España levantará las restricciones sobre Gibraltar antes del 15 de febrero, y el Reino Unido acepta discutir la soberanía

Las restricciones al tráfico para la entrada y salida de Gibraltar quedarán, levantadas completamente antes del 15 de febrero. Desde esa misma fecha se aplicarán en las relaciones entre España y la Roca las disposiciones del tratado de adhesión española a la CEE, mientras se establece un proceso negociador con el Reino Unido para resolver todas las diferencias sobre Gibraltar. Por su parte, el Reino Unido acepta explícitamente que en este proceso, se discuta sobre la soberanía de la Roca. Este es, en esencia, el contenido de la declaración que hicieron pública ayer en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores español, Fernando Morán, y británico, sir Geoffrey Howe. El presidente del Gobierno, Felipe González, valoró ayer en Madrid el acuerdo como un "movimiento interesante", que hay que acoger "con discreción y sin alharacas".

El presidente entiende que este nuevo paso en relación con Gibraltar forma parte del avance global de la política exterior española. Preguntado ayer por los periodistas en Madrid qué relación puede tener el acuerdo con -la actitud de su Gobierno favorable a la permanencia en la OTAN, González contestó que en política exterior todo es interdependiente".El comunicado difundido ayer en Bruselas se refiere a la aplicación de la declaración hispanobritánica firmada en Lisboa el 10 de abril de 1980, "en todos sus aspectos", pero va más allá en cuanto a los detalles, pues el "establecimiento de la igualdad y reciprocidad de derechos de los españoles en Gibraltar y de los gibraltareños en Espana" se concreta "en la concesión mutua de los derechos de que gozan los ciudadanos de los países comunitarios con los plazos y condiciones acordados entre España y la CEE". A este fin, se añade, "se presentarán las propuestas legislativas necesarias entre España y Gibraltar". Es decir, que la aplicación del acuerdo deberá esperar a que se realicen las reformas legislativas oportunas tanto en el Peñón como en España. "El acuerdo entrará en vigor en el momento en que se tomen las iniciativas legislativas", precisó Morán.

Asimismo, supone, de manera simultánea, "el establecimiento del libre tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Gibraltar y el territorio circunvecino", con las limitaciones propias del estatuto especial que tiene el Peñón en la CEE, al no pertenecer a la unión aduanera. Habrá, pues, indicó Morán, "un puesto de frontera".

Todo esto significa de hecho, según explicaron Morán y Howe, que entre España y Gibraltar se van a aplicar anticipadamente las disposiciones del tratado de adhesión a la Comunidad, no sólo para cuestiones laborales, sino también para derecho de establecimiento, movimientos e inversiones financieras y compra de propiedades. Se abre así la puerta para una auténtica ósmosis entre Gibraltar y España que lleve a.una solución funcional del problema. Ósmosis que Gibraltar teme, y que ha intentado parar, sin éxito, al pedir unas disposiciones especiales en la CEE ante el ingreso de España.

El acuerdo va incluso más allá de la pura aplicación de las medidas hispano-comunitarias. Así, los trabajadores por cuenta ajena gozarán desde el 15 de febrero de la preferencia comunitaria, qs decir, que los españoles tendrán prioridad sobre los ciudadanos de países no miembros de la CEE para obtener un puesto de trabaJo en el Peñón. Es una ventaja que aún no ha logrado España, en el capítulo de asuntos sociales, en las negociaciones con la CEE. Naturalmente, en este como en otros problemas, superado el plazo del período transitorio que se fije entre España y la CEE, se aplicará entonces el conjunto de normas de la Comunidad (el llamado-acervo comunitario).

Esto, por ejemplo en asuntos sociales, supone la libre circulación de trabajadores pasados siete años después de la adhesión a la Comunidad Económica Europea.

El proceso negociador que se establezca -por medio de grupos de trabajo y encuentros periódicos de los ministros de Asuntos Exteriores- estará dirigido a solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar, "así como a promover, en beneficio mutuo, la cooperacion en materia económica, cultural, artística, aérea, militar y medioambiental". Howe recalcó el sentido de. este acuerdo en la medida en que "beneficia las relaciones entre aliados de la OTAN y futuros socios en la Comunidad". Fuentes diplomáticas británicas señalaron que "indudablemente, la pertenencia de España a la OTAN ha favorecido este acuerdo".

En la declaración de Lisboa -que se vio sujeta a interpretaciones diferentes- no se explicitaba la cuestión de la soberanía. En la declaración de Bruselas, sí; y cabe recordar que hace poco más de dos años, sintiéndose aún los efectos de la guerra de las Malvinas, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, afirmó que aceptaría negociar con España sobre todos los temas de Gibraltar, pero no sobre su soberanía. "Ambas partes", dice textualmente el comunicado conjunto, "acuerdan que en el marco de este proceso sean tratadas las cuestiones de soberanía". El Reino Unido accede ahora a que se mencione explícitamente, por vez primera, esa palabra de soberanía en relación con el diálogo sobre Gibraltar.

"Ningún ministro de Asuntos Exteriores español puede dejar ambigüedad alguna de que el fin del problema de Gibraltar pasa por su retorno a la soberanía española", dijo Morán, si bien insistió en la necesidad de llegar a este objetivo "exclusivamente por medios pacíficos". El ministro habló de "cuestiones de soberanía en plural, pues hay, por una parte, los territorios cedidos por el Tratado de Utrecht, y, por otra, el istmo, cuya ocupación nunca ha sido reconocida por España".

Nacionalidad británica

Morán habló, sin embargo, de "integrar el territorio, pero no su población", a la que se podría conceder un "estatus especial", de forma que conservase su nacionalidad británica y su modo de vida. "Sería una política chata por parte del Gobierno español el no tener en cuenta el estado de ánimo de la población de Gibraltar", señaló Morán.

El comunicado señala explícitamente que "el Gobierno británico mantendrá plenamente su compromiso de respetar los deseos de los gibraltareños, tal y como se establece en el preámbulo de la Constitución

[gibraltareña] de 1969". Preguntado sobre la posible celebración en Gibraltar de otro referéndum, como en 1967, Morán no quiso introducir "elementos de polémica", aunque añadió: "No creo que lo acepten las Naciones Unidas", si bien "tenernos el máximo respeto por' las actitudes y deseos de la población".

Sobre el espacio aéreo, el Gobierno español se ha comprometido "a adoptar prontas acciones encaminadas a permitir comunicaciones aéreas seguras y eficaces". Morán dijo que la cuestión aérea es "de soberanía española", pero hay que "dar seguridad al tráfico aéreo en la zona".

No obstante, aún no ha quedado resuelto el problema de las tarifas. Los vuelos entre el Reino Unido y el Peñón se rigen por tarifa interna nacional, con lo que son más baratos y podrían constituir de hecho un dumping (abaratamiento apoyado) frente a otros aeropuertos de la zona.

Como explicó Morán, este acuerdo va más allá de una simple vuelta a la situación reinante antes de que en los años sesenta el general Franco cerrase la verja -y otras comunicaciones- del Peñón. Preguntado si la eventual falta de acuerdo en el futuro sobre la cuestión de la soberanía llevaría a volver a implantar las restricciones, Morán consideró que esto no sería posible "ni política ni psicológicamente, especialmente si estamos dentro de la CEE". El ministro español cree que será "criticado por este acuerdo por la oposición (en España), pero la gente verá que es un buen compromiso". Preguntado si éste serla un precedente para Ceuta y Melilla, Morán rechazó* la idea. "No sirve de precedente ni para Ceuta y Melilla ni para la islas Malvinas", dijo.