Campsa duplicará su capital de 10.000 millones de pesetas antes de recibir todos los activos del monopolio

La primera fase de la mayor operación de privatización de bienes públicos jamás contada (a excepción de Rumasa) será cerrada, con toda probabilidad, el próximo día 28 de diciembre (viernes, festividad de los Santos Inocentes) o el día de fin de año. La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa) celebrará junta general de accionistas el próximo día 26 de diciembre para aprobrar una fuerte ampliación de capital (de una por una liberada, es decir, duplicará su actual capital de unos 10.000 millones de pesetas).Inmediatamente después de cerrar la ampliación, el Estado procederá a venderle por poco más de 100.000 millones de pesetas los bienes del Monopolio y comenzarán las negociaciones finales para vender el 42% del patrimonio neto de Campsa a los refinadores privados (Cepsa, Petronor, Petromed y ERT), quejosos por la "excesiva presencia pública en la nueva Campsa".

Las prisas por cerrar la operación de venta de todos los activos del Monopolio de Petróleos -buques, oleoductos, camiones, trenes, tanques, edificios, etcétera, propiedad del Patrimonio del Estado- a la compañía arrendataria Campsa -propiedad en el 97% del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)-, para su posterior venta parcial a los refineros privados, se debe, a juicio de los que siguen con lupa el déficit público, al cierre del ejercicio presupuestario.

El objetivo final de la operación, según el Proyecto de Ley de Reordenación del Sector Petrolero, que aprobará el Senado a mediados de diciembre, es la defensa común los intereses petroleros nacionales públicos y privados frente a la competencia exterior, autorizada tras el ingreso de España en la CEE.

Los más de 100.000 millones de pesetas que Campsa tiene que ingresar en el Tesoro por la compra de los activos públicos del Monopolio -tras una inextricable operación financiera digna de Claudio Boada, presidente del INH y ex presidente del INI- aliviarán, siquiera como ilusión contable por esa cantidad, el déficit público del año 1984.

Para equilibrar la relación de los recursos propios de la nueva Campsa con su flamante y voluminoso activo de 100.000 millones, inmovilizados en buques, oleoductos, tanques, etcétera, el Consejo de Administracción aprobó anteayer la convocatoria de la citada junta general extaordinaria en la que será propuesta la ampliación de capital que pasará de 10.000 a 20.000 millones de pesetas. El pago de los 100.000 millones de pesetas al Estado a cambio de sus activos citados se repartirá en dinero fresco y en especies. La entrega en efectivo será algo superior a 35.000 millones de pesetas (reservas que Campsa tiene colocadas, en su mayor parte, en la banca).

Las especies consisten en participaciones accionariales de Campsa (valoradas unos 30.000 millones de pesetas) distribuidas en Butano (50% del capital), Petronor (33%), Asesa (50%), Proas (25%) y Aplesa (100%). Campsa entregará también al Estado su dominio minero, valorado entre 10.000 y 15.000 millones de pesetas. Los varios miles de millones que resten para completar la cifra de compra tendrá que ser obtenido en el mercado bancario.

Los refineros privados firmaron con el Ministerio de Industria un protocolo para realizar esta reordenación del sector petrolero con vistas al ingreso de España en la CEE, donde están prohibidos los monopolios. Ahora, comienzan a inquietarse por "la tardanza del Gobierno en iniciar el proceso de negociaciones para privatizar el prometido 42% de la nueva Campsa". El Estado se quedará con el 58% de la propiedad de Campsa (42% a nombre de las refinerías públicas y 16% a nombre del INH) y venderá el 42% restante a las refinerías privadas. Fuentes oficiosas de Cepsa han criticado la "excesiva participación del Estado", y, aunque mantienen que la mayoría debe ser pública, manifiestan que "no hay ninguna razón empresarial ni lógica que justifique la presencia directa del INH con el 16%, pues ello puede constituir un elemento distorsionador del sisterna". Por su participación en la nueva Campsa, las refinerías privadas tendrán que pagar al Estado el 42% de un neto patrimonial valorado en unos 80.000 millones de pesetas. Cepsa pagará unos 10.000 millones de pesetas, Petronor, una cantidad semejante, Petromed, unos 5.000 millones, y ERT -que espera su próxima fusión con Cepsa o Petromed-, en tomo a los 4.000 millones.

El reparto de la propiedad de la nueva Campsa, una vieja sociedad administradora apenas carente de bienes propios y robustecida ahora con la compra de los bienes históricos del Patrimonio del Estado en el Monopolio de Petróleos, ha originado una singular batalla entre la banca y el Estado, los dos grandes poderes con intereses en el sector. Los bancos de Bilbao, Central y Vizcaya no han ocultado su preocupación por el "desequilibrio final del 58%, en lugar del deseado 51%, a favor del Estado".