La CEE propone a España un período transitorio para la pesca en aguas comunitarias de 10 años
La Comunidad Económica Europea (CEE) rechaza una vez más el vínculo que establece España entre la apertura de sus mercados a los productos pesqueros de la CEE y la apertura de las aguas de los diez a los pescadores españoles. En el último documento comunitario sobre pesca se ofrece a España un período transitorio para la pesca de nuestra flota en aguas de la Comunidad Económica Europea de 10 años, reducible a ocho o ampliable a 15. España, por otra parte, ha aceptado prorrogar para el año próximo el mismo régimen pesquero que ha mantenido con la CEE en el presente ejercicio de 1984.
La prorroga a 1985 del actual régimen pesquero elimina la regresividad constante a que ha estado sometida nuestra flota en aguas de la CEE en las últimas revisiones anuales. Como en 1984, España dispondrá de 106 licencias tipo para capturar 8.900 toneladas de merluza y aproximadamente el doble de especies asociadas, con un sublímite para el gallo y el rape. Este acuerdo será formalizado en los próximos días.Durante el período transitorio propuesto por la CEE, los pescadores españoles seguirían pescando en aguas de los diez con licencias (cosa que no ocurre en los países miembros). A los ocho años de la adhesión se podría revisar la situación, por mayoría cualificada, e ingresar plenamente España, entonces o dos años después, en la política pesquera común. Para esta revisión se utilizarían criterios como "el equilibrio entre la capacidad de pesca de los Estados miembros y los recursos de que disponga la Comunidad ampliada" y "la adecuación de las adaptaciones estructurales de la flota". Poco velada presión para disminuir la flota española. De no haber acuerdo, sin embargo, las licencias se aplicarían durante cinco años más, aunque este plazo ampliado podría reducirse por mayoría cualificada y se haría en condiciones mejoradas.
España no puede aceptar un período transitorio tan largo y de hecho lleno de incertidumbres. Como contraoferta, España ha ofrecido garantías para limitar a 253 como máximo el número de sus barcos en aguas de los diez.
La CEE está dispuesta a que España acceda a los fondos de reestructuración de las flotas comunitarias, incluso prorrogando su vigencia, y aportando el equivalente a 3.700 millones de pesetas en concepto de ayuda de preadhesión, complementaria a lo que tiene que aportar el Estado.
Las ricas aguas del Box irlandés quedarían cerradas durante todo el período transitorio. Y nada de derechos históricos. El acceso a la banda de 12 millas sería el que existe en la actualidad -con las limitaciones vigentes- en el golfo de Vizcaya y en la bahía de Figueras.
En cuanto al comercio, la CEE acepta algunas restricciones cuantitativas para proteger nueve productos que España considera sensibles, durante siete años, pero nada más. Para las sardinas frescas, sin embargo, el desarme arancelario se haría en siete años, y en 10 para las conservas.
En los acuerdos con países terceros la CEE propugna el mantenimiento de "la estabilidad relativa" para España y los otros Estados miembros. No se obliga a denunciar todos los acuerdos bilaterales españoles, aunque su gestión sería comunitaria y España habría de sufragar sus gastos.
Completar la legislación
Curioso es que la CEE se pasa a tesis españolas en un punto específico -pesca en aguas de otros países no comunitarios a cambio de concesiones comerciales- y se compromete a completar su propia legislación. En cuanto a las empresas mixtas españolas, la CEE reitera su desaparición gradual en siete años.
En lo referente a la aproximación de precios entre España y la CEE, cabe destacar que la merluza no bajará en España -donde es más cara que en la CEE-, ofreciendo los diez definir un nuevo producto piloto para el caso español. El problema de la aproximación de precios entre las sardinas atlánticas españolas -más baratas- y las comunitarias sigue abierto, con el problema adicional de las ayudas a la menos competitiva sardina mediterránea, como exige Grecia para dar su visto bueno.
Por otra parte, la CEE insiste en incluir al archipiélago canario en la política pesquera común. Al aceptar la reconducción del plan de pesca de 1984 en 1985, España ha añadido un nota verbal en la que considera que este acuerdo no prejuzga lo que vaya a ocurrir en las negociaciones de adhesión. Los representantes españoles han reconocido que esta situación supone un cierto avance sobre las precedentes.
