El Pleno del Congreso aprueba la reforma de las clases pasivas de la Administración

El Pleno del Congreso aprobó ayer la reforma del sistema de clases pasivas de la Administración, incluida por el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1985, pese a la coincidencia de todos los grupos parlamentarios en que la nueva ordenación de los derechos pasivos de los funcionarios es una materia propia de una ley específica. Los diputados socialistas, disciplinadamente, aprobaron el proyecto.

El grupo del PSOE aceptó las razones de urgencia y equidad aducidas por el Gobierno y evitó, así, la devolución al mismo -exigida por el resto de la Cámarade este capítulo presupuestario.

Alejandro Cercás, portavoz del PSOE, reconoció que no era dificil estar de acuerdo con la necesidad de una ley específica para la reforma de clases pasivas. Ésta sería la solución correcta, dijo, si no existieran razones de fondo, coyunturales, que exigen su inclusión en el proyecto de presupuestos. El nuevo sistema de clases pasivas, indicó, debe entrar en vigor el 1 de enero, ya que en esta fecha se jubilan miles de funcionarios de acuerdo con la Ley de Medidas Urgentes de la Reforma de la Función Pública, "y no se les puede privar de las mejoras que supone el nuevo sistema".

Contestando a las intervenciones del Grupo Popular, Grupo Mixto y Minoría Catalana, negó que el propósito de esta reforma sea ahorrar gasto público y que se lesionen derechos adquiridos.

Reconoció, no obstante, que alrededor de un 20% de los funcionarios verán empeoradas sus expectativas de jubilación. "Pero expectativas no son derechos adquiridos; y el 80% de los funcionarios, que tienen más de 30 años de servicio, mejorarán".

Los socialistas, aceptando media docena de enmiendas técnicas del Grupo Popular y de Minoría Catalana, aprobaron la nueva regulación y prometieron aceptar en el Senado algunas reformas.