Los tribunales británicos prohíben la píldora anticonceptiva a las menores de 16 años sin autorización paterna

Una londinense de clase media, madre de 10 hijos y católica tradicionalista, se ha convertido en el centro de una importante polémica sobre el control de natalidad, que ha dejado perplejos a miembros del Gobierno, a la profesión médica, a intelectuales y a grupos de planificación familiar. Victoria Gillick, de 37 años, ha conseguido que los tribunales prohíban que los doctores prescriban píldoras anticonceptivas a chicas menores de 16 años sin consentimiento paterno.

La pasada semana, en el Tribunal de Apelaciones, segundo tribunal en rango del Reino Unido, Victoria Gillick consiguió una victoria que sumió al Gobierno y a la Asociación Médica Británica (BMA) -la organización médica profesional- en una embarazosa confusión. La sentencia, redactada por tres jueces veteranos, impuso la prohibición que Victoria Gillick había estado buscando desde 1981, y puso así fin a una práctica permitida en el Reino Unido desde hace más de una década.Entre irritadas advertencias sobre los riesgos de un aumento de embarazos no deseados y abortos clandestinos, aparte de los llamamientos angustiados de los médicos que temen ser condenados a la cárcel por imcumplir esta sentencia, el Gobierno ha anunciado que apelará a la Cámara de los Lores para revocar la sentencia.

"Es del máximo interés público que la ley sea refrendada por el último órgano de apelación", dijo el ministro de Sanidad, Kenneth Clarke, y añadió, dando una idea del malestar del Gobierno: "Esperamos que el tema sea estudiado lo antes posible".

La mujer que ha agitado este nido de avispas nunca había participado en política. Victoria Gillick pasa la mayor parte de su vida con sus hijos en su casa de Cambridgeshire, a unos 130 kilómetros al norte de Londres. Ella y su marido, Gordon, artista de profesión, son católicos tradicionalistas y educan a sus hijos sin televisión, juguetes modernos o todo aquello que entienden que supone una moral moderna.

Su hija

Su campaña comenzó cuando ella se dio cuenta de que las instrucciones del Gobierno y de la BMA permitían a los médicos recetar la píldora a una de sus hijas sin su conocimiento. Con sus ahorros personales y con ayuda legal del Estado inició su batalla, que concluyó con el veredicto de la pasada semana.Victoria Gillick mantiene que la libre venta de píldoras anima la promiscuidad entre menores de edad cuando es autorizada sin el conocimiento de los padres y ataca las bases de la familia. "Si mis hijos quieren ayuda deben hablar primero conmigo", añadió Victoria. "No quiero que ellos sean capaces de ir a un médico que después de cinco minutos de conversación pueda autorizarlos a tomar anticonceptivos con desprecio de la historia médica de la familia y de las normas morales".

En su batalla legal, Victoria Gillick ha encontrado poderosos aliados, entre ellos los jefes de las principales iglesias. Ella afirma que la apoyan 200 miembros de la Cámara de los Comunes, incluso Margaret Thatcher. Entre el público en general, la señora Gillick ha tocado una fibra sensible. Un documento que circuló después de una primera sentencia, que fue contraria a su petición, consiguió 250.000 firmas de apoyo.

Sin embargo, la mayoría de los profesionales -incluyendo expertos del Ministerio de Sanidad, organizaciones de médicos y enfermeras y la mayoría de los grupos de planificación familiar- afirman que a veces es necesario dar píldoras a las niñas sin que se enteren sus padres. Esta opinión fue puesta de manifiesto de una forma llamativa por los periodistas de las páginas de diarios y revistas que informan de problemas familiares, que escribieron una carta al diario The Times.

"En un mundo perfecto, los niños con problemas acudirían a sus padres en busca de amor y confianza, pero todos los días recibimos cartas de jóvenes angustiadas que piden consejo porque no tienen ningún adulto al que acudir", afirmaban en su carta al Times. "Las jóvenes que no son felices en sus hogares buscan en el sexo estima y cariño y tendrán mayores dificultades si los médicos son incapaces de aconsejarles en temas anticonceptivos sin autorización familiar", afirman.

La carta también subraya que ha habido un descenso en los embarazos de menores de edad desde que la legislación, ahora prohibida, entró en vigor en 1975.

La decisión de recurrir contra la victoria de Gillick ante los tribunales demuestra que el Gobierno británico comparte el punto de vista de los profesionales, pese al criterio personal, en contra, de Margaret Thattcher.

Pero si pierde la batalla en los tribunales, el Gobierno deberá decidir si se siente lo suficientemente fuerte como para acudir al Parlamento y cambiar la ley. Ello puede implicar que acusen al Gobierno conservador de animar la promiscuidad y atacar la familia, una perspectiva bastante poco confortable para los conservadores.