Hidrola e Hidruña suspenden hoy su cotización en Bolsa y proceden a una oferta pública de adquisición de acciones

Hidroeléctrica Española e Hidroeléctrica de Cataluña solicitaron ayer a las Bolsas españolas la suspensión de sus cotizaciones, con efectividad al día de hoy, con el fin de proceder a la operación de compra, que se realizará mediante una oferta pública de adquisición (OPA) de acción es, al 75% del valor nominal del título de Hidruña. La operación, que se ha recibido con reservas en Industria, tendrá un costo inicial para Española de unos 14.000 millones, aunque a largo plazo será superior (hasta 220.000 millones), teniendo en cuenta el proceso de adquisición de activos/mercado que lleva pactado.

La decisión de proceder a la compra de Hidruña por Española mediante una OPA al 75% del valor nominal (10 puntos más que la cotización de ayer de Hidruña) fue adoptada a última hora del pasado miércoles, una vez realizados cálculos detallados por parte de expertos de las dos compañías que dejaban traslucir la imposibilidad de un simple canje de acciones, tal como se había pensado incialmente. En consecuencia, se acordó el pago del nominal del capital, en aproximadamente un 10% por encima de la cotización en bolsa, lo que representará un desembolso de unos 14.000-15.000 millones de pesetas para Española.La nueva sociedad conservará su nombre y procederá, en nombre de Hidrola, a adquirir una serie de activos/mercado en la región catalana que, a menos que el Gobierno encuentre fórmulas jurídicas para obstaculizarlo, lo que es improbable, configurarán un nuevo mapa eléctrico en Cataluña sensiblemente diferente del recomendado por el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, en sus pasadas negociaciones con el sector.

Bajo el acuerdo Hidrola-Hidruña, sancionado por las cinco empresas privadas más importantes del sector con el beneplácito, al parecer, de sus entidades bancarias accionistas, la futura filial catalana de Española procederá a adquirir unos dos millones de Kilowatios / hora de la red de distribución de Fecsa en la provincia de Tarragona, previsiblemente bajo la fórmula de intercambio de la red comercial en la zona de Gerona. Con ello se pretende una racionalización del mercado catalán, que por el sur (Cataluña-Levante) quedaría en manos de Española-Hidruña, por el norte con Fecsa y por el oeste (Cataluña-Aragón) bajo una combinación a negociar entre Reunidas de Zaragoza, Fecsa y Endesa.

Reunión en Industria

Ayer, el ministro de Industria, Carlos Solchaga, y sus más directos colaboradores energéticos mantuvieron una reunión ininterrumpida para estudiar la estrategia a seguir frente a los acuerdos adoptados por las empresas privadas del sector eléctrico. Aunque poco se filtró de las decisiones adoptadas en estas reuniones, el ambiente que se dejaba traslucir era de irritación, en el sentido de que han quedado trastocadas muchas piezas del plan original previamente sugerido por el ministerio. Para Industria, los acuerdos adoptados no coinciden del todo con sus ideas sobre el equilibrio energético-financiero del conjunto del sector.En teoría, la solución catalana incialmente prevista por el ministerio pasaba por un entendimiento de fusión entre Enher Hidruña, que hubiera supuesto la conjunción en manos del hispotético grupo a formar un 45% del mercado catalán. A esta fusión se le habría añadido luego un 10% del mercado de Fecsa, que hubiera creado en la zona catalana un grupo eléctrico bajo mayoría pública del orden del 55% del mercado. Las negociaciones iniciadas en esta línea, sin embargo, tropezaron con la actitud del sector público que, según algunas fuentes, pretendía imponer restricciones en la política de dividendos y en la marcha y orientación de la nueva sociedad.

La iniciativa de las empresas de buscar entendimientos por otra vía pudo estar patrocinada, según fuentes solventes, por las participaciones accionariales de las sociedades y, de acuerdo a la versión ofrecida, lo que dominó en el acuerdo final alcanzado -que se comenzó a negociar hace 15 días- fueron las ideas de entendimiento y cooperación del sector y del mantenimiento de una presencia privada activa en el mismo.

Por otro lado, las escasas filtraciones surgidas del sector público indicaban ayer la incomodidad de la empresa pública Endesa en todo el proceso. La empresa del INI habría recibido instrucciones muy precisas para mantener, por encima de iodo, una política de compra de activos y acuerdos que no tuviese repercusiones traumáticas sobre sus beneficios anuales. No hay que olvidar, en este sentido, que el cash flow de Endesa -unos 56.000 millones de pesetas en 1983- ha permitido al INI en los últimos ejercicios reducir en varias decenas de miles los resultados negativos del grupo.

Anoche, el Ministerio de Industria mantenía un cauto silencio ante el sector sobre las decisiones acordadas, pese a las anteriores indicaciones de que las soluciones propuestas, aunque adoptadas dentro del conjunto de las empresas, deberían contar con un apoyo explícito de la Administración. Con todo, en medios del sector se apuntaba que los acuerdos decididos representan un importante avance en el proceso de racionalización buscado y que, en estos momentos, debería ser la parte pública la que tomara las próximas iniciativas.