Italia, clave para conseguir un acuerdo en el 'problema' del vino

¿Aceptará Bettino Craxi el sacrificio importante que supone renunciar al crecimiento de la producción vinícola italiana? En resumidas cuentas, de la respuesta a esta pregunta depende la cumbre de Dublín. Francia exige la reforma del sistema vitivinícola en toda la CEE. Pero desde que quedó sentado el principio en la cumbre de Fontainebleau, la pelota ha pasado de mano en mano: primero a los ministros de Agricultura, luego a los de Exteriores, para acabar finalmente en los jefes de Estado y de Gobierno, que no pueden ir más allá de fijar grandes principios, que sus inferiores habrán luego de detallar. "Les dijimos a los italianos que era mejor negociar con nosotros los expertos", dijo un británico el pasado jueves, "que con Thatcher, que a estas alturas seguramente no sabe nada de la producción de vino en la CEE".Sin embargo, hay esperanzas. En unos meses Italia ha pasado de rechazar pura y simplemente una reforma del régimen vitivinícola a discutir sus modalidades. El último compromiso presentado por la presidencia irlandesa recoge medidas de limitación de derechos de replantanción de viñedos, que la RFA no aprecia.

Recoge también la idea de la destilación obligatoria (pagada a un 50% o 40% del precio de orientación). Francia desea que esta destilación se desencadene cuando se cumpla una de las tres condiciones o parámetros siguientes: existencias superiores a cuatro meses de uso (el único criterio que acepta Italia); caída de precios en el mercado por debajo de un 82% del precio de orientación, o cosecha superior en un 6% al consumo actual, que representa unos 100 millones (la cifra podría subirse hasta 104 millones) de hectolitros para los diez. (Para los doce, siempre en vino de mesa, esta cifra sería de 125 millones de hectolitros, lo que, según expertos españoles, no es desfavorable para España.)

Luego se plantea la distribución de esto que equivale a techos de producción (o de las cantidades destiladas): Francia quiere un reparto por países e Italia lo quiere por regiones, con un reparto posterior en base a los productores según el rendimiento por hectárea. Se apunta a la posibilidad de salir de este atolladero hablando de zonas vitícolas. El sur de Francia -productor de excedentes- e Italia verían sus regiones sometidas a lo que se ha venido en llamar una "contingentación transnacional de la sanción".

Y hay la prohibición, en la que Italia insiste, del uso del azúcar para enriquecer el caldo, cuestión que afecta directamente a la RFA y a Luxemburgo, y a la cual, naturalmente, se oponen, por lo que el debate no está sólo entre París y Roma. Finalmente, puede triunfar una combinación de criterios, con una ayuda adicional a la reforma de las estructuras vinícolas que apaciguara a los italianos.