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La nueva ley de extranjeros otorga al Gobierno plenos poderes para la expulsión de mafiosos

La nueva ley orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que el Consejo de Ministros envió la pasada semana a las Cortes, tiene como objetivo primordial controlar la introducción en nuestro país de numerosos mafiosos que en los últimos años vienen estableciéndose enEspaña como centro de residencia y operaciones de negocios ilegales, fundamentalmente el tréfico de drogas. Esta ley concederá al Gobierno "plenos poderes" para la expulsión de extranjeros por el hecho de que se sospeche que estén implicados "en actividades contrarias a la seguridad exterior o interior" de España.

Dicha ley concede atribuciones de expulsión a las autoridades españolas también el el caso de que hayan sido "condenados por penas que en nuestro país constituyan privación de libertad superior a tres años", según el proyecto del Gobierno. Fuentes del Ministerio del Interior consideran la próxima puesta en vigor de esta ley como un significativo avance en el control de los extranjeros que afectará fundamentalmente a las zonas con mayor índice de residencia y tránsito de éstos, como son Cataluña, la Costa del Sol, Madrid, Sevilla, Baleares y Canarias. El Gobierno constituirá una Comisión de Extranjería, que investigará la presencia de mafiosos en nuestro país y sus inversiones.

Atribuciones parciales

De hecho, algunos de los gobernadores civiles de estas zonas ya tienen plenas atribuciones para expulsar a extranjeros que consideren "peligrosos", y otros esperan la confirmación oficial para obtener estos poderes, que ya les han sido ya anunciados, como al gobernador civil de Málaga, Plácido Conde. Según fuentes del Ministerio del Interior, próximamente serán aprobadas unas dotaciones presupuestarias para los gobiernos civiles de estas regiones para financiar las expulsiones de los extranjeros.

El proyecto de ley, que está pendiente de aprobación por el Congreso y por el Senado, intenta cubrir las obsoletas y contradictorias regulaciones sobre la estancia y permanencia de extrajeros en España, que se remiten a un real decreto de 1895. Esta antigua legislación sobre la entrada y residencia de extranjeros en nuestro país permite actualmente la permanencia de conocidos delincuentes internacionales, como los autores del denominado robo del siglo en el Reino Unido, quienes viven actualmente en lujosas urbanizaciones de Marbella (Málaga), o la entrada y permanencia de mafiosos internacionales, especialmente dedicados al tráfico de cocaína y heroína.

Así se ha dado el caso de que mafiosos italianos y latinoamericanos residan en nuestro país sin el mínimo control de la policía española, excepto cuando sobre ellos recae una orden internacional de busca y captura, como ha sido el caso del jefe de la Mafia siciliana Gaetano Badalamenti, importante traficante internacional de heroína buscado por la justicia norteamericana, o los dos mafiosos colombianos -detenidos recientemente en Madrid como destacados traficantes de cocaína en todo el mundo, también buscados y raclamados por las autoridades de Estados Unidos.

Este nuevo proyecto de ley pretende regular las normativas sobre la estancia y permanencia de extranjeros en nuestro país, que lo han convertido en los últimos años en un lugar seguro de refugio de mafiosos italianos y latinoamericanos fundamentalmente. Asimismo, el escaso control de la policía y de los servicios de aduanas y el paraíso fiscal que hasta el momento constituye nuestro país para los mafiosos han hecho de España el país elegido para que importantes delincuentes internacionales busquen en nuestro país su residencia y lugar de blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas.

Más de 250.000 ilegales

Este proyecto viene a cubrir una "laguna legal" actual que permite la estancia en España de numerosos mafiosos internacionales y que no regula las posibilidades de detención de éstos por parte de la policía española, que no dispone de los medios jurídicos para realizar tales acciones y carece de los mínimos medios materiales para controlar a esta población.

En España se calcula que residen legalmente unos 250.000 extranjeros y una cifra bastante superior a ésta de manera ilegal. Asiminiso, el pasado año entraron en nuestro país cerca de 40 millones de extranjeros, según fuentes policiales.

El control de éstos por parte de la policía es mínimo cuando se dedican exclusivamente a estas investigaciones el grupo de delincuencia internacional de la Brigada Central de Policía Judicial, compuesto por 10 inspectores de policía, y algunos reducidos grupos distribuidos por la costa mediterránea y las islas Canarias y Baleares.

El delegado del Gobierno en Canarias, Eligio Hernández, manifestó a este respecto que el nuevo proyecto es "una especie de agua de mayo". "Es inconcebible", añadió, "que hasta hora no haya existido una concreta ley de Extranjería para un país que vive del turismo".

El delegado del Gobierno en Canarias asegura que ese proyecto concede plenos poderes para la expulsión de extranjeros y, "aunque sea perfeccionable, es hora de que se tomara en serio este problema, puesto que actualmente la regulación sobre extranjeros se basa en decretos desfasados y hasta inconstitucionales".

El gobernador civil de Málaga, Plácido Conde, estima que el nuevo proyecto amplía los motivos de expulsión de los extranjeros y afirma que se crearán unas comisiones, entre cuyas funciones se darán diversas atribuciones para investigar la procedencia del dinero que llega a España, así como las inversiones que los extranjeros realizan en nuestro país.

Actualmente, los gobernadores civiles de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla mantienen frecuentes reuniones para intercambiar opiniones sobre la seguridad ciudadana. En dichas reuniones investigan preferentemente las actividades de los extranjeros en nuestro país, especialmente después de la introducción en España de importantes mafiosos internacionales.

Seguridad exterior e interior

Ahora, según el proyecto de ley, podrán ser expulsados de España los extranjeros que estén implicados en actividades contrarias a la seguridad exterior e interior, aunque no se explicita cuáles serán los términos que permitan esa medida.

Asimismo podrán ser expulsados los extranjeros que se encuentren en situación ilegal, los que no tengan permiso de residencia o trabajo y aquellos que hayan sido condenados fuera de nuestro país por penas que en España constituyan privación de libertad superior a tres años o por carecer de medios lícitos de vida. En algunos casos, la policía española podrá proceder a la detención cautelar de éstos, que no excederá de los 40 días, y si se decreta su expulsión, ésta deberá llevarse a cabo en un plazo que nunca será inferior a las 72 horas.

El extranjero expulsado no podrá volver a España en un período de tres años, si bien tendrá la posibilidad de recurrir por vía administrativa o judicial contra esta medida gubernativa desde el país en que se encuentre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de diciembre de 1984

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