas (BB TT).

España es diferente

Los Estados europeos (sus Administraciones públicas) tienen una larga tradición de colaboración y servicio a sus propias actividades industriales y disponen de mecanismos técnicos o administrativos que permiten sustituir, a menudo con ventaja, a las limitaciones arancelarias a medida que se procede a su eliminación progresiva.

Con la crisis económica, mecanismos como los obstáculos técnicos en forma de reglamentos comerciales o de normas técnicas, los controles y procedimientos de retirada de mercancías en aduanas, documentos y certificados de origen y otros mil y un procedimientos difíciles de controlar por Bruselas entran en acción, desvirtuando el objetivo fundamental de la creación de la CEE, la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías. En un reciente artículo de Jesús María Boccio, publicado en estas mismas páginas, se destacaba este fenómeno.

En contraste con la situación anterior, España fracasa en su revolución industrial del siglo XIX, según conocida expresión del profesor Jordi Nadal. Las fuertes, y a veces violentas, polémicas alrededor del dilema proteccionismo / librecambismo desembocan al final a favor del primero.

A finales de los años veinte, España es denunciada en diversos foros internacionales como el país más proteccionista del mundo.

Sin pretender profundizar en el tema, no cabe duda del fuerte proteccionismo de los años posteriores hasta desembocar en la época autárquica, cuyas consecuencias no han sido del todo superadas.

Todo ello configura una mentalidad empresarial, una manera de ser y pensar colectiva, muy peligrosas ante la próxima incorporación a una zona de libre comercio como la CEE.

Por otra parte, España plantea su entrada en un momento de fuerte crisis económica mundial, con problemas de excesos de capacidad productiva en todos los países comunitarios y, cosa lógica, se encuentra con duras condiciones negociadoras por parte de Bruselas. Por razones políticas, a Europa le interesa la incorporación de España, pero no está dispuesta a pagar por ello un precio excesivo.

La Administración pública española es un instrumento históricamente ineficaz, que se ha creado y desarrollado a espaldas del proceso productivo, en el que, en lugar de dotarlo de servicios eficientes, ha introducido rigideces y establecido mecanismos que han viciado su propio desarrollo. Para mayor desgracia, se encuentra en una necesaria y profunda reforma que, como toda transición, provoca disfunciones y déficit en los servicios, por lo menos a corto plazo.

Por otra parte, el empresario español, salvo honrosas y notables excepciones, tiene un nivel de formación profesional insuficiente. La mayoría de las empresas están todavía poco acostumbradas a competir en condiciones europeas, los problemas más inmediatos les impiden preocuparse por otras cuestiones más importantes.

En estas condiciones, no es de extrañar que no exista conciencia de la importancia que para la industria española podría tener la creación de un conjunto de normas técnicas, promovidas por las empresas de un sector en colaboración con la Administración, que actuarían en beneficio propio, de manera similar a como están actuando en los distintos países europeos.

Tampoco parece excesivamente anormal que se desconozcan los mecanismos de actuación y el funcionamiento de las. instituciones comunitarias, que permitirían utilizarlas convenientemente a favor de las industrias del país.

Graves consecuencias

Resumiendo los párrafos anteriores, se puede afirmar:

1. En el caso de España, a diferencia de lo ocurrido en los actuales miembros de la CEE, el desarme arancelario no irá sustituido (o por lo menos no se verán mitigados sus efectos) por las llamadas BB TT.

2. Las empresas que pretendan exportar se encontrarán con importantes BB TT en todos los países comunitarios, y no dominarán los mecanismos institucionales para hacerles frente.

3. El corto período transitorio propuesto (siete años), así como el rápido ritmo de desarme, dificultarán tanto la actuación de la Administración como de las propias empresas en este campo.

Las conclusiones no pueden ser más pesimistas. La integración puede representar una auténtica entrada del Mercado Común en España, con las consecuencias negativas que todos podemos imaginar. No se trata de ser catastrofistas, pero sí de llamar la atención sobre un aspecto casi olvidado de la integración.

Resulta curioso constatar la resonancia que tienen en los medios de comunicación aspectos como la pesca o el aceite de oliva, que, con ser importantes, afectan a una mínima parte de la población ocupada, y, sin embargo, se olvidan otros temas que, como el de las barreras técnicas, pueden determinar el futuro de muchas empresas industriales y de miles y miles de trabajadores.

¿Qué se puede hacer?

Se trataría de situarnos en el mínimo espacio de tiempo posible en condiciones similares a las existentes en los países comunitarios, para, una vez miembros de pleno derecho, plantear conjuntamente la aplicación práctica efectiva de los artículos 30 y 100 del Tratado de Roma, que establecen la prohibición de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas y la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros.

No se trataría, por tanto, de adoptar posturas ultraproteccionistas en materia de BB TT, pero tampoco de estar en inferioridad de condiciones respecto a los restantes países comunitarios, máxime ante un proceso de integración que podría resultar traumática para algunas actividades o subsectores industriales.

Para ello sería necesario que la Administración pública española programara una política selectiva de generación de normas técnicas que facilitara una suave integración, sobre todo para aquellos sectores más sensibles al cambio.

Asimismo, a partir de un conocimiento profundo de las prácticas actualmente vigentes en los países comunitarios, en materia de establecimiento de BB TT, estar en condiciones de asumir su eventual aplicación en función de la evolución del sector exterior, sobre todo durante las primeras etapas de la integración.

Finalmente, debería establecerse un sistema efectivo de apoyo a las empresas exportadoras para asesorarlas en todo momento sobre las BB TT existentes en los distintos países y los mecanismos comunitarios para combatirlas.

Por su parte, las empresas deberían tomar conciencia de la necesidad de asociarse y promover conjuntamente, a nivel de subsector o actividad industrial, las normas técnicas necesarias en el marco de una política tecnológica coherente, que, partiendo de unas grandes líneas generales, no olvidara la necesidad y contingencias específicas de cada actividad.

La situación actual es muy desigual, según la estructura productiva y grado de apertura al exterior de las distintas industrias y, a su vez, se requieren actuaciones dispares según la mayor o menor incidencia de la incorporación de España en la CEE.

Sin embargo, cabe pensar que, en general, ningún sector industrial podrá sustraerse a la necesidad de tomar en consideración el tema de las barreras técnicas como un elemento importante dentro del contexto de la política industrial general.