Los partidos uruguayos firman una concertación democrática

ENVIADO ESPECIALLos candidatos para la presidencia y la vicepresidencia de las cuatro principales agrupaciones políticas de Uruguay firmaron conjuntamente una Concertación Nacional Programática (CONAPRO) sobre temas generales que afectarán al futuro Gobierno democrático.

Los firmantes -partidos Colorado y Blanco, Frente Amplio y Unión Cívica, (escisión por la derecha del Partido Demócrata Cristiano, integrante del Frente)- alcanzaron acuerdos en materia de restablecimiento de todas las libertades, retorno de exiliados, vigencia de los derechos humanos, levantamiento de proscripciones, política de vivienda y salud, autonomía de la universidad e independencia del poder judicial.

No alcanzaron consenso, y así lo exponen en el documento, sobre la organización legal de la educación general, la futura legislación sobre relaciones laborales, la ley de seguridad del Estado y la amnistía para presos políticos. Sobre este último punto, blancos y frentistas son partidarios de una amnistía inmediata e irrestricta, mientras que colorados y miembros de la Unión Cívica optan por una amnistía limitada completada posteriormente con indultos individuales y libertades anticipadas.

En cualquier caso es voluntad de los partidos firmantes la institucionalización de la CONAPRO, gane quien gane los comicios del 25 de noviembre, para dar solidez legislativa al primer Gobierno democrático.

Pese a los correosos ataques mutuos, el diario El día, portavoz del Partido Colorado, publicó ayer un editorial que denuncia el carácter meramente político de la detención del líder blanco Wilson Ferreira. La noche anterior al menos 60.000 personas recorrieron la Avenida 18 de julio hasta el obelisco montevideano clamando por la libertad de Ferreira y de todos los presos políticos.

En tanto, a cinco días del fin de la campaña electoral, arrecian los ataques contra el Partido Comunista, integrante del Frente Amplio, en un intento de alarmar al electorado ante una supuesta e inminente sovietización del país. Rodney Arismendi, secretario general del PCU, que acaba de regresar de su exilio en la Unión Soviética, adonde fue deportado por la dictadura en 1975, está siendo acusado de salvar la vida por haber entregado a los militares los archivos de su partido.

El PC uruguayo niega categóricamente estas acusaciones. Lo cierto es que la embajada soviética en Montevideo exigió en su día el buen trato y la liberación de Arismendi, con el sólido argumento de que es la URSS el principal comprador de la lana uruguaya.

Los máximos mandos del Ejército de Tierra de Uruguay han consultado a los coroneles en actividad su opinión acerca de las responsabilidades castrenses durante la dictadura y la estrategia corporativa a seguir en el futuro.

Los coroneles declinaron pronunciarse como colectivo y, a título individual, coincidieron en que la responsabilidad en cualquiera de los hechos ocurridos correspondería a quien dio entonces las órdenes y no a ellos, que por ocupar grados inferiores no fueron consultados.