Como en los viejos tiempos

EN VISPERAS de la apertura del 30º Congreso del PSOE, partido que se proclamó en su día adalid de las libertades, fuerzas de la Policía Nacional, cuyo máximo responsable político es el ministro socialista del Interior, lanzaban una brutal carga contra una manifestación autorizada, convocada por la Comisión Permanente contra la Tortura del Grupo de Abogados Jóvenes. Para mayor sarcasmo, la viuda y la hija del policía nacional José Manuel Castán, fallecido a consecuencia de presuntos malos tratos recibidos en dependencias gubernativas, fueron detenidas y llevadas a la comisaría. Algunos testigos de los hechos se ven obligados a remontarse, para ilustrar la desproporcionada e injustificada violencia desplegada anteayer por las fuerzas de orden público, a las represiones callejeras de los últimos años del franquismo y de los comienzos de la transición. Las fracturas de costillas, hematomas, contusiones y magulladuras de los manifestantes prueban la contundencia de las unidades antidisturbios, que cumplieron las instrucciones de la superioridad.Pero los porrazos contra los manifestantes o las amenazas de procesamiento contra los denunciantes no sólo no conseguirán disipar las preocupaciones y las dudas acerca de la persistencia de la tortura en los cuartelillos y en las comisarías, sino que intensificarán esas sospechas y exasperarán su forma de expresión. Algunos sectores gubernamentales descalifican a quienes protestan contra la tortura, acusándoles de mentir a sabiendas o de difundir consignas difamatorias inventadas por las bandas terroristas. Esas maniobras nos hacen retroceder a los tiempos de la conspiración judeo-masónico-comunista, de los tontos útiles y de los compañeros de viaje. Aunque sea cierto que algunos detenidos bajo la legislación antiterrorista puedan ofrecer testimonios falsos de los tratos recibidos en dependencias gubernativas al salir en libertad o ingresar en prisión, sólo la mala fe puede ignorar que las denuncias de tortura se extienden también a los presos comunes, y que los informes de los expertos depuran y contrastan las declaraciones de los afectados y aplican criterios de objetividad para esclarecer los hechos.

Las denuncias presentadas por abogados de intachable trayectoria democrática no son un fenómeno aislado. Los obispos de las comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra han llamado reiteradamente la atención sobre la persistencia de la tortura en dependencias gubernativas dentro de su territorio. Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra y hombre que se ha manifestado valientemente contra los crímenes de ETA, también ha expresado su inquietud y su alarma, en el hemiciclo del Congreso, ante las violaciones de los derechos humanos en la España gobernada por los socialistas. Limitando este apresurado recuento a los supuestos producidos después de la victoria electoral socialista, recordemos que la Audiencia Provincial de Gerona ha condenado a cinco guardias civiles -y la Audiencia Provincial de Bilbao, a otros cinco miembros del mismo cuerpo- por delitos de torturas perpetrados contra detenidos comunes. Al procesamiento en la capital guipuzcoana de cuatro guardias civiles, posteriormente premiados por el Ministerio del Interior con la concesión de unas medallas que les fueron solemnemente impuestas por el presidente del Congreso, hay que añadir las 20 diligencias abiertas por los juzgados de San Sebastián en los tres primeros meses del año y las 36 diligencias incoadas en Vizcaya desde octubre de 1983 hasta junio de 1984. Estos datos -seleccionados entre los numerosos ejemplos que ofrece el informe de 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH)- tal vez sirvan a José Barrionuevo (ministro del Interior) y a Gregorio Peces-Barba (presidente del Congreso y sedicente teórico de los derechos humanos) para retractarse en público por sus reiteradas descalificaciones de quienes sostienen que la tortura se ha seguido produciendo en España después de que el artículo 15 de la Constitución la aboliera y de que la reforma del Código Penal la acuñara como tipo delictivo específico.

Después del informe de Amnistía Internacional, refutado por Barrionuevo con la misma desenvoltura con la que los integristas de antaño negaban las evidencias que les molestaban, el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de España denuncia "el incremento de torturas y malos tratos desde finales de septiembre de 1983". Esta asociación de utilidad pública, en cuya junta directiva figuran el fiscal José Antonio Martín Pallín y el catedrático de Derecho Penal José Antonio Gimbernat, ha solicitado del Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la ley antiterrorista, prudente medida a la que Joaquín Ruiz-Giménez no puede resistirse sin grave daño para su prestigio moral y personal. Ello permitiría al Tribunal Constitucional disipar las razonables dudas existentes acerca de la compatibilidad de esa disposición con nuestra norma fundamental.