Las salidas fuera del juzgado son a cargo del Estado, según el Consejo del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto al Ministerio de Justicia que dicte una disposición para acabar con la corruptela de que los funcionarios de los juzgados cobren a los particulares por las diligencias realizadas fuera de los mismos. En contraste con el criterio de la mayoría de los jueces civiles de Madrid, el CGPJ entiende que tales gastos de desplazamiento deben ser indemnizados por el Estado, por lo que los funcionarios judiciales "no percibirán cantidad alguna, bajo ningún concepto, por razón de salidas, de las partes y demás personas intervinientes en el proceso".

La decisión del CGPJ, calificada de histórica en medios progresistas de la judicatura, da cumplimiento a parte del plan propuesto por Jueces para la Democracia el pasado fin de semana (ver EL PAIS del 19 de noviembre). El CGPJ ha acordado crear una comisión para profundizar en las causas "originadoras de disfunción o corrupción", así como proponer al Gobierno que adopte una disposición que acabe con las dudas existentes.El CGPJ ha adelantado los criterios de la futura norma. El máximo órgano de gobierno de la justicia estima que los desplazamientos de los funcionarios judiciales para la práctica de diligencias fuera del término municipal donde radique la sede del Juzgado o Tribunal deberán ser indemnizables en concepto de comisiones de servicio. Igualmente, el Estado deberá indemnizar por los gastos de desplazamiento dentro del término municipal.

Según el CGPJ, las indemnizaciones que procedan por estos conceptos "se reclamarán del Ministerio de Justicia con peridicidad mensual para todos los funcionarios que las hayan devengado. La liquidación la formulará el secretario con el visto bueno del juez o presidente del tribunal, y a la misma se acompañará la documentación justificativa, cuando proceda. El personal judicial con derecho a estas indemnizaciones "podrá percibir por adelantado el importe aproximado de los gastos originados por la diligencia" y el Ministerio de Justicia remitirá a las secretarías de los órganos judiciales "fondos a justificar".

Los particulares no pagarán

Los criterios del CGPJ para la nueva disposición ponen el acento en que "los funcionarios al servicio del poder judicial no percibirán cantidad alguna, bajo ningún concepto, por razón de salidas, de las partes y demás personas intervinientes en los procesos y causas". "Por ello se hace especial hincapié", añade, "en que deberán adoptarse las previsiones presupuestarias precisas para que dotaciones insuficientes o retrasos en el pago no produzcan demoras o, incluso, un verdadero colapso en la administración de justicia".Aunque la solución propuesta es para el futuro, al expresar su compromiso a investigar a fondo las denuncias que se realicen, el CGPJ considera implícitamente que los actuales cobros a los particulares por salidas y otros conceptos no son legales. Este no es, en cambio, el criterio de los jueces civiles de Madrid que, en una reunión celebrada ayer, ratificaron, por 16 votos contra tres, el acuerdo adoptado el pasado miércoles, por el que se estableció que los jueces firmen los recibos, pero se aceptó que los ciudadanos los paguen. Los jueces penales no han tenido oportunidad de pronunciarse. Por ello, en los próximos días habrán de ser convocados, a fin de que exista acuerdo formal de la Junta de Jueces.

Según el proyecto de acuerdo de los jueces civiles, aparte de los gastos de locomoción, la salida a más dé dos kilómetros del juzgado permitirá percibir de los particulares una dieta de 900 pesetas para los agentes y auxiliares, de1.200 para los oficiales y de 1.500 pesetas para los jueces. La minoría de jueces contraria a este acuerdo insistió en que tales percepciones son ¡legales y que los funcionarios judiciales sólo deben ser retribuidos por el Estado.

En el fondo del problema de los cobros ilegales a los particulares algunos jueces ven el riesgo de que el malestar de los funcionarios les lleve a realizar huelgas de celo, que colapsen la actividad de los juzgados. Jueces para la Democracia ha estimado preferible, en su escrito al CGPJ, el celoso cumplimiento de las garantías procesales a una discutible mayor celeridad en el trámite de los procesos.