El Estado ha gastado ya más de 40 millones para la defensa jurídica de los encausados

Fuentes gubernamentales españolas han cifrado en más de 40 millones de pesetas el total, hasta el momento, de los gastos desembolsados por el Estado para la asistencia jurídica al capitán y los tripulantes del petrolero Izarra, detenidos en Nigeria desde el 19 de junio acusados de contrabando de crudo. Esa cantidad supone por sí sola el doble del presupuesto con que cuenta al año el Ministerio de Asuntos Exteriores para la defensa jurídica de los españoles en el extranjero.De los gastos ocasionados por el apresamiento del Izarra, el capítulo más fuerte es la minuta del abogado Jimi Oduba, que cobra 3.750 dólares (unas 640.000 pesetas) por cada día de proceso, además de otros 3.000 dólares (más de 510.000, pesetas) por cada día de gestiones, por lo que la factura final ascenderá previsiblemente a más de 17 millones de pesetas.

Las autoridades diplomáticas españolas, que desde hace casi seis meses han venido intentando la puesta en libertad de la tripulación del petrolero Izarra, confían en que su capitán, José Luis Peciña, logre la conmutación de la pena de muerte que le fue impuesta hace cinco días, si bien no esperan que el asunto tenga todavía una solución definitiva -con la vuelta a España de éste- hasta dentro de unas semanas o meses.

Funcionarios españoles que han seguido el caso aseguran que el Izarra, cuando fue capturado, se dedicaba por tercera vez a la exportación clandestina de crudo nigeriano. Antes de poner rumbo al puerto de Calabar el 19 de junio pasado, tras varios días de espera en las cercanías de la costa, el Izarra fue advertido dos o tres veces por el buque Zabat 1, de bandera española, del peligro que corría. Ese barco español acababa de ser liberado por las autoridades nigerianas tras sufrir problemas por causas similares a las que darían lugar al proceso de la tripulación del Izarra.

El 20 de julio, más de un mes después del apresamiento, un número extraordinario de la Official Gazette (boletín oficial) de Nigeria publicaba una ley, con fecha de entrada en vigor el 31 de diciembre anterior, que introducía la pena de muerte como única sanción para los condenados por exportación ilegal. Hasta entonces, la pena prevista era de 21 años de prisión.

España rechazó desde un primer momento la posibilidad de sancionar económicamente a Nigeria si no dejaba libres a los encausados; entre otras razones, porque era prácticamente imposible: casi todo el petróleo de ese país que llega a España es comprado indirectamente y las exportaciones directas son superiores a las importaciones. Tampoco existía la posibilidad de actuar internacionalmente argumentando que la ley nigeriana por la que se procesaba a los tripulantes del Izarra era contraria a Derecho por su carácter retroactivo, ya que Nigeria no es firmante del Pacto de Derechos Humanos. La diplomacia española optó finalmente por enviar un emisario real: el teniente general Manuel Díez-Alegría.