El proyecto de reforma de las pensiones para los funcionarios será modificado

La proyectada reforma en las pensiones para los 700.000 funcionarios será modificada cuando se debata la ley de Presupuestos para 1985 en el Senado. Antes tendrá que resolverse el actual desacuerdo -y la consiguiente indecisión- entre el Gobierno y el Grupo Socialista, influido éste por UGT. Aunque estiman que el nuevo sistema beneficiará a un 85% de las clases pasivas, los perjudicados verán mermadas sus rentas en porcentajes que llegan al 60%. Tras la discusión laten las expectativas de reforma de la Seguridad Social, ante la cual, el Ejecutivo teme y los socialistas desean que haya guante blanco para los funcionarios.

La oposición conservadora ha pedido en la comisión de Presupuestos del Congreso la devolución de la reforma al Ejecutivo. A su juicio, no puede haber beneficio para la mayoría cuando los gastos para clases pasivas sólo aumentan el próximo año un 4%: hasta 261.142 millones de pesetas. Los socialistas, sin presentar enmiendas ni una respuesta, concreta, se mostraron en privado descontentos con la oportunidad y algunos aspectos de la nueva regulación, aunque aún no la han alterado. El sistema de clases pasivas está al margen de la Seguridad Social: el Estado y los funcionarios en activo atienden con sus cotizaciones los gastos que generan el medio millón de pensionistas. Los tipos de cotización son similares a los del resto de los trabajadores y empresas, aunque se aplican sobre bases muy inferiores: el haber regulador (la base de cotización) ronda el 80% de las retribuciones básicas (sueldo y los trienios), lo que globalmente apenas supone un 60% de los salarios percibidos.Por ello, las pensiones de partida (en función del haber regulador) son inferiores a las nuevas del sector privado, donde las bases de cotización que las determinan se han aproximado mucho al salario real. Sin embargo, algunas de las causadas hace años resultan muy superiores (incluso llegan al doble de las privadas en aproximación de condiciones), lo que arroja globalmente una pensión media mayor a las 28.000 pesetas mensuales de la Seguridad Social. Y ocurre que un funcionario con nueve años de servicio puede jubilarse con la misma pensión que otro con 20 ó 40 años.

Con la reforma, incluída en una treintena de artículos de la ley de Presupuestos para que entre en vigor el próximo primero de enero, los haberes reguladores que determinarán las pensiones se desconectan de las retribuciones básicas, para aproximarlos algo más que ahora a los salarios reales; oscilarán entre 710.000 pesetas anuales para un debel y 3,3 millones para un juez. A la vez, se hace muy curva la hoy casi plana relación entre períodos de actividad y pensiones: habrá una escala que va desde el 1,35% del haber regulador por un año de servicio al 100% por 40 años o más.

Según cálculos del Gobierno, asumidos por el Grupo Socialista, el nuevo sistema beneficiará con respecto al actual a quienes lleven en la Administración más de 30 años (mucho a los de 38 años o más de servicio al jubilarse, que son el 73,78% del total; algo menos a los de 35-37 años, que son el 6,75%.; y un poco a los de 30-34 años, que suponen otro 5,33%. Para el resto, sin embargo, los perjuicios serán enormes los que tengan 8 ó 9 años de servicios perderán hasta el 60%.

En las negociaciones Gobierno-Grupo Socialista, que continuarán con el fin de modificar el proyecto en el Senado, ha pesado, según fuentes de ambas partes, la opinión de UGT, que preferiría integrar o hacer esta reforma al mismo tiempo que la de las pensiones de la Seguridad Social, anunciada para los primeros meses de 1985. Pero un primer problema procede de las 12 .000 personas que se jubilarán el primero de enero -por la ley de medidas urgentes de la función pública, que baja de 70 a 65 años la edad obligatoria. Los argumentos ugetistas, que han calado en el Grupo Parlamentario, pero no han convencido al Gobierno, señalan que sería más presentable una reforma conjunta, pues si en la general habrá recortes para la mayoría los funcionarios reducirían el número de perjudicados. La solución negociada paliará las rebajas para la minoría afectada.