Hacienda puede investigar las cuentas bancarias de los contribuyentes

Viene de la primera páginaA finales de mes de julio de 1983, el Tribunal Supremo estimó el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional al considerar que la Constitución no protege la reserva de las cuentas corrientes. La sentencia señalaba que "por muy amplio que sea el criterio que se tenga respecto de lo que puede constituir esta intimidad, el sustraer siempre y en todo caso a las actuaciones de la Administración la actividad económica de las personas físicas y jurídicas equivaldría a dar a este derecho a la intimidad un carácter absoluto e ilimitado frente a lo que quiere el legislador".

La sentencia del Supremo señalaba que Ia ley orgánica sobre protección civil de los derechos a la intimidad personal y familiar dice en su exposición de motivos que los derechos que esta ley protege 'no son ilimitados', agregando que 'los imperativos del interés público pueden hacer que por ley se autoricen expresamente determinadas entradas en el ámbito de la intimidad". El Supremo señalaba además que "al tipificar con enumeración taxativa y no meramente enunciativa los actos concretos que constituyen intromisiones ilegítimas en el ámbito de la protección de, la intimidad (el legislador) sólo contempla dos supuestos ( ... ) que se refieren no a la investigación de situaciones como la controvertida, sino a la revelación de los datos referentes a una persona, de los que hubiere tenido conocimiento a través de las actividad profesional del que los revela, por lo que está poniendo de manifiesto la propia ley que no significa intromisión la investigación derivada de una actividad oficial".

Existencia de límites

Para el Tribunal Supremo "si el legislador hubiera querido incluir entro de la esfera de la intimidad personal o familiar la intimidad económica reflejada en las operaciones activas y pasivas de unas cuentas corrientes bancarias, hubiera incluido un precepto determinante de hasta dónde podía llegar esta esfera de intimidad. La sentencia apelada, al reconocer la imposibilidad de la investigación administrativa de las cuentas corrientes en términos absolutos, está dando al derecho a la intimidad un carácter ilimitado, ya que difícilmente existirá otro cauce adecuado para que la administración tributaria pueda comprobar e forma eficaz si las declaraciones de los administrados coinciden con la realidad".

El Supremo, al considerar que la investigación de las cuentas no vulneraba la Constitución, señalaba también que "ello no entraña la procedencia de la investigación justificativa de todas y cada una e las partidas contables reflejadas en dichas cuentas corrientes, pues si alguna de esas partidas estuviese afecta al derecho de intimidad personal y familiar reconocido en la Constitución a favor del contribuyente investigado, podrá éste invocar ese derecho e impedir, en su caso, la investigación referente a la partida o partidas de que se trate".