Goleada a domicilio

PROCLAMADOS YA los presidentes de las principales federaciones deportivas, el panorama ha quedado atestado de presidentes reelegidos (allí donde la nueva normativa lo permitía), de vicepresidentes que han subido un peldaño en el escalafón de los honores y de delfines convertidos en sucesores. La singular reglamentación del voto por correo, los sufragios teledirigidos o manipulados, el abstencionismo y las impugnaciones desestimadas han dado color a esta auténtica carnavalada. Los desafueros registrados en la Federación Española de Fútbol han sido tan escandalosos que ningún portavoz se ha atrevido a defender la pureza del proceso electoral. Roca ha llegado a la presidencia de la mano de una Junta Electoral Central plagada de funcionarios a sueldo de Pablo Porta. La composición de ese órgano, sin embargo, recibió el visto bueno del Consejo Superior de Deportes (CSD), que ha aprobado los procesos electorales y no ha atendido las impugnaciones.Si el decreto de 28 de marzo de 1984 pretendía sanear las estructuras federativas del deporte español y democratizar la elección de sus directivos, los resultados de su aplicación no han podido ser más adversos. Las buenas intenciones ministeriales para animar a todos los federados a participar en la composición de sus órganos de gobierno se han saldado con el espectacular fracaso de que sólo haya votado, aproximadamente, el 1% del censo. Los métodos utilizados para fomentar el abstencionismo, única fórmula que permitía a los padrinos sacar victoriosos de las urnas a sus ahijados, han sido tan diversos como ingeniosos, formando parte del inventario incluso la ocultación de las fechas y de los procedimientos de las elecciones. Partiendo de esas premisas, el desenlace no podía ser otro que la sustitución de los Porta por los Roca. Los sectores democráticos que débilmente funcionaban en algunas federaciones deportivas advirtieron a tiempo de la indefensión jurídica de los candidatos no oficialistas, que fueron cayendo, uno tras otro, en las distintas fases del proceso. Aun así, el secretario de Estado para el Deporte -cuya más notable actuación ejecutiva fue su empeño por ocupar la presidencia del Comité Olímpico Español (COE) y su inerme ingenuidad para dejárselo arrebatar en una emboscada- mostró recientemente su satisfacción por la alta participación registrada en el pleno del fútbol español que eligió a Roca.

Hasta la entrada en vigor del decreto 643/1984, el deporte había sido prácticamente la única actividad, dentro del campo de competencias de la Administración, que no había sido sometida a la furia normativa del Gobierno socialista. El preámbulo de esa disposición exponía unas líneas directrices de marcado y antipático signo intervencionista. Tras reconocer -faltaría más- el derecho constitucional de asociación a las entidades que operan con medios propios y al margen de la Administración, el decreto señala que las asociaciones encargadas de la organización de competiciones deportivas oficiales o utilizadas por las Administraciones públicas para promover el deporte "actúan, a no dudarlo, como agentes de la Administración, al servicio del interés general". De esta forma, y aunque sólo se lo crean los redactores del célebre decreto, José Luis Roca, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, no sería más que un "agente de la Administración" en su campo específico de actuación. Pocas veces se ha dado la paradoja de que el intervencionismo gubernamental una a sus propios defectos congénitos el mal añadido de unos resultados tan contraproducentes para sus intenciones y tan nefastos para ese interés general que el Ministerio de Cultura decía querer proteger.

En teoría, el decreto de estructuras federativas creaba las condiciones para democratizar las bases y la cúspide del deporte español. Según los cálculos del CSD, el número de los componentes en las asambleas generales de las federaciones pasaría de 4.250 a 9.911. La representación de los deportistas ascendería desde el 2% hasta el 37,6% ya que se pasaría de los 85 delegados -en las antiguas asambleas a la cifra de 3.733 en las renovadas. En la práctica, sin embargo, la diferencia entre el antes y el ahora ha sido mucho más reducida. Sirva como ejemplo lo sucedido con el sindicato de futbolistas (AFE), de cuya representatividad nadie dudaba y a quien le correspondían 135 puestos de los 450 del pleno. Pero la AFE sólo ocupa 38 plazas, porque el proceso ha entorpecido el lógico acceso de los otros 97 candidatos-futbolistas.

El decreto de estructuras federativas, presentado a bombo y platillo por el ministro de Cultura como una purga de Benito para sanear el deporte español, sólo ha servido, en última instancia, para aumentar las frustraciones de los deportistas y de los aficionados y para legitimar con sellos democráticos al viejo aparato caciquil de las federaciones. Si la disposición ministerial aspiraba a destronar a Pablo Porta, el alguacil ha quedado alguacilado y el ex presidente se ha permitido el lujo de reírse a mandíbula batiente de quienes financian el funcionamiento del tinglado federativo. Porque el candidato triunfador, elegido formalmente de acuerdo con las normas dictadas por el Gobierno, ha sido designado en realidad por Porta, quien ha goleado al Ministerio de Cultura a domicilio, con el árbitro en contra y con el público silbando en las gradas.