El 'caso Astiz' amenaza romper el equilibrio entre el Gobierno y el Ejército en Argentina

La detención del marino Alfredo Astiz por la justicia civil amenaza romper el delicadísimo equilibrio entre el Gobierno democrático y las fuerzas armadas argentinas. Desde hace cinco días continúa la sesión permanente del Almirantazgo como presión sobre la opinión pública y el poder judicial en favor de Astiz. La Armada, además, ha solicitado que el marino sea trasladado desde el apostadero naval de Buenos Aires a la base de Puerto Belgrano para mejor garantizar su seguridad.

Astiz tuvo finalmente que ser reconocido mediante fotografías por testigos oculares que afirman haberle visto disparar contra la joven sueca Dagmar Haguelin y secuestrarla herida en un taxi en diciembre de 1977. El oficial se negó a una rueda de presos identificatoria e incluso a declarar, aduciendo que su caso había sido sobreseído en 1981 por la justicia militar. La identificación lograda por el juez federal Miguel del Castillo es judicialmente muy débil, dada la profusión de fotografías de Astiz publicadas en la Prensa argentina e internacional tras su rendición a las tropas británicas en las islas Georgias del Sur durante la guerra por las Malvinas.El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -cuya renuncia global será admitida antes de fin de año por el ministro de Defensa, Raúl Borrás- ha remitido al juez Del Castillo, aceleradamente y contra su lentitud habitual, la documentación sobre el sobreseimiento militar del caso Haguelin, en el que se ampararía Astiz.

No obstante, el problema es político antes que jurídico. Astiz, por su notoriedad internacional -presunto responsable de la desaparición de Haguelin y de dos monjas francesas-, es el símbolo de los oficiales jóvenes que participaron en la guerra sucia contra la subversión. Si es procesado, se derrumbará el acuerdo tácito entre el Gobierno democrático y las fuerzas armadas de resolver las secuelas del terror de la dictadura castigando a las cúpulas que ordenaron el genocidio y salvaguardando a los escalones inferiores mediante una interpretación generosa del principio de obediencia debida.

Toda la publicidad que ha rodeado a Astiz y la presión de los Gobiernos sueco y francés han abierto una grieta en aquel esquema de juzgamiento selectivo. El ministro de Defensa, Raúl Borrás, ha intentado aislar el caso Astiz, aduciendo que no se le juzga por haber obedecido órdenes militares, sino por la supuesta comision de delitos comunes, como serían la privación ilegítima de la libertad y la comisión de lesiones a una ciudadana. El Almirantazgo, más realista, continúa oponiéndose al procesanúento. Si el caso Astiz se lleva hasta sus últimas consecuencias, media oficialidad argentina acabará sentándose en el banquillo de la justicia civil.